La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 55/2012 al gobierno de Nuevo León y al Ayuntamiento de San Pedro Garza García, por un caso de víctima de desaparición forzada.
En un comunicado, el organismo indicó que un ciudadano, que a la fecha se encuentra desaparecido, “fue detenido arbitrariamente y privado de su libertad ilegalmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal, primero y posteriormente por miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado”.
De acuerdo con la CNDH, los policías municipales arrestaron a la víctima sin razón aparente, cuando se encontraba a bordo de un vehículo estacionado frente a una tienda de autoservicio. El hombre fue trasladado en patrulla a la Secretaría de Seguridad Pública municipal.
La Comisión detalló que los uniformados refirieron en su informe que en ese lugar el agente ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) les informó que un comandante adscrito a la Coordinación General Operativa de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría estatal, había indicado que se haría cargo de la víctima y de su vehículo.
Por ello fue trasladado a las oficinas de la Policía Ministerial, “donde lo entregaron de manera informal e ilegal; ahí se solicitó su traslado a las instalaciones en la ciudad de Monterrey, debido a las sospechas que tenían de que el ciudadano podría tener nexos con el crimen organizado”.
Añadió que en la AEI de Monterrey se verificó que no tenía antecedentes delictivos, ni existía alguna orden de aprehensión por cumplir; “sin embargo, para salir de dudas lo trasladaron a la base temporal de operaciones de la Secretaría de Marina”, donde permaneció sólo 20 minutos porque tampoco se encontraron antecedentes en su contra.
Según la CNDH, la autoridad ministerial dijo que le ofrecieron a la víctima llevarla a su domicilio, pero se negó y decidió abordar un taxi.
“Ese fue el último momento en el que manifiesta haber tenido noticia de él, sin que hasta la fecha se conozca su paradero”.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recabó evidencias que acreditan que tanto el agente ministerial en cuestión, como su superior, tenían información sobre el estado de la víctima, días posteriores a su desaparición.
“Los familiares y su abogado manifiestan que al pedir a dichas autoridades información respecto a la víctima, tres días después de su desaparición, los mismos indicaron que debían permanecer calmados pues el muchacho estaba bien, pero su situación estaba pendiente de resolverse”.
Ante ello, el organismo defensor confirmó conductas violatorias a los derechos humanos del agraviado.
“La Comisión Nacional confirmó que las conductas de los policías configuraron violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica, por hechos consistentes en la detención arbitraria y desaparición forzada del agraviado; asimismo se afectó el derecho a la integridad personal de por lo menos seis de sus familiares”.
Por lo cual, en su Recomendación 55/2012, solicitó al gobierno de Nuevo León se realice una búsqueda efectiva, con el objeto de lograr la localización inmediata y la presentación de la víctima.
También que se tomen medidas necesarias para otorgar la indemnización correspondiente a fin de reparar los daños ocasionados a su esposa, por la desaparición forzada de la víctima, y además se les otorgue, a ella y a los familiares del desaparecido, la atención médica y psicológica necesaria para atender su estado emocional; y una beca completa a la hija de ambos, hasta que termine sus estudios superiores.
