Las autoridades hacendarias frustradas porque no logran romper el cerco de la evasión fiscal (principalmente por las distorsiones provocadas por la amplia economía informal, subterránea y actividades ilegales) van tras los contribuyentes con retraso en uno o más de sus compromisos fiscales. En los últimos tres sexenios se han intentado y aplicado diversas fórmulas, esquemas y mecanismos que pretenden incrementar la capacidad recaudatoria del gobierno.
El caso es que México sigue figurando, tanto en América Latina como en el resto del mundo, con bajos niveles de recaudación en proporción del PIB y en rangos de altos niveles de evasión fiscal.
Diversos estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) demuestran que México recauda un volumen de IVA como proporción del PIB de 3.5%, que es muy bajo si se le compara con el promedio de los países de la OCDE de 6.9 por ciento. Con respecto al ISR en México la recaudación anual es del 4.72% del PIB y la media de la OCDE se ubica en 13.6% del PIB.
Pero además está comprobado que una mayor evasión fiscal sucede en países donde la percepción de la gente sobre la eficiencia del gasto público es negativa (Teoría de Kent Smith). De igual forma, cuando la ciudadanía siente que la carga fiscal no es equitativa entonces la evasión aumenta (Teoría de Spicer y Becker).
Desde 2004 sucedió la amenaza del SAT de enviar al Buró de Crédito poco más de 100 mil expedientes de morosos fiscales, de los llamados créditos exigibles.
Entonces, la Secretaría de Hacienda argumentó que el SAT tenía facultades para entregar legalmente dicha información. A lo que el Senado de la República respondió solicitando no proporcionar ningún expediente al Buró de Crédito “por carecer de competencia para ello”.
Recordemos que el Buró de Crédito, su actividad, se encuentra estipulada en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; Ley de Inversión Extranjera, Art. 8º fracción VI y por las Disposiciones de Carácter General que emite el Banco de México.
En su actuación se ha exhibido la manera mañosa que en México se ejerce el llamado secreto bancario, un mecanismo de protección que sirve de escudo para determinados personajes corruptos y fraudulentos ligados a diversos grupos de poder.
Al interior de esta laguna, los intermediarios financieros en sus contratos, incluyen que el cliente está de acuerdo en que su información sea cedida al buró.
Así es que las mismas personas firman en los documentos que están de acuerdo, sin embargo, ninguna persona proporciona su autorización para que el SAT como autoridad dé información de su situación fiscal al buró.
A pesar de los pesares de que el Senado se opuso finalmente fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que dio su aval para que el SAT proveyera de toda la información de los deudores fiscales al Buró de Crédito.
De esta forma, desde julio de 2008 a principios de 2013, el SAT ha reportado a 250 mil incumplidos con el fisco recuperando una cantidad de 7 mil millones de pesos; un 60% de los morosos con Hacienda son personas físicas y el resto, son morales y empresas.
A COLACIÓN
Tal parece que esta forma de persecución fiscal o de señalar a la gente deudora ante otras instancias le funciona bien a la Secretaría de Hacienda y es que, figurar como deudor moroso en el Buró de Crédito, es el candado para cualquier crédito, préstamo o financiamiento así como para obtener un teléfono celular con contrato.
Esta semana otro que se suma a “boletinar” a los deudores ante el Buró de Crédito es el Gobierno del Distrito Federal.
La Secretaría de Finanzas informará al SAT de todos aquellas personas físicas o morales que tengan cualquier tipo de adeudo con el gobierno de la ciudad de México sea por agua, catastro, pago de licencias o permisos o cualquier impuesto cobrado a los capitalinos.
La dependencia, en comunicado oficial, informó que “con esta decisión quienes por dolo, omisión, desinterés o quizás olvido no paguen sus impuestos serán canalizados al Buró de Crédito. Los contribuyentes deudores que tengan retraso a créditos fiscales firmes y exigibles serán puestos en la base de datos del Buró.”
La intención es clara: sanear en lo más posible las finanzas del gobierno, reducir cartera vencida y para ello quieren que paguen las personas o empresas que arrastran uno o varios adeudos atrasados.
No nos extrañe que la iniciativa del gobierno de Miguel Ángel Mancera sea emulada por otras entidades federativas a sabiendas del desequilibrio financiero y la problemática presupuestal que se arrastra.
