De nada sirvieron los esfuerzos de cabildeo de la industria minera. Tampoco surtieron efecto las advertencias de empresas como Grupo México de redirigir sus inversiones a otros países con mayor oportunidad de rendimiento a la inversión y donde exista un régimen fiscal estable que estimule el desarrollo del sector, como Estados Unidos, Canadá, Perú y Chile.
El pasado 29 de octubre, la propuesta del ejecutivo federal de cobrar regalías a las mineras sorteó su último obstáculo: el Senado de la República. Con 73 votos a favor y 50 en contra se aprobó el impuesto de 7.5% a las ganancias antes de intereses de las empresas, así como un 0.5% a los ingresos brutos de aquellas que produzcan oro, plata y platino, que ya habían sido avalados en la Cámara de Diputados.
¿Qué sigue?¿Veremos una salida masiva de empresas? ¿Se frenarán las inversiones? ¿Dejarán de llegar nuevos actores? ¿El trabajo que venían haciendo las mineras con las comunidades en materia social y de infraestructura desaparecerá? No lo creo. México es muy atractivo por los recursos minerales que posee. Es líder en la producción de plata y año con año coloca de 12 a 18 minerales dentro de los 10 primeros lugares.
Además, ocupa el primer lugar en Latinoamérica y cuarto en el mundo en captación de inversión en exploración. Existen más de 15 proyectos mineros que iniciarán operaciones entre 2013 y 2015, y 35 proyectos en exploración avanzada que actualmente están en marcha en dos terceras partes del país, muchos de los cuales podrían volverse proyectos en operación en los próximos tres años.
En los últimos seis años la inversión en el sector ascendió a 25,641 millones de dólares (mdd) y para los próximos cinco años se estima alcance los 30,000 mdd, aunque la Cámara Minera de México (Camimex), que agrupa a las 137 empresas más importantes del país, ha dicho en reiteradas ocasiones que el cobro de nuevos impuestos provocará el colapso del programa de inversiones para el periodo 2013-2018, el cual registraría una caída del 60%, es decir, 18,000 mdd menos, lo que impactaría la generación de 60,000 empleos, la creación de infraestructura básica y social de nuevos proyectos y la cadena de suministro.
Sin embargo, los números hablan por sí solos. El valor de la producción minera pasó de 4,968 mdd en 2005 a 23,000 mdd el año pasado. En el mismo periodo, empresas como Peñoles han cuadruplicado sus ventas (de 1,919 mdd a 7,460 mdd) y quintuplicado sus utilidades (de 152.9 a 768.3 mdd); mientras que Grupo México ha duplicado sus ventas (de 5,189 mdd a 10,182 mdd) y sus utilidades (de 1,063 mdd a 2,401 mdd).
Parte importante de este crecimiento se debió a que durante más de 20 años, desde la privatización del sector minero y metalúrgico en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), las empresas no pagaron derechos por la producción de minerales. A lo largo de este tiempo, la industria logró frenar diversas iniciativas que pretendían gravar dicha producción.
Ahora, el hecho de que el sector haya perdido una batalla, no significa que cesará en su intento por echar atrás los impuestos aprobados. Seguramente veremos a más empresas anunciar reducciones de inversiones y quizá algunas de ellas se retiren del país, como medio de presión. También continuará el cabildeo en la Cámara de Diputados y el Senado, pero todo parece indicar que las regalías llegaron para quedarse, como muchos otros impuestos.
Sobre la posibilidad de que las empresas abandonen el trabajo social, ambiental y de desarrollo urbano, ahora que los estados y municipios contarán con recursos para dichas tareas, dudo mucho que esto suceda.
Para el desarrollo de su actividad, la minería, a diferencia de otras industrias, requiere llevar energía eléctrica y agua a regiones lejanas, donde se encuentran los proyectos mineros, construir caminos, carreteras, escuelas, hospitales, centros deportivos y de asistencia social, y todo indica que lo seguirá haciendo.
Sí, les costará más, pero a la larga el beneficio será mayor: un menor riesgo de huelgas, paros y toma de instalaciones; el apoyo de autoridades, trabajadores y comunidades; y lo más importante, una imagen positiva, algo de lo que siempre ha adolecido.
En este tema, un punto clave será el uso que se le de a los recursos que se recauden por los nuevos impuestos. Y aunque en cada estado se conformará un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras y a cargo habrá un representante de la Administración Pública Federal, por parte del titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de empresas mineras relevantes con actividades en la demarcación, será necesario etiquetarlos para que sean aplicados en inversión física y no en gasto corriente.
No olvidemos que con los cambios realizados en el Senado, los municipios recibirán el 50% de lo recaudado y la mayoría atraviesa por graves problemas financieros, debido a una baja recaudación, un alto endeudamiento público y el desvío de recursos por parte de autoridades corruptas.
