La jueza federal Loretta Preska impuso a Hammond la pena máxima a la que se enfrentaba.
Hammond accedió entre finales de 2011 y comienzos de 2012 a los servidores de Stratfor y recopiló una gran cantidad de información que entregó a WikiLeaks para su publicación. Además, colocó en internet números de tarjetas de crédito de clientes, algo que, según el FBI, provocó pérdidas por valor de unos 700 mil dólares.
Entre los cinco millones de comunicaciones que interceptó se encontraban peticiones del Gobierno estadounidense para conocer más a fondo el movimiento de los “indignados” o detalles del proceso legal secreto para procesar a Julian Assange en EU por las actividades de la web WikiLeaks.
El joven de 28 años, nacido en Chicago, fue condenado en un tribunal federal de Nueva York, después de que el pasado mayo se declarara culpable de los cargos de que se le acusaba, entre ellos violación de la Ley de Fraude Informático.
La red de apoyo a Hammond había enviado 265 cartas a la jueza encargada del caso para pedir el indulto de quien desde muy joven estuvo vinculado a movimientos anarquistas, libertarios y a favor de una mayor apertura en internet.
“Jeremy consideró el trabajo con Anonymous y Antisec (facción dentro de aquella organización) como una oportunidad para ser como Chelsea Manning y acceder a información que necesita ser compartida con el mundo”, opinó la abogada de la defensa Susan Kellman, según documentos del juicio.
El soldado Bradley Manning, que realizó la mayor filtración de documentos clasificados de Estados Unidos y confesó sentirse mujer y pedir que le llamasen Chelsea al final del juicio, fue condenado el pasado agosto a 35 años de prisión por delitos considerados más graves que los de Hammond.
Durante su juicio, Hammond ha justificado sus acciones asegurando en una declaración escrita: “lo hice porque creo que la gente tiene el derecho a saber lo que hacen a puerta cerrada gobiernos y corporaciones”.
La Fiscalía acusó a Hammond de haber causado graves pérdidas económicas a individuos, empresas privadas y agencias gubernamentales, que estimaba en hasta 2,5 millones de dólares.
Al mismo tiempo, argumentó que las acciones del activista y hacker pusieron en peligro a agentes de la ley y a sus familias.
