El Senado de la República procedió a la contratación de varias empresas, de las cuales recibe asesorías para avanzar en el proceso de entrega-recepción de su nueva sede, y a las cuales les ha pagado más de 18 millones de pesos durante los últimos meses.

Con ello, la Cámara Alta también contrajo nuevas responsabilidades con asesores externos, quienes ya pidieron un pago extraordinario “derivado de la carga de trabajo” que han tenido en últimos meses.

La situación entre la empresa GAMI, filial de Grupo Indy, y el Senado, ha llegado a un nivel de conflicto, ya que a casi tres años de que el inmueble fue inaugurado, todavía no ha sido entregado al 100%

De acuerdo con datos del Comité de Administración, a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso, dos de los últimos contratos de asesoría ascienden a más de 10 millones de pesos, que tendrán que ser cubiertos en el próximo semestre.

A esto hay que sumar los ocho millones avalados en noviembre de 2013, los cuales EL UNIVERSAL dio a conocer, para pagar sueldos del grupo técnico que construyó la nueva sede legislativa.

Así, el costo de la nueva sede, el cual ascendía el año pasado a más de dos mil 623 millones pesos, sigue incrementándose, ahora por la extensión de contratos e incluso por el pago “extraordinario” a los expertos que participan en el proceso de entrega-recepción del nuevo edificio, interpretado como un “aguinaldo”.