La marca España tiene dos defensores a ultranza: el presidente del gobierno Mariano Rajoy y el rey Juan Carlos, además jefe del Estado español.
Ambos personajes atienden con especial interés cualquier asunto relacionado con apuntalar y reforzar los negocios que las empresas ibéricas ostentan más allá de sus fronteras naturales.
El propio rey Juan Carlos intervino a favor de promocionar la construcción de la línea de alta velocidad en Arabia Saudita, para unir La Meca con Medina, en pro de grupos españoles.
Si bien en 2011 fue adjudicado el proyecto del AVE a favor de un consorcio formado por Copasa, Imathia, Cobra, OHL, Dimetronic, Inabensa, Indra, Renfe y Talgo, se encuentra pendiente un nuevo viaje del monarca para reunirse con su homólogo saudí, Abdalá bin Abdelaziz al-Saud.
La intención es supervisar que todo esté en orden y sean cumplidos tiempos y presupuestos para la obra, fundamentalmente en aras de que las empresas españolas involucradas cuenten con el espaldarazo del gobierno y Estado español.
Y es que el horno no está para bollos. La marca España ha recibido sendos reveses de sus inversiones en América Latina, la otrora luna de miel de hace una década atrás ha dado algunas relaciones de desconfianza. El paso del amor a los trastos por los suelos.
Desde Venezuela, Argentina, Bolivia, no menos preocupante el tono de Guatemala y en cuanto a negocios lo más reciente tiene que ver con Panamá.
La empresa Sacyr, una de las mayores constructoras de España, se dejó un 7% en el parqué madrileño debido a la venta de acciones desatada por los problemas de este conglomerado con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la construcción de unas esclusas.
Sacyr es un grupo internacional y diversificado en las actividades de construcción, concesiones de infraestructuras, servicios de agua y energía; durante los años de la crisis del ladrillo y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria la empresa experimentó duras etapas económicas que ha compensado buscando negocios en el exterior.
No obstante, el revire en Panamá abriría otro periodo de disputas legales y jurídicas y dinero no cobrado para perjuicio de su balance financiero.
A COLACIÓN
Si de disputas hablamos otro antecedente es el caso de Repsol-YPF y Cristina Fernández de Kirchner. La expropiación argentina dejó a Repsol fuera del yacimiento de Vaca Muerta y con meses tras meses de denuncias.
Tuvo que mediar el gobierno mexicano y hasta el propio Carlos Slim Helú para propiciar la pipa de la paz entre el gobierno argentino y el consejo de administración de Repsol.
El principio de acuerdo incluyó -además de retirar ambas parte los litigios judiciales-, que Argentina pagará 5 mil millones de dólares a Repsol en deuda argentina. Recordemos que Repsol exigía 10 mil 500 millones de dólares en cash.
De alguna forma se logró destrabar el conflicto gracias, insisto, a la intervención de México y Slim Helú. Es obvio que existe un interés relacionado con el negocio energético y su mercado máxime en momentos históricos para el país que definitivamente abrió su sector energético a la iniciativa privada nacional y extranjera.
Cuando se intuye la batería con la que Pemex será reforzada para hacerla una empresa competitiva no sólo en México sino en el mundo y tener capacidad de tener presencia en cualquier enclave donde exista petróleo, gas y también energías renovables.
Quizá por eso es que los españoles de Repsol han empezado a dudar de las buenas intenciones, el propio presidente Rajoy está muy atento de las maniobras en el seno del consejo de administración de la multinacional porque se teme que Pemex incremente su participación accionaria y que también Slim Helú irrumpa fuertemente.
Lo que sucedería es que México dominaría a Repsol, significaría quitarle a la marca España uno de sus blasones más emblemáticos.
Antonio Brufau, presidente de Repsol, que no ha hecho más que recibir presiones de dimisión de parte de Pemex (es dueño del 9.34%) está organizando una defensa maestra que dejaría sin posibilidades cualquier intento de control y fractura.
El pasado 29 de enero, en el consejo de administración, se acordó modificar los estatutos a fin de reforzar las mayorías en el supuesto de que uno de los accionistas propusiese votar a favor de dividir el grupo. Para evitarlo, sería plasmado en los estatutos el requisito de un 75% de los votos frente al 50 por ciento.
El tablero está en la mesa, los jugadores, Pemex y Repsol, mueven ficha, el primero ataca hábilmente; el segundo intuye y se defiende. La petrolera mexicana quiere tanto la tecnología como los activos que posee Repsol. ¿Y Slim Helú? La respuesta ya la sabe usted.
