Tras el despido de 50 empleados de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una medida cautelar para su reinstalación, y que se abstuviera de violentar los derechos de los trabajadores mediante actos infundados y no motivados; han pasado quince días y ninguna de las dos instancias han hecho público si fue aceptada dicha medida cautelar o la negativa.
El 16 de enero se les impidió a los despedidos el acceso a la ASM, lo que ocasionó se manifestaran y presentaran una queja ante la CEDH, quien el día 18 emitió una medida cautelar; el 19, el presidente de la misma, José Ma. Cázares Solórzano declaró que en 24 horas a más tardar, tendría que dar una respuesta la Auditoría Superior y su titular José Luis López saalgado.
Según el artículo 92 del reglamento de la CEDH, dice que “en caso de que la autoridad no acepte la medida, no la cumpla o no conteste en el término que se le concede, la negativa u omisión se hará del conocimiento público”, pero el caso es que han pasado quince días y se desconoce sobre el resultado de la medida cautelar.
Curiosamente, en la CEDH labora una hija del titular de la ASM de nombre María Mar López Barrera y Arturo Palma, hijo de un auditor de esa misma dependencia.
