La discrecionalidad y reglas poco claras o al margen del conocimiento público privan en la renta o préstamo de inmuebles que están a resguardo de los tres niveles y poderes de gobierno por la trascendencia histórica y artística de los mismos que, ubicados en el Centro Histórico de Morelia, son Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Desde el ingreso de la actual administración del gobierno estatal bajo el argumento de la incalculable deuda heredada y la crisis financiera, se dejó en claro que los inmuebles patrimoniales estarían abiertos al mejor postor, pero no se aclaró cómo, cuánto y para qué, y las buenas intenciones de normar ese tema se quedaron en eso, en declaraciones y buenos propósitos.
Para ilustrar el tamaño de la discrecionalidad que priva, basta recordar el caso del secretario de Cultura, quien fue además magistrado y rector de la Universidad más añeja de la entidad, Marco Antonio Aguilar Cortés, quien a fin de justificar la renta de la Casa de la Cultura de Morelia para una boda de la familia de apellido Ramírez (dueños de la cadena de cines Cinépolis), trivializó los cuestionamientos e invitó a que cualquier ciudadano sin distingos de clase social le pidiera el inmueble para festejar ahí su boda.
El único requisito que pedía para que cualquier hijo de vecino solicitara prestado el inmueble, dijo entonces, era que tuvieran “principios éticos y morales de comportamiento”, e incluso no sin sarcasmo se ofrecía a sí mismo como testigo (Cambio de Michoacán, 22 de mayo de 2012).
A tres meses de que el actual gobierno estatal asumiera el mando, se rentó en 158 mil pesos la Casa de la Cultura de Morelia, pero la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) no recibió ni un quinto porque esa instancia determinó dejar en manos de los propios particulares el gasto de ese monto en obras de restauración para ese inmueble, lo que implicó que la instancia pública no tuvo que sujetarse a los procedimientos regulares para la ejecución de obras, como son las licitaciones.
Los criterios que privan para la renta de esos inmuebles y en el caso de los que están bajo custodia de la Secum, no lo aclaró de forma puntual en ese tiempo y equiparó los arreglos que hizo con la familia Ramírez, a cualquier otro que priva en el arrendamiento de todo tipo de inmueble sin rango patrimonial, sin embargo, no se firmó ni convenio ni contrato y eso sólo ocurre en cualquier renta ordinaria cuando el arrendatario quiere operar sin los cobros de Hacienda.
No obstante y ante la insistencia por conocer cuáles son los criterios que deben privar, hace casi dos años respondió:
“Como se trata de un nuevo renglón debemos empezar a elaborar, sobre la marcha y a la vista de todos, una reglamentación para que tampoco se nos desborde, que exista el orden que llega con reglas que se cumplen”, pero hasta la fecha, Aguilar Cortés adeuda aún esas reglas y tampoco contestó en aquel tiempo quién define cuál es el costo de renta del patrimonio cultural edificado.
Sobre ese caso, en su momento la Delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Michoacán, que encabezara Lizbeth Aguilera Garibay, declaró que acorde con la norma federal vigente, la boda que se realizó en la Casa de la Cultura de Morelia, por su carácter de monumento histórico, “no aporta a la dignificación del lugar”, pero dijo que no era de su competencia el asunto ya que el inmueble está bajo custodia de la Secum.
De todos los inmuebles que custodia la SECUM en Morelia, sólo existen importes claros en la renta del Teatro Ocampo, como consta en el portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del gobierno estatal, donde se informa que las solicitudes deben remitirse al correo electrónico del secretario particular del titular de esa dependencia, Bismark Izquierdo Ramírez, y el costo del recinto varía según el tiempo de uso que va de tres a doce horas: de lunes a viernes cuesta siete mil pesos, el fin de semana y días festivos, nueve mil pesos, y todo el día, doce mil pesos.
Sin reglas en vísperas de la promoción de locaciones
Pero aun cuando no existen reglas claras para el manejo de los bienes patrimoniales, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) tenía previsto que Morelia sería sede de la II Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas, cuyo propósito es promover locaciones para todo tipo de productos audiovisuales de carácter cultural o comercial.
La primera emisión de dicha reunión tuvo sede el mes de septiembre de 2013 en Boca del Río, Veracruz, donde hubo “visitas a rutas de scouting, expo show de productos y servicios y galas fílmicas”, entre otros conceptos con el fin de promover ese estado como un “destino fílmico nacional e internacional”.
No obstante y según informes extraoficiales, aunque en la clausura de la primera edición de ese evento se anunció que Morelia sería la primera sede de 2014, en el mes de febrero, debido a los acontecimientos por los que atraviesa la entidad se analizan destinos más seguros.
Cabe recordar que en el caso local, en agosto de 2013 se conoció de la existencia de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofimich), presidida por Luis Fernando Gutiérrez Lara (Cambio de Michoacán, 9 de agosto de 2013), y cuyo proyecto adoptó la Sectur.
La Comisión se encarga de promover locaciones, gestionar y facilitar el acceso a éstas al fungir como intermediario entre el solicitante y la autoridad a la que corresponde emitir los permisos del caso, y en esa labor ha concretado, entre otras cosas, un comercial de SEARS, videoclips de Marco Antonio Solís y de los grupos Marconi y Jesse & Joy, un reality show de Bélgica, así como grabaciones de series de televisión y películas en diferentes municipios y comunidades del territorio michoacano.
