Ya no hay duda alguna en la mayoría de los mexicanos de que una buena parte (tal vez la mayoría) de los estados de la República, están atravesando por una crisis económica que no se había visto ni sentido en varios sexenios. Los municipios en forma general padecen la misma situación y el agravante general es que por el endeudamiento contraído que va más allá de las posibilidades económicas de pago, limita o mantiene estancada la obra pública (con la posible excepción de la que se ejecuta en las entidades por el gobierno de la República) lo que genera en forma general poca circulación monetaria y disminuye la oferta laboral.
El desorden financiero tenido y la preocupación estatal es tal, que las mismas autoridades en sus diferentes entidades no encuentran la ruta de escape y con frecuencia escogen la peor, que es la de recurrir a mayor endeudamiento y a las “renegociaciones” de su deuda y no racionalizar el gasto, disminuir el burocratismo y manejar los escasos recursos con honestidad; prefieren la salida fácil para ellos y, hasta buscan hipotecar los palacios donde despachan. Crítica situación de corrupción política que no se había visto antes.
Cierto que uno de los últimos y grandes huracanes económicos se sucedió en la etapa final de López Portillo, en 1982, vientos que no derrumbaron gobiernos porque había más atención y seriedad en los gobiernos estatales, precisamente por su bajo endeudamiento.
En la actualidad los problemas se agravan porque las autoridades gubernamentales no saben administrar y además son corruptas y para ejemplos hay muchos en varias entidades federativas en las que sus ex gobernadores dan pena.
Hace varios años que se perdió el control en estados y municipios; a los funcionarios les parecía que incrementando el aparato burocrático serían más eficientes y hubo casos particulares donde los gobernadores, a pesar de advertencias recibidas, incrementaron el burocratismo ascendiendo a nivel de secretarias lo que antes eran direcciones. Se hizo caso omiso a esta advertencia, y no solamente el costo de operación se elevo, sino que elevadas al rango de Secretarías hubo deficiencia en las mismas y desde luego, por el desconocimiento operativo de los funcionarios designados.
Como curiosidad comento que varios sexenios atrás, había en el Estado un comité que se encargaba de evaluar las peticiones de préstamo, tanto del propio gobierno como de los municipios en lo general, mismo que analizaba con rigurosidad cada solicitud y de autorizarse éstas, se canalizaban al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, única entidad autorizada. Cabe señalar que la deuda era descontada mensualmente a los municipios de las participaciones federales correspondientes, lo que evitaba el sobreendeudamiento.
Pero llegó la etapa neoliberal salinista y con las famosas “certificaciones o calificaciones” se desató la epidemia de prestamitis” que hoy ahogan al país entero”.
No necesitamos ser conocedores o especialistas en Economía para saber que la falta de controles y la violación a los reglamentos y la propia complicidad gubernamental de autoridades federales, han permitido e impulsado ésta crítica situación.
En Michoacán, desde la terminación del gobierno anterior han pasado casi dieciocho meses, tiempo más que suficiente para determinar con mucha claridad que fue lo que pasó en municipios y Estado y nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurrió, si hay responsables o no de la deuda tanto municipales como del Estado y cuanto es el total de lo que se debe, por qué se debe, lo que ha costado esa carga, lo que falta de pagar, etc.
Son muchas las interrogantes que se tienen en esta materia en estados y municipios; por un lado la SHCP informa, por ejemplo, que la deuda se incrementó, en diez años, 246%; que al cierre del primer trimestre (2013) la deuda únicamente de largo plazo es de 436,242,3 millones de pesos, pues se desconoce a cuánto ascienden los pasivos de corto plazo, la tasa que se cobra, el plazo y el destino de los prestamos.
La Comisión Nacional Bancaria, por su parte, señala que al fin de febrero de este año, la deuda total era de 376,382 millones de pesos. Finalmente, Mauro Delgado, Senador de la República, sostiene que, cito: “Como no se tiene ningún reporte de los créditos de corto plazo (con bancos , éstos pudieran se dos o tres veces más que los 436 mil millones que informa Hacienda”.
En fin, estamos en la ruina por tanta corrupción, pero podemos seguir en giras internacionales, comprar jets de 7000 millones de pesos, o seguir quemando la pólvora en infiernitos que sin duda, ocasionará más y más muertos.
