Este día, en sesión del Congreso del Estado, se aprobó por unanimidad la reforma a la Ley del Notariado del Estado, presentada por la diputada Daniela de los Santos Torres, con la cual se logrará la implementación del protocolo abierto en el Estado de Michoacán.
Al hacer uso de la tribuna para razonar su voto a favor de la reforma y con la presencia de un importante número de notarios públicos, De los Santos manifestó la importancia de la misma, pues “viene a modernizar la Ley del Notariado y a transformar la función notarial: con el uso de un protocolo abierto se evitarán defectos de impresión por el uso de la llamada ‘gelatina’, la cual muchas veces distorsiona palabras, nombres, números o datos, ocasionando que el principio de seguridad jurídica se vea trasgredido en perjuicio de los ciudadanos”.
La Ley del Notariado en la actualidad establece el uso del protocolo cerrado definiéndolo como “los libros encuadernados y empastados que constarán de trescientas páginas numeradas y en los cuales el notario debe asentar las escrituras públicas, las actas notariales y los anexos del apéndice que contengan los actos y hechos jurídicos sometidos a su autorización”. Al respecto, Daniela de los Santos señaló que “el uso del protocolo cerrado significa rezagarnos en esta época moderna y económicamente mucho más activa, con métodos imprácticos que imponen un freno a la eficiencia de la función notarial de nuestro estado”, además “el uso del protocolo abierto no es una novedad: la mayoría de los países que tienen sistema de notariado latino lo han implantado con éxito, y en nuestro país todos los estados de la República lo han implementado; Michoacán era el único rezagado en su utilización”.
Por último, la legisladora local manifestó en tribuna que: “además de modernizar y facilitar la práctica notarial, se abona a la agilización de trámites, a la reactivación económica, a la actualización y armonización de la Ley del Notariado respecto a los nombres de las dependencias gubernamentales actuales y, sobre todo, a la certeza y seguridad jurídica de los ciudadanos michoacanos”.
