El tema es recurrente en virtud del esfuerzo que se ha pretendido hacer con motivo del endeudamiento de Michoacán, tratando de dar excusas técnicas contables para respaldarlo. Hace poco el ejecutivo estatal nombro una comisión que allegándose de información e investigando los detalles de la situación financiera nos permite afirmar, por lo menos dos aspectos;
Que la interpretación de los documentos en los que se evidencia la situación financiera no es algo sencillo porque requiere la intervención de especialistas; y mas importante;
Que estos documentos en los que se evidencian los detalles de la situación financiera, no es algo que se encuentre en poder de la ciudadanía.
Existe un “análisis” hecho por un grupo de empresarios Michoacanos que pretenden justificar el endeudamiento terrible por el que atraviesa nuestro estado, basado en que:
“El crecimiento nominal acumulado de los ingresos anuales del periodo 2000-2013 fue de casi 300 por ciento, considerando la iniciativa de Ley de Ingresos del año 2013, en estudio actualmente en el Congreso del Estado. Sin embargo, el crecimiento en el ingreso anual, que ha coincidido con el Presupuesto de Egresos programado para cada ejercicio, ha sido insuficiente, ya que el presupuesto ejercido ha sido siempre superior al programado. Esta situación ha significado que el gobierno estatal haya debido solicitar la contratación de deuda para cubrir el gasto ejercido por encima del programado.” (Seria interesante que se detallara seriamente en que se empleo el recurso y como se gasto)
Por lo expuesto, y refiriéndome únicamente a los periodos del 2000 y 2001, que fueron los que me correspondieron, manifiesto que si bien es cierto que nunca fueron suficientes los recursos que la federación entregaba a nuestra entidad, sobre todo en el ámbito educativo, siempre tuvimos la oportunidad de calcular los recursos que el estado requería en forma extraordinaria, sabiendo que buena parte se podrían recuperar, puesto que nos sometimos siempre al marco normativo de la descentralización. Esto se puede corroborar en la Cuenta Pública del año 2001, (Pág. 18) Cuenta Pública de la Hacienda Estatal. Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, análisis del ejercicio del gasto en relación con el presupuesto autorizado por unidadprogramática presupuestaria por el ejercicio del lo de enero al 31 de diciembre del año 2001
En nuestro ejercicio el presupuesto del 2001 en el sector educativo ascendió a $ 7,203,721,916 pesos, se detalla el monto de las ampliaciones que fueron $ 959,189,220 millones de pesos, y las reducciones,
$ 175,110,884 millones de pesos; quedando el presupuesto final por
$ 7,987,800,252 millones de pesos; el presupuesto ejercido fue de: $8,050,066,959 millones de pesos, lo que arroja una diferencia de $62,266,707. No de 2000 millones como señalan los analistas del (Cemide)
Estas diferencias como lo hemos dicho hasta el cansancio se pudieron cubrir por el estado a través de la gestión, o de remanentes y diferencias a favor del estado.
Por lo que se refiere a las cifras contenidas en las Cuentas Públicas del 2002 en adelante, existen muchas irregularidades de tipo contable, entre otras:
A principios del año 2002 nuestra administración entregó al Congreso la cuenta pública correspondiente al último año de nuestro ejercicio, documento que contiene los estados financieros del gobierno del estado correspondientes al año que concluye.
En la cuenta pública se detalla la evolución del estado de situación financiera y de algunas cuentas de ingresos y egresos más importantes desde entonces. Como se puede observar son una gran cantidad de cifras. Tratándose de las obligaciones de pago a cargo del gobierno, es importante hacer énfasis en la importancia que reviste analizar la totalidad de los pasivos del gobierno del estado y no solo la deuda contraída con los bancos. Lo anterior tiene particular relevancia debido a que durante las administraciones anteriores, se hizo uso de algunas “técnicas contables” que alteraron algunas cuentas del estado de situación financiera haciendo creer a la opinión pública que la deuda del gobierno era menor a la real.
La primera de las maniobras contables se presenta en la primera cuenta pública en el año de 2002. En ella se manifiesta que nuestra administración distorsionó los resultados del año 2001 reduciendo el déficit contable de 538 millones a 291 millones. Derivado de la descentralización del sector educativo, durante nuestra administración el gobierno estatal tuvo que hacer frente a los compromisos de pago que el gobierno federal dejó de cubrir. Sin embargo, derivado de un acuerdo suscrito con la federación, el gobierno del estado tenía la facultad de recuperar dichos recursos debido a que el acuerdo de descentralización prometió no afectar las finanzas de los estados. A pesar de la existencia de dicho convenio, el entonces tesorero, Humberto Suárez decidió quitar del estado de situación financiera el activo que reflejaba la cuenta por cobrar ante la federación y directamente lo mandó a gasto incrementando el déficit del ejercicio del año 2001.
Curiosamente, el mismo año en el que realiza dicha maniobra el ex tesorero registró una cuenta de orden en el estado de situación financiera por el orden de 1,800 millones de pesos titulándola “Gestión de Recuperación de Gasto Educativo”. Si se estaba realizando una gestión ante la federación era porque se tenían elementos para hacerla. Este manejo de cuentas de orden sería mas adelante uno de los instrumentos preferidos de la Tesorería para alterar los estados financieros del gobierno del estado.
El primer incremento súbito de los pasivos se da en el año de 2003 cuando el gobierno del antropólogo Cárdenas Batel contrata 1,500 millones de pesos. Para formalizar dicha contratación, en el mismo año se promulga la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán de Ocampo que en su artículo segundo establece que los recursos obtenidos por deuda debían destinarse a inversiones públicas productivas. A pesar del objetivo específico para el cual la ley autorizaba la contratación de deuda, en ninguna cuenta pública posterior se detalló el destino de los recursos. Adicionalmente, en el estado de situación financiera presentado en la cuenta pública de ese mismo ejercicio surge la extraña cuenta de activos “Cargos por aplicar” que carece de todo sustento contable ya que engloba el monto de deuda contratada.
Recordemos que un activo es algo a favor de la entidad y una obligación de pago claramente no puede ser considerada un activo. En todo caso, el movimiento correcto hubiese sido incrementar las cuentas bancarias por el dinero proveniente del crédito y abonar a una cuenta de pasivo para dejar registro que dicho dinero provenía de una deuda.
La intención de dicha maniobra alteró el estado de situación financiera de la entidad. Debido a que la lógica que desarrolló el entonces tesorero fue ir disminuyendo la cuenta de “Cargos por aplicar” conforme se fuera pagando la deuda, este activo pudo servir como una barrera para evitar ver como el saldo en bancos cambiaba.
Seguramente para evitar malos entendidos el ex tesorero tuvo a bien contratar un auditor externo para lograr según sus términos: “…Otorgar un valor agregado a la información reflejada en la cuenta pública de la hacienda estatal…”. Desgraciadamente, la contratación de la prestigiada firma Price Waterhouse Coopers se llevó a cabo a partir del ejercicio 2005 y por algún extraño motivo los resultados de dichas auditorías jamás se hicieron públicos.
Precisamente en el 2005 el ex gobernador Cárdenas Batel vuelve a solicitar un crédito por otros 1,500 millones sin haber precisado el destino del primer empréstito.
Es complicado explicar con sencillez los términos contables, sin embargo los Contadores Michoacanos saben perfectamente de lo que estamos hablando.
Lo importante es dejar claro que nuestros ejercicios presupuestales, si bien en algunos casos, fueron mayores a lo programado, jamás nos excedimos poniendo en riesgo los recursos destinados a las áreas del Gobierno, ni mucho menos solicitar deuda por esa razón.
Cuando se gastaba más de lo que ingresaba, lo hacíamos sabiendo que el Gobierno Federal a través de remanentes o ingresos extraordinarios nos lo compensaba, así mantuvimos equilibrio en las finanzas públicas como se acredita con los dictámenes de las certificadoras.
Existen muchas otras irregularidades detectadas por las auditorías y que deberían ser del conocimiento público, desgraciadamente no se han dado a conocer, en siguientes comunicados las podremos detallar.
Yo invito a la ciudadanía a que exija la transparencia, que se imponga de los respaldos documentales en los que constan los hechos de las administraciones, no finco responsabilidades, ni realizo juicios de valor, creo que no es mi función, yo ejerzo mi derecho replicando las imprecisiones que considero incorrectas, pero lo que si hago, es invitar a todos los michoacanos a participar en esta valoración de sus funcionarios, a ejercer el derecho a estar informados, a experimentar con las vías existentes, a que sean curiosos, que sean activos y partícipes de la vida democrática, porque solo así podemos ayudar a construir una sociedad en la que los funcionarios realmente sean mandatarios al servicio de sus electores y como tales, deban rendirles cuentas.
Morelia, Michoacán a, 31 de diciembre del 2012-12-31
Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí
