Mucho se ha hablado de la necesidad de fortalecer los ingresos públicos de los tres ordenes de Gobierno, el federal, estatal y municipal, dados los grandes pendientes de la economía mexicana: desarrollo regional, empleo suficiente y formal, infraestructura y su mantenimiento, así como el gasto social, el combate a la pobreza, entre otros. Para ello se necesitan más ingresos públicos y un gasto público más ordenado y eficiente, así como revisar el pacto fiscal.
Tan importante como la Reforma Fiscal, es necesaria también una nueva arquitectura federalista en materia fiscal, para enfrentar la extrema dependencia de las entidades federativas y de los municipios respecto a las transferencias federales, la cual es la más extrema dentro de la OCDE, claro como reflejo de la concentración del poder tributario en el orden central o federal, pero también del desinterés fiscal de muchas entidades federativas. Vale mencionar que la distribución de competencias actual, es consecuencia de la adhesión de los estados y el DF, al sistema nacional de coordinación fiscal, pero es claro que ese esquema está agotado y hay que revisarlo.
La recaudación de ingresos propios de estos dos ordenes de Gobierno, son en porcentaje los más bajos en el mundo OCDE, no llegando ni al diez por ciento, mientras los de Canadá están cerca del 50. La precariedad de la recaudación del predial, 0.2 por ciento del PIB, frente al 0.6 por ciento de Chile. Además de la concentración de facultades tributarias, hay una desaprovechamiento de las que se tienen, siendo los casos más relevantes el del impuesto predial a nivel municipal y el del impuesto a la tenencia de vehículos automotores, en el caso de las entidades federativas, con honrosas excepciones en ambos casos.
Seguimos siendo el País con menor relación ingresos/PIB dentro de la OCDE, por debajo incluso de países como Chile y Turquía, no se diga de Alemania o Suecia. Lo anterior se refleja en el gasto público, al respecto la OCDE muestra que el gasto total del Gobierno de México no pasa del 25 por ciento del PIB, siendo el promedio de la organización cercano al 50 por ciento. El de Dinamarca se acerca al 60 por ciento y el de Brasil al 40. Pero más allá de esos indicadores, lo real es que se requieren muchos recursos para dinamizar la inversión pública y privada, que es el verdadero motor del crecimiento económico, resolviendo en consecuencia los problemas de desempleo, desarrollo regional y competitividad, lo cual requiere de financiamiento sano.
Paralelo a la reforma fiscal, en materia de ingresos se debe partir de la revisión de las facultades impositivas de cada orden de Gobierno, así como sus responsabilidades de gasto, recuperando para las entidades federativas, facultades de mayor potencial recaudatorio. Por supuesto que esta revisión incluye la distribución de responsabilidades de gasto, así como el uso de indicadores de desempeño, la homologación de la contabilidad gubernamental y el fortalecimiento de las transparencia y la rendición de cuentas. Para ello es oportuno recordar eventos importantes, como es el caso de los consensos de la Convención Nacional de las Haciendas Públicas celebrada en 2004, la cual concluyó con 341 Acuerdos por unanimidad, 50 acciones ejecutivas y muchas propuestas que siguen vigentes y pendientes para ser retomadas.
La necesidad de fortalecer el federalismo fiscal, en su aspecto más amplio, el del federalismo hacendario, tuvo como antecedente 3 Convenciones Nacionales Fiscales (1925, 1943 y 1947), fue retomada por la CONAGO en su Declaración de Cuatro Ciénegas, con el fin de ampliar los mecanismos de coordinación a todos los ámbitos de la política hacendaria, ya no sólo de los ingresos, con el fin último de lograr una mejor distribución de responsabilidades de gasto y facultades tributarias. Es necesario así, recuperar el consenso en esta materia.
