La Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo a siete elementos de la Policía Municipal de Tapachula, acusados de extorsión y abuso de autoridad, en cumplimento a una orden de aprehensión girada por el Juez 3 del Ramo Penal.En el marco de la averiguación previa 44/FEDCI/CJT2/13 que integra la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos Contra Inmigrantes, obran 11 imputaciones directas por denuncias presentadas por sexoservidoras, entre ellas varias centroamericanas.
De acuerdo con las indagatorias, esos agentes de seguridad habrían organizado una red de prostitución a través de la cual obligaban a las mujeres a entregarles una cuota diaria de entre 100 y 300 pesos.
Las denunciantes revelaron que de no pagar esa cuota eran subidas a patrullas de la corporación y llevadas a casas particulares, donde permanecían encerradas como medida de presión e incluso las obligaban a mantener relaciones sexuales con ellos.
En un comunicado de la procuraduría de Chiapas se detalló que también les exigían prostituirse todos los días, con la finalidad de aumentar la cuota recuperada.
Tras la denuncia presentada por diversas sexoservidoras en Tapachula, la Fiscalía Especializada inició investigaciones e integró diversas testimoniales en las averiguaciones previas y diligencias periciales que confirman la forma de operar de los policías detenidos.
Lo anterior fomentó el incremento de la prostitución en calles del centro de la ciudad, principalmente sobre la Quinta Poniente, a un costado de la terminal de corto recorrido.
Ante estos hechos, elementos de un grupo interinstitucional integrado por la Procuraduría General de Justicia del Estado y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Seguridad Pública Municipal (SSPM) aplicaron un operativo coordinado para lograr la captura de los presuntos extorsionadores.
Los aprehendidos responden a los nombres de Venancio Solís de la Cruz, Alfredo Segundo Verdugo Villagrán, Lázaro Morales Pereyra, Osmar Gamaliel Guzmán Gómez, Osmar Ramón Nájera López, Antonio Guillén Tambrez Fernández y Julio César Orozco Fernández.
Luego de su detención fueron puestos a disposición del juez de la causa e ingresados al Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14 “El Amate” , por los delitos de extorsión y abuso de autoridad.
Dichos actos ilícitos se encuentran previstos y sancionados por los artículos 300 y 301 fracciones II y IV; y 420 fracciones II y XII del Código Penal Vigente en el Estado de Chiapas; por los cuales podrían alcanzar hasta 14 años de prisión.
