Actos de corrupción así como coso laboral, psicológico y sexual denunciaron trabajadores de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quienes pidieron a las autoridades correspondientes realicen una investigación en torno a las presuntas irregularidades que subsisten en dicha área.
Entre ellas, destacaron la venta de cartas de antecedentes no penales, por un monto de 35 mil pesos; la existencia de personas que cobran sin presentarse a laborar; trato inequitativo entre el personal; solicitudes para que se modifiquen dictámenes periciales; así como acoso psicológico, laboral y sexual.
Por separado, la titular de la Dirección de Servicios Periciales, Martha Guzmán Castañeda, informó que ya se había presentado una denuncia ante el Ministerio Público, derivada del señalamiento público que se hizo sobre supuesta venta de cartas de antecedentes no penales. Se pronunció dispuesta a coadyuvar en una investigación que permita el esclarecimiento de las anomalías que se denunciaron.
Advierten irregularidades en Servicios Periciales
En conferencia de prensa, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) adscritos a la Dirección de Servicios Periciales, acusaron de dichas irregularidades a la titular del área, Martha Guzmán Castañeda; al jefe del Departamento de Medicina Forense, Ramón Sixtos Guillén; al jefe del Departamento de Criminalística, Ricardo Montes Mógica; y a la jefa del Departamento de Química, María de los Ángeles Gudiño.
En entrada, la perito en criminalística, con especialidad en retrato hablado, Patricia Samanta Cerezo, se inconformó por supuesto acoso laboral y psicológico ejercido por Guzmán Castañeda, a quien acusó de tener “protegido” a determinado grupo de personal, mientras los demás trabajadores se desempeñan con horarios poco flexibles y nulos permisos para atender cuestiones inherentes a la salud y educación de sus hijos.
Calificó “injusto” que haya quienes gozan de horarios privilegiados, y laboralmente se les cargue la mano a quienes no acceden a las peticiones de Martha Guzmán.
El perito Agustín Cerezo Leyva habló de las malas condiciones en las que laboran algunos de sus compañeros, con el ejemplo de que hay quienes toman sus alimentos a escasos cincuenta centímetros del área en la cual practican las necrocirugías.
Por su parte, la médico forense Graciela Delgado Luna, compartió que le han solicitado que cambie dictámenes periciales, situación a la cual se ha negado: “me pidieron alterar un dictamen de responsabilidad profesional”.
Asimismo, destacó que en el área a cargo de Leticia Villagómez Sánchez, por una módica cantidad de 35 mil pesos se expiden cartas de antecedentes no penales a personas que si los tienen.
Aseguró que una secretaria de Villagómez Sánchez se percató de la situación y la hizo del conocimiento de Martha Guzmán, y al día siguiente fue removida del área.
Aunado a lo anterior, agregó casos de personas que cobran un sueldo sin presentarse a laborar. Citó los casos de Silvia Morelia Gutiérrez Meza, química forense que, según dijo, sólo se presenta los domingos por la mañana “a hacer actos de presencia y se retira”.
“También es el caso de Eloísa López Loera, que trabaja en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y de Patricia Valvina, que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y van solamente cuando pueden”, expresó.
Aprovechó el uso de la voz para pedirle al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que investigue si Martha Guzmán Castañeda aún cobra como perito de esta dependencia federal. “Nos llegó una información de que ella misma dijo que en la noche iba a firmar los dictámenes y está cobrando”.
A la lista de acusaciones en contra de la hermana del actual delegado de la Sagarpa en Michoacán, y ex dirigente estatal del PRI, Antonio Guzmán Castañeda, sumó actos de acoso sexual en contra de dos psicólogas que “por miedo” no se atrevieron a denunciar a la funcionaria.
En suma, los peritos inconformes por lo anteriormente expuesto solicitaron a las autoridades competentes que lleven a cabo una revisión de las áreas de trabajo así como de los casos que se denuncian. Anticiparon que presentarán una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y el presidente del organismo ya está enterado de la problemática.
Casi para concluir, exclamó Graciela Delgado: “sabemos a lo que nos estamos exponiendo y aprovecho para decir que si alguna cosa nos llega a pasar los vamos a hacer responsables a ellos, especialmente a Martha”.
Se interpuso denuncia por señalamiento
En entrevista telefónica, la directora general de Servicios Periciales de la PGJE, Martha Guzmán Castañeda, rechazó los señalamientos que se hicieron en su contra, mismos que atribuyó a la resistencia de un grupo de trabajadores a participar en acciones de mejoramiento al área que, evidenció, enfrenta un rezago de años.
Adelantó que Leticia Villanueva presentó una denuncia ante el ministerio público por la acusación que se hizo en torno a la supuesta venta de cartas de antecedentes no penales, y se pronunció dispuesta a coadyuvar en lo que sea necesario para que se investiguen y se aclaren las irregularidades que se ventilaron.
Aprovechó el espacio para informar sobre las acciones que ha realizado para mejorar los diferentes departamentos de la Dirección de Servicios Periciales, entre algunas: la rotación de personal; el recorte de tiempo en la entrega de cartas de antecedentes no penales; el mejoramiento de espacios físicos; y la elaboración de manuales de procedimientos de trabajo, códigos de ética y reglamentos que anteriormente no se tenían.
Finalmente, apuntó que a algunos de los que se inconformaron les caracterizan antecedentes de inasistencias, abandono laboral y la presentación de dictámenes solicitados de manera no oportuna.
