En 1996 se inició el proceso de descentralización de los servicios de salud que atendían en su momento a la población abierta, población que no tenía seguridad ni asistencia social, el cual se construyó sobre reformas instrumentadas a mediados de los ochenta. De manera paralela se llevaron a cabo acciones desconcentradoras de algunos servicios provistos por los institutos de seguridad social. Contribuía a un proceso de cambio del sistema federal mexicano, que crecía hacia la descentralización de las responsabilidades de operación de ciertos servicios públicos, reforzando que cada estado es “libre y soberano”, pero fueron tan libres que se tuvieron malos resultados registrados hoy en la Auditoria Superior de la Federación.
El proceso de descentralización comenzó con Reyes Heroles. Primero se hicieron delegaciones y después vino un proceso de negociación que comenzó Manuel Bartlett, con la mira en descentralizar toda la educación. Por diversas circunstancias, el proceso termina cuando Ernesto Zedillo entra a la Secretaría de Educación, a finales de 1991 y en mayo de 1992, todos los gobernadores, con excepción de Baja California (lo aprobó después) y el Distrito Federal, firman la transferencia de la operación de la educación a las entidades federativas. En 1995, el Gobierno de Ernesto Zedillo inició un proceso de descentralización de sus servicios de atención a la salud para dar una mayor eficiencia a la operación del sector, desafortunadamente para lo que sirvió fue para destapar la corrupción que había en las diferentes entidades.
La reforma social y hacendaria propuesta por el ejecutivo federal contiene iniciativas relacionadas con la educación y la salud, presentadas bajo el renglón de federalismo. El principal sentido de la reforma es centralizar la gestión del presupuesto educativo y parcialmente el de salud, con lo cual se mete reversa a las iniciativas de federalismo de los últimos sexenios en aras de controlar el gasto que a todas luces mostró graves irregularidades en las entidades federativas; muy bien documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). A las irregularidades en el ejercicio del gasto se suman pobres resultados obtenidos en materia educativa y de salud. Es preocupante que en salud se hayan destinado recursos crecientes al Seguro Popular y se haya declarado la cobertura universal (cuando no la hay) y, sin embargo, aspectos clave de la atención sanitaria muestran magros resultados; como la falta de acceso efectivo a los servicios médicos, el deficiente surtimiento de medicamentos o la precariedad de la infraestructura sanitaria. También es preocupante que no se cuente con indicadores que permitan evaluar si se cumple el objetivo del Seguro Popular de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud, cuenta sólo con un “aval ciudadano” que la institución considera suficiente.
La iniciativa del Ejecutivo para modificar la Ley General de Salud en lo relativo al Seguro Popular propone que la Tesorería de la Federación podrá realizar pagos a terceros, por cuenta y orden del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; es decir, habrá una intervención directa de la federación en la gestión del presupuesto. Un cambio sustancial es que las transferencias para financiar el Seguro Popular ahora ya no se registrarán como ingresos propios de las entidades federativas. ¡Cómo, ¿no llegaba el dinero directamente a salud?! Desafortunadamente no; y, por ende, no se administrarán y ejercerán conforme a sus propias leyes (se regirán con base a la Ley General de Salud). En otras palabras, la Federación recupera el control del presupuesto, por el mal manejo y/o filtrado que se realizaba del mismo.
Dada las irregularidades detectadas en la gestión, transparencia y rendición de cuentas del Seguro Popular, la respuesta de la iniciativa de reforma consiste en recentralizar en la federación atribuciones y no en aumentar la capacidad institucional en la gestión de los recursos en las entidades federativas. Tampoco se orienta al fortalecimiento de la capacidad institucional de los sistemas estatales de salud. La sola separación de funciones de financiamiento y prestación de servicios que se propone no resolverá estos rezagos institucionales que entorpecen el funcionamiento del Seguro Popular para hacer efectivo el derecho a la salud de la población, sin embargo se prevé los malos manejos.
Un tema ausente de la iniciativa es cómo mejorar la equidad en la distribución de los recursos del Seguro Popular y las medidas legales para que permitan cerrar las brechas de desigualdad que actualmente prevalecen entre las entidades federativas. Actualmente el gasto va de acuerdo a las necesidades, sin indicadores de cómo mantener equidad o abastecimiento. En el ámbito de la educación, la iniciativa que reforma la Ley de Coordinación Fiscal en materia de financiamiento educativo propone la creación del Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que sustituiría al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) que actualmente administran las entidades federativas. Los denominadores comunes en las iniciativas, que reforman aspectos importantes del presupuesto para la educación y la salud, son la recentralización del manejo del gasto público a manos del Ejecutivo federal, y la debilidad de las propuestas para hacer frente a la desigualdad de las condiciones de los estados y de la distribución del gasto público, es decir, o se ajustan o se ajustan. Esperemos los resultados.
