En un contexto de violencia contra las mujeres que se vive en el Estado de Chihuahua desde hace más de dos décadas, las declaraciones del Arzobispo de la entidad, Constancio Miranda Weckmann, al calificar en días pasados el matrimonio entre personas del mismo sexo como una “aberración“, no ayudan a generar un clima de paz y de respeto hacia la calidad humana de las personas.
Por el contrario, pueden incentivar hechos delictivos de grupos conservadores en contra de sectores sociales por el simple hecho de mostrar sus diferencias y preferencias, tal y como ha sucedido en otras ocasiones en clubes deportivos o en lugares de esparcimiento públicos en el estado.
Dentro de la jerarquía católica, el cargo de arzobispo implica cierta responsabilidad social para coadyuvar al respeto de la dignidad humana y a la convivencia pacífica en una sociedad que se ha visto gravemente lesionada por el clima de violencia que se vive día con día.
Por ello hacemos un respetuoso llamado al Arzobispo de Chihuahua para que modere sus declaraciones y contribuya al cumplimiento y garantía de los derechos humanos de la ciudadanía chihuahuense.
Los criterios que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para discutir y eventualmente aprobar la legalización de matrimonios de personas del mismo sexo se exhiben en el marco de la normatividad legal, con apego a los principios y valores tutelados en nuestra Constitución Política.
Así como se garantiza la libertad de expresión de integrantes de la jerarquía católica, exigimos respeto al derecho fundamental de las personas para manifestar libremente sus preferencias sin ser motivo de discriminación, señalamiento o exclusión social.
El tejido social de nuestra entidad no necesita de falsos argumentos para crear un clima de violencia mayor al que ya se vive en Chihuahua. No a la violencia, sí al respeto de los derechos humanos y garantías individuales.
