La Historia en Breve

Una buena noticia nunca se esconde

Ciro Gómez Leyva

El jueves en la noche, la Sedesol informó en voz baja que, escudado por la Policía Federal, el programa Oportunidades logró entrar a La Ruana, Michoacán, población que vive un virtual sitio de los Caballeros Templarios. Esa misma noche, Hipólito Mora, vocero del grupo de autodefensa que resiste allí adentro, reventó la buena noticia y nos dijo: “Eso es absolutamente falso, que no los engañen”.

El viernes en la tarde volví a hablar con Hipólito y reiteró que Oportunidades no había roto el cerco. Es comprensible que el gobierno federal busque dar buenas noticias en los temas de seguridad y violencia, pero, como en el sexenio anterior, los hechos comienzan a rebasarlo por varios carriles. El fin de semana, por ejemplo, otros dos casos se sumaron a la lista del horror: el ataque a 22 brigadistas en una reserva natural de Zapopan, Jalisco, y el asesinato de dos españoles en Sinaloa.

La tarde del viernes, escondida entre los brindis del 10 de mayo, la Secretaría de Gobernación trató  también de hacer pasar por buena una mala noticia. Es comprensible que a partir de forzadas correlaciones estadísticas insista en afirmar que las ejecuciones se mueven a la baja, pero la cifra esencial sigue siendo la de mil ejecuciones mensuales: 5 mil 296 en cinco meses. Esa es la nota.

Solo un diario compró el boletín oficial y publicó a ocho columnas: “Bajaron 18 por ciento los homicidios”.

Ya entrados en estadísticas forzadas, el nuevo gobierno cumple seis meses en un par de semanas. Seis meses: 10 por ciento de un sexenio. El bono de bienvenida se desgasta.

El Asalto  a la Razón

Un explosivo desafío ‘comunitario’

Carlos Marín

El tono del comunicado del martes 7 de mayo emitido por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias da idea del terreno constitucional perdido por las autoridades:

“Nos vemos obligados a movilizarnos para exigir la liberación inmediata e  incondicional  de  nuestros   compañeros  detenidos el día de ayer 6 de mayo por efectivos del ejército y la marina (así, en minúsculas) en el  puerto de Acapulco mientras cumplían una comisión oficial de nuestra institución comunitaria.”

Y da el motivo de las capturas:  “Portación de arma  prohibida”.

Con el armamento, a los detenidos les aseguró el Ejército un par de vehículos.

“El gobierno estatal y el federal se han puesto de acuerdo para golpearnos y aplicar el decreto que hemos repudiado públicamente, en donde nos reduce a ser simples policías auxiliares de las policías municipales y que nos prohíbe transitar fuera de nuestros territorios”, dice el comunicado.

Pues… sí: las aprehensiones ocurrieron en ¡Acapulco!, ciudad que desde luego no es un “territorio comunitario”.

Confesión de lo que ninguna corporación constitucional policiaca o militar puede hacer, la de tomar partido:

“La detención de nuestros compañeros, es una represalia clara por nuestra participación en el movimiento popular de guerrero y por el apoyo que hemos dado a la lucha magisterial.”

Por lo mismo, “exigimos la devolución de las armas y los dos vehículos decomisados, porque son del pueblo y sirven a la seguridad de nuestras comunidades”.

¿Qué “pueblo” y de dónde salieron las armas de uso militar exclusivo? ¿Qué “seguridad” procuraban los capturados (libres ya bajo fianza) en la “comunidad” de Acapulco?

Al día siguiente de las detenciones y los aseguramientos,  policías comunitarios tomaron, ellos sí,  represalias:  secuestraron a un secretario de acuerdos; al comandante y a cuatro agentes de la Policía Ministerial, así como a siete policías municipales, despojándolos también de sus armas y vehículos oficiales.

“En nuestras manos quedó el armamento decomisado a policías ministeriales: cinco armas largas y dos pistolas; las aseguradas a los preventivos: cinco fusiles y tres pistolas, así como las diez armas del municipio de Malinaltepec. Un total de 25 armas, aproximadamente”, se ufanó Raúl de Jesús Cabrera, coordinador de la CRAC.

Otro de sus comandantes, Leonel Vázquez, hizo recuento: “Hasta ahorita llevamos alrededor de 41 armas largas y 7 pistolas. No estaban todos (los municipales) porque algunos se escondieron…”.

El sábado, para sortear el problema que vienen extrapolando estas policías-activistas de movimientos políticos tales como el de la coordinadora de maistros, “gobierno y CRAC catafixian camionetas por funcionarios en Guerrero”, difundió MILENIO.com.

No obstante, el coordinador general de la CRAC, Eliseo Villar Castillo, lanzó esta cubeta verbal de gasolina: “Si respetan los acuerdos caminaremos por la vía de la paz…”.

Pero “nos faltan las armas” (las prohibidas), advirtió Raúl de Jesús Cabrera, otro de los coordinadores comunitarios.

Se antoja impensable que la PGR siquiera lo considere…

Trascendió

Trascendió

:Que, cosas de la política. Para las 14 elecciones de julio, PAN y PRD han contratado prácticamente a todas las empresas que tanto denostaron en los comicios de hace un año para que les hagan las encuestas internas.

¿Quién será el primero en salir a declarar que la encuesta de tal o cual firma adelanta su triunfo en tal o cual estado?

:Que, como hace exactamente 10 años, Rosario Robles ha vuelto a dividir las opiniones dentro del PRD.

No son pocos quienes ven solo “un linchamiento por venganza y envidia” en la denuncia que el secretario general, el bejaranista Alejandro Sánchez Camacho, anunció contra la secretaria de Desarrollo Social.

Y es que ni el más rabioso antirroblista le concede mínima probabilidad de proceder a la denuncia que supuestamente se presentará hoy ante la PGR, amén de que “distrae la atención del verdadero objetivo”: los funcionarios veracruzanos.

:Que, por el contrario, el presidente del PAN, Gustavo Madero, quien fue el primero en empujar las denuncias contra Robles, no ha confirmado (y parece que no lo hará) su respaldo a la denuncia penal.

Los “duros” del PRD aseguran que Madero quedó “demasiado conforme”  con el acuerdo logrado con el gobierno federal y que va más allá del agregado al Pacto por México.

:Que  la reforma de telecomunicaciones avanza a paso veloz en los congresos estatales.

No lleva de votada ni dos semanas en el Congreso de la Unión y el Senado tiene el reporte de que fue aprobada en seis entidades.

Y el pronóstico es que pasará sin problemas en las restantes para ser promulgada. ¿Dónde quedó el cacareado boicot de los poderes fácticos?

:Que dejó muchas dudas entre ciudadanos y grupos ambientalistas la actuación del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en la aún no concluida crisis de contaminación en el DF.

Esperaban acciones más enérgicas, más de vanguardia. Pero Mancera, por ejemplo, no se animó a cancelar el desfile masivo de motocicletas, simplemente anunció que él no participaría.

“Marcelo no lo hubiera dudado”, dicen los ambientalistas. Aunque, ya se sabe, en política el hubiera…

Duda Razonable

Mentiras y estadísticas: los homicidios de Segob

Carlos Puig

La frase la atribuyó Mark Twain, en uno de sus “Capítulos para mi autobiografía”, al primer ministro británico Benjamín Disraeli: “Hay tres tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y la estadísticas”.

Cada mes, cuando la Secretaría de Gobernación da a conocer sus informes sobre violencia y homicidios, pienso en la famosa frase.

Me refiero al boletín de prensa que cada principio de mes la Secretaría de Gobernación distribuye con el título “Datos preliminares en materia de seguridad”. Generalmente el primer dato es el de “homicidios dolosos relacionados a delitos federales”, algo que suponemos es similar a aquello de “homicidios por presunta rivalidad delincuencial” del sexenio pasado.

No tenemos claro qué significa esa cifra. Por lo que he averiguado, surge de una reunión semanal entre PGR, Cisen, Sedena, Semar, INEGI, SNSP, Policía Federal y Cenapi. Todas instituciones con información parcial sobre crimen organizado y violencia. No tenemos claro cómo se decide que un homicidio está relacionado a delitos federales, o cuáles delitos. No hay una averiguación previa por cada homicidio. El conteo no es una idea de este gobierno. Desde el sexenio pasado se hacía algo similar. Lo nuevo es hacerlo público. Lo nuevo y absurdo, por el problema de metodología, es la implícita victimización de las víctimas y su carácter absolutamente preliminar.

Es decir: la cifra no dice mucho.

Aunque me temo que se hace pública porque hasta hoy dice algo que le encanta al gobierno, pero que muy pronto le va a dejar de gustar.

Me explico.

Hasta hoy la Secretaría de Gobernación ha sido capaz de acomodar su número para compararlo con algunos del sexenio pasado y siempre salir ganón. La semana pasada celebró que había encontrado una reducción del 18% con respecto al mismo periodo de cinco meses del año pasado.

El problema es que eso no sirve de mucho y condena a la Secretaría de Gobernación a que en octubre y noviembre de este año tengan que compararse con octubre y noviembre del año pasado que fueron, de hecho, mejores meses que algunos de este año. Porque de hecho la lentísima reducción en el número de homicidios es una tendencia de hace muchos meses, muchos más que la toma de posesión.

¿Qué van a decir?

Permítame, estimado lector, poner este ejemplo: según las cifras de Gobernación, durante febrero de 2013, ya con Enrique Peña en la Presidencia, hubo en el país 1.36 homicidios relacionados con un delito federal cada hora. En abril hubo 1.45 cada hora. Un aumento de casi 7 por ciento en apenas dos meses. (Le digo que todo es cosa de acomodar los numeritos).

Por cierto, el argumento de la “transparencia” tampoco funciona. Hay dos instituciones mexicanas que cuentan los homicidios con metodología transparente y, por lo tanto, discutible en público: el INEGI y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El boletín mensual es innecesario, impreciso, tramposo y descontextualizado.

Sigo sin entender por qué existe. Y creo que en el gobierno siguen sin entender que en unos meses se les va a revertir.

Juegos de Poder

¿Hasta donde van a ceder Peña y el PRI?

Leo Zuckermann

EXCELSIOR

Lo más importante del addendum del Pacto por México fue el compromiso de adelantar la reforma política. PAN, PRI, PRD y el gobierno de Peña pactaron sacarla antes de las reformas hacendaria y energética que son las dos más importantes en materia económica. En este sentido, panistas y perredistas se anotaron un triunfo porque ahora sí vamos a ver hasta qué punto los priistas están dispuestos a ceder cosas importantes, medidas que les disgustan, a cambio de reformas que podrían acelerar el crecimiento económico del país.

Sin menospreciar lo que se ha logrado con el Pacto por México, que es mucho, hasta ahora se han aprobado reformas (la educativa y de telecomunicaciones, y muy pronto la financiera) donde no habían grandes diferencias ideológicas entre los tres grandes partidos. Además, estas reformas afectaron los intereses de grupos muy poderosos que sólo se podían tocar con un amplio consenso de la clase política: me refiero al sindicato más grande de América Latina (el SNTE y su líder Elba Esther Gordillo), al empresario más rico del mundo (Carlos Slim), las dos televisoras nacionales (Televisa y TV Azteca) y los bancos. Poco pudieron hacer estos grupos frente a la unión del gobierno federal con el PRI, PAN y PRD.

Pero una cosa es afectar los intereses de estos grupos y otra muy diferente es tocar los intereses de la clase política y los partidos. Ahí las cosas se podrían complicar, y mucho. Sabemos, por ejemplo, que al Presidente y al PRI les disgustan dos posibles reformas políticas: la segunda vuelta electoral en la elección presidencial y la reelección inmediata consecutiva de legisladores. A lo largo de su campaña, Peña  se opuso enfáticamente a ellas. Sin embargo, ambas son parte de la plataforma del PAN desde hace tiempo. El ex presidente Calderón las propuso al Congreso pero el PRI las bloqueó.

Y es que el tricolor entiende que podrían afectar sus intereses. Tomemos el caso de la segunda vuelta en la elección presidencial. Peña y el PRI saben que el país está dividido en priistas y anti-priistas. Hoy, sin segunda vuelta, el PRI, con un candidato razonablemente bueno, tiene probabilidades de ganar ya que el voto anti-priista se divide entre la izquierda y el PAN. Al introducir la segunda vuelta, el candidato del PRI pasaría a ésta para enfrentarse al candidato mejor posicionado entre la izquierda y la derecha. En una de esas el voto anti-PRI se aglutina y le ganan al PRI. ¿Para qué arriesgar perder la Presidencia en una segunda vuelta cuando se puede ganar en una elección de una sola vuelta?

Luego está el asunto de la reelección. A los priistas les choca. Saben, por un lado, que esto debilitaría la disciplina partidista. Como el diputado o senador ya no tendría que apostar su futuro político a estar bien posicionado en el partido, sino en el electorado que representa, pues un legislador priista podría indisciplinarse frente a la línea partidista. Y esto, en la cultura política del PRI, es un anatema. Amén que, por otro lado, el actual Poder Ejecutivo, que es priista, vería reducido su poder frente al Poder Legislativo.

No es gratuito, entonces,   que Peña rechace la segunda vuelta y la  reelección. Las percibe  inconvenientes.  Pero el PAN las va a poner en la mesa de negociación de la reforma política porque a los panistas, a diferencia de los priistas, sí les convendrían dichas reformas.

¿Cederá Peña y el PRI reformas políticas a cambio de las reformas hacendaria y energética? ¿Estará dispuesto a aceptar la segunda vuelta y la reelección legislativa?

Quizá Peña sí porque él, a final del día, ya es Presidente y por lo menos la segunda vuelta no le afectaría. Pero todos aquellos priistas que están en la fila para sucederlo, pues supongo que no verían con buenos ojos un acuerdo de este tipo. En la lista hay que incluir, desde luego, al negociador en jefe del Pacto: el secretario de Gobernación. Lo cual nos lleva a otra pregunta: ¿podrá Peña disciplinar al PRI para que éste ceda en medidas que podrían afectar sus intereses futuros?

El desenlace de la reforma política va a determinar en mucho el futuro del país. A diferencia de reformas que afectaron a actores externos, ahí se negociarán medidas que potencialmente perjudicarán los intereses de la clase política, incluyendo al Presidente y su partido. Ahí mediremos hasta dónde Peña y el PRI ceden para sacar adelante su agenda reformista, y hasta qué punto los intereses del Presidente y su partido están alineados.

Razones

La “consagración” de César Duarte

Jorge Fernández Menéndez

EXCELSIOR

Abril y principios de mayo han sido meses de vértigo para el gobernador de Chihuahua, César Duarte. Primero un comentadísimo cumpleaños, para el cual, según relata la prensa local, se contrató a “Juan Gabriel, Pablo Montero, el Mariachi Vargas, Francisco Céspedes y Alicia Villarreal, quienes cantaron Las Mañanitas y amenizaron la fiesta del gobernador chihuahuense… Para el festejo del mandatario local, el cual se realizó el sábado en la Casa de Gobierno, ubicada en la Avenida Zarco, se cerraron las calles aledañas a la mansión oficial, se arreglaron los jardines e interiores de la misma, para un festejo que duró varias horas, incluso hasta la madrugada del domingo”.

Si la fiesta fue en la casa de gobierno y con tal cantidad de artistas e invitados, cierres peatonales y demás, se habrán utilizado recursos públicos, pero ese es otro tema. Después tuvo una exitosa, en lo personal, visita a la feria de San Marcos en Aguascalientes, donde le terminaron “donando”, mire usted qué suerte, un caballo cuarto de milla valuado en 100 mil dólares, pero que el gobernador dijo que sólo costaba unos 150 mil pesos y que lo aceptaba para mejorar la raza (equina) en el estado.

Pero lo mejor ocurrió entre el cumpleaños y la Feria de San Marcos. El gobernador hizo lo que nunca antes había hecho un gobernante en el México posrevolucionario: en presencia de los responsables de los tres Poderes del estado, de toda la jerarquía eclesiástica y de todo su gabinete, Duarte “entregó” el estado a Dios en una ceremonia religiosa de “consagración” a la que asistieron diez mil personas, incluida, obviamente, toda la clase política local.

Allí, el gobernador ofreció perdón a Dios “por todo lo sucedido en el pasado en Chihuahua” y agregó, “yo, César Duarte Jáquez, por este medio me consagro a mí mismo, a mi familia, a mi servicio público en la sociedad, pido al Sagrado Corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me ayude a la intercesión del Inmaculado Corazón de María, le entrego a Dios y a su divina voluntad todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua… Le pido a Dios que nos ayude a cambiar todo lo que no sea de él, yo César Duarte declaro mi voluntad delante de Dios, delante de los señores obispos y de mi pueblo, amén”.

Duarte, que tendrá elecciones locales el 7 de julio próximo, voló luego a Aguascalientes (a recibir el caballo, etc.) donde declaró que no había violado el Estado laico con la ceremonia “porque fue un acto privado”. Yo no sé qué entiende el gobernador por acto privado, pero definitivamente no lo es cuando asisten diez mil personas, los tres Poderes del estado, todo el gabinete, toda la jerarquía eclesiástica y cuando el gobernador consagra a todo un estado a un culto religioso.

Tiene derecho Duarte a realizar en privado los gestos y actos de entrega religiosos que desee. Pero no de involucrar a toda la sociedad, a toda la clase política y a los tres Poderes del estado. El Estado mexicano es laico, no profesa religión alguna, entre otras razones porque ello le da garantías y derechos a las minorías religiosas, sociales, étnicas, políticas, sexuales. Un gobernante no puede “entregar” un estado a una religión, por muy respetable que sea, sin violar una de los principios  fundamentales de la Constitución y vulnerando el andamiaje, el pacto social, sobre el que se construyó el Estado mexicano contemporáneo. El gobernador fue elegido para gobernar para todos con base en las leyes, no en preceptos religiosos, se coincida o no con ellos.

Mención aparte merece la declaración de que le pedía perdón a Dios por todo lo que había ocurrido en Chihuahua. Lo sucedido en este magnífico estado desde hace años es responsabilidad de los gobernantes… no involucremos a Dios en ello.

Chihuahua ha tenido el mayor porcentaje de muertes en por lo menos los últimos 15 años; ha tenido historias terribles de asesinatos brutales de mujeres, las tristemente célebres muertas de Juárez, un hecho que nunca ha sido resuelto ni castigado; que sigue teniendo, pese a avances discretos, altos índices de violencia; donde los jóvenes han sido, junto con las mujeres, las principales víctimas; donde los distintos gobiernos ignoraron durante años el compromiso social con las familias para otorgarles a esas mujeres (sobre todo) y esos hombres que trabajaban en su industria, en sus maquiladoras, en sus campos, las oportunidades básicas para salir adelante.

Por eso el deterioro social, por eso el altísimo involucramiento de jóvenes en pandillas, por eso la violencia contra las mujeres. No sé si con ello la sociedad se alejó de Dios; sé que los gobernantes no cumplieron con su responsabilidad. Y que con actos de conversión y entrega religiosa hechos públicos en los prolegómenos de una campaña electoral, se alejan aún más de ellas y del cumplimiento de la ley.

Frentes Politicos

Frentes Politicos

EXCELSIOR

I. Urgencia. Al tricolor le apremia que se abra un periodo extraordinario de sesiones. Así que Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados tricolores, llamó a construir los acuerdos necesarios para citarlo y aprobar de inmediato la reforma financiera que activará el crédito bancario y el aparato productivo del país. Está visto que la salud financiera de México requiere algo más que oxígeno y eso sólo lo tendrá con una bien planeada reforma. Para ello son indispensables los acuerdos.  Beltrones sostuvo que se debe fortalecer el mercado interno y la generación de empleo. Y aseguró que confía en la celeridad de las cámaras. El país también.

II. ¿Quién tiene miedo? Gustavo Madero, líder nacional del PAN, afirmó que el pánico que siente el PRI lo lleva a impugnar las alianzas partidistas que los albiazules construyeron en los estados. Alianzas que son democráticas y buscan el bienestar de la nación. Puntualizó por qué volvieron al Pacto por México: para colaborar e impulsar las reformas, competir con sus opositores e impulsar la transición democrática, y denunciar las prácticas de utilización de recursos del Estado con fines políticos. ¿Seguro no hubo negociaciones fuera de esto? Él asegura que no. ¿No será que quienes sufren pánico son los panistas que ahora no se animan a ir solos? ¿De verdad perdieron la fe en sus propias fuerzas?, ¿tan minimizados están?

III. Un día sí y uno no. Ernesto Cordero, coordinador del PAN en el Senado, no confía en que el agregado del Pacto por México sea garantía de que los gobiernos priistas saquen las manos del proceso electoral, por lo que su bancada impulsa incluir en la reforma política la segunda vuelta, la reelección legislativa, así como modificaciones al Coneval para, dijo, que no les den atole con el dedo. Emilio Gamboa, coordinador del GPPRI en el Senado, por lo pronto dijo que su partido no tiene que hacer nada ilegal o indebido para ganar elecciones. ¿O qué sólo cuando la oposición gana hay democracia?

IV. Los altos costos. Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE, logró lo que ninguno de sus antecesores. Pero no le aplauda. Lo que ha hecho es concebir para México una democracia cada vez más cara. Entre las contrataciones que hizo el IFE durante el pasado proceso electoral, destacan 7.9 millones de pesos en publicidad colocada en tortillerías del país y el pago de 20 mil pesos mensuales por cada policía que resguardó la sede del Instituto, a la SSPDF. Además, el IFE pagó publicidad en el Metrobús, Mexibús, redes sociales, banners y en un motor de búsqueda en internet. Cantidades con muchos ceros. Dinero tirado a la basura.  Valdés trajo también la desconfianza en el Instituto más oneroso de la historia. Por suerte, a ese relojito le queda poca cuerda.

V. No los pierda de vista. A los panistas  Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación; el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal y Marco Antonio Adame Castillo, integrante del Consejo Rector del Pacto; por parte del PRD, al diputado Jorge de la Vega Membrillo, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; el diputado  Agustín Miguel Alonso  Raya  y Jesús Ortega Ramírez, integrante del Consejo Rector del Pacto y por el PRI; al senador Daniel Amador Gaxiola. Los miembros del Pacto por México reanudaron la discusión para la elaborar las leyes secundarias de la reforma educativa. De ellos será la responsabilidad de que los profesores no vivan en un régimen especial cuando abandonan su trabajo, cuando cierran carreteras, cuando destruyen bienes o cuando secuestran autobuses. Basta ya de impunidad.

VI. La PGR, a cargo de Jesús Murillo Karam, soltó la bombita: reportó que de 2000 a 2012 gastó 178 millones de pesos para cubrir rubros relacionados con la protección de 614 testigos colaboradores. De 2006 a 2012 se tuvo un gasto de 115 millones 36 mil 679 pesos, mientras que de 2000 a 2005 se reportó una cifra de 63 millones 225 mil 814 pesos. Sin embargo, la dependencia no presentó un desglose de los gastos en rubros como manutención,  transporte o vivienda. Esto,  provenientes de una solicitud realizada al IFAI, generó que el particular se haya inconformado con la respuesta. ¿A cuántos de esos les pagaron por mentir, por fabricar culpables?

Arsenal

Trafico de influencias

Francisco Garfias

EXCELSIOR

Otra vez escuchamos el nombre de Tradeco, una de las empresas más favorecidas con contratos públicos en el sexenio pasado. Otra vez aparece detrás un destacado panista que formó parte del gabinete de Felipe Calderón.

Otra vez los señalamientos de “tráfico de influencias” en la construcción de penales. Nos dicen que el personaje en cuestión habló varias veces con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para favorecer a esa empresa.

“Lo mandó a volar”, puntualiza una fuente de primer nivel.

Los panistas están muy indignados por las redes electorales en Veracruz. Deberían de estarlo más con correligionarios que utilizaron sus influencias para hacer negocios que los convirtieron en millonarios “Por eso perdimos las elecciones”, remató la citada fuente.

■”Son puras especulaciones. Eso ya está totalmente superado…”, reviró el senador Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara alta, cuando le preguntamos sobre las versiones de la prensa gringa en el sentido de que hay molestia en Washington por el establecimiento de una “ventana única” (la Secretaría de Gobernación) en materia de lucha contra el narcotráfico.

No más contactos directos con la Marina, con la Policía Federal o con el Ejército.

Fayad comió el pasado miércoles, en el Senado, con el embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, y con Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de esa cámara. Allí pudo constatar la “falsedad” de las mencionadas “filtraciones”.

“(El embajador) tiene muy claro lo que se está haciendo en México en materia de lucha contra el narcotráfico. El hecho de que ahora haya una sola cabeza ha permitido una mayor coordinación entre las distintas dependencias. Eso le conviene a nuestro primer socio comercial”, manifestó el hidalguense.

■¿Cuánto le costó al erario la campaña de Herminio Blanco para la dirección general de la Organización Mundial de Comercio? Es la pregunta que el miércoles próximo, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, harán la senadora Gabriela Cuevas y la diputada Adriana Díaz, ambas del PAN.

Fueron 106 días de campaña, con visitas a Turquía, Arabia Saudita, Países Bajos, Rusia, Polonia, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Francia, Senegal, Costa de Marfil, Nigeria, Alemania, Londres, Moscú, entre otros. “Un recorrido muy importante con boletos de avión y hoteles”, puntualizó Cuevas.

La senadora no incluyó los desplazamientos de la embajadora Lourdes Aranda por diversos países para cabildear a favor del liberal mexicano.

El resultado todos lo sabemos. Blanco perdió en la recta final frente al brasileño  Roberto Carvalho de Azevêdo . El esfuerzo, sin embargo, valió la pena. México debe dejar de verse al obligo. Le urge un papel más activo en el escenario internacional. Aunque no estaría mal que hubiese transparencia sobre los costos de esa fallida candidatura.

Las legisladoras de Acción Nacional presentaran también una iniciativa conjunta para que el Senado mexicano pueda tomar una decisión en estas candidaturas de México. “Constitucionalmente tiene facultades en materia de política exterior por lo que en estos temas no debe quedar excluido”, concluyó la senadora.

■Muy activa anda la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu. Los foros de consulta para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo —en el ramo que encabeza— la traen ocupadísima. “Se trato de un ejercicio de consulta con amplia participación de todos los sectores y de renovados expertos en la materia. Eso permitirá construir un plan incluyente con una visión multidisciplinaria”, nos dicen en esa secretaria.

Entre los especialistas convocados, destacan Silvia Hernández, ex secretaria de Turismo; Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Alberto Gómez Alcalá, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, y Héctor Flores, director del Grupo Empresarial Estrategia. Las 106 propuestas que surgieron de los foros serán entregadas próximamente al presidente Peña Nieto.

■Mal le fue al candidato del PAN a la alcaldía de Puebla. Estudiantes de la UDLA le arrojaron huevos apenas ingresó en esa casa de estudios. La cosa no paró allí. Ya dentro del recinto se confrontó con un estudiante. Tuvo que salir por piernas.

■Moraleja de la semana (cortesía de Tácito, historiador romano): En un espíritu corrompido no cabe el honor.

Itinerario Político

El tesoro de Peña Nieto

Ricardo Alemán

EL UNIVERSAL

A seis meses de iniciado el gobierno “del nuevo PRI”, queda claro que la naciente administración apostará todas sus fichas –por lo menos durante el primer tercio del sexenio–, a un proyecto político que ya es conocido en el primer círculo del poder y –en el mundo–, como “el tesoro de Peña Nieto”.

¿Y cuál es ese tesoro? Todos lo conocen; se llama Pacto por México y no es una ocurrencia, tampoco un programa pasajero y mucho menos se trata de un volado. No, en realidad es la piedra angular de la nueva administración y, por eso, la instrucción dictada a todo el Gobierno federal, a los gobernadores del PRI y –en general– a toda la estructura de ese partido es que el Pacto se defiende a costa de lo que sea. Sí, porque el Pacto es “el tesoro de Peña Nieto”.

Por eso el PRI y el presidente Peña aceptaron incluir en El Pacto todas las propuestas programáticas planteadas por el PAN y el PRD –a pesar de que el tricolor no comparte muchas de ellas–; por eso el propio Peña maneja cada uno de los hilos del Pacto; por eso giró instrucciones para que ningún funcionario público, alcalde, legislador y gobernador ponga siquiera la menor piedra en el camino del Pacto; por eso ha corregido el rumbo para evitar un posible descarrilamiento.

Por eso ordenó la operación política y judicial que derivó en la detención y encarcelamiento de la profesora Gordillo y también por eso está de vuelta en las filas del PRI –y controlado por el Gobierno–, el poderoso SNTE. Y es que el Pacto requiere el control férreo del gremio mayoritario de los maestros.

Y también por eso, porque el Pacto vale oro para Peña, el Presidente ordenó evitar el menor choque con los maestros de la CNTE que en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, literalmente declararon la guerra a la reforma educativa y al gobierno de Peña Nieto. Por eso los estrategas presidenciales del Cisen, la PGR y Gobernación –con la ayuda del Poder Judicial– diseñaron una compleja estratagema de presión política y extrajudicial que consistió en detener a cuatro maestros con los que se mandó el mensaje de que la cárcel sería el destino para los violentos, sin dar oportunidad para crear mártires.

Por eso se hizo caer en una trampa a los maestros de Guerrero y de otros estados, para que se exhibieran –en vivo y en directo– como vándalos, violentos y delincuentes sin control y sin tregua –para tener las órdenes de aprehensión en la mano–, y para jalar la cuerda cuando sea necesario política y judicialmente. Y por eso, porque el diseño resultó casi perfecto, los vándalos de la CNTE no sólo mordieron el anzuelo sino que le dieron al gobierno de Peña Nieto las órdenes de aprehensión para tenerlos a raya.

Por eso, y con el aval del Gobierno capitalino, los estrategas de Peña dejaron que los vándalos del DF también se exhiban como violentos sin límite, mientras que son identificados los títeres, ubicados y contactados los titiriteros con los que se negocia y pacta en condiciones de ventaja para el Gobierno.

Por eso dejaron que se exhibieran los vándalos que tomaron la Rectoría y por eso no intervino la autoridad, porque nadie dará un milímetro de ventaja a las fuerzas que se mueven detrás del vandalismo y de la violencia de la CNTE, cuyo objetivo oculto es desbarrancar el Pacto y descalabrar a Peña Nieto.

Por eso Peña retrocedió un paso, corrigió y de inmediato retomó el rumbo cuando el PAN y el PRD denunciaron trampas y cochinero electoral en Veracruz y en otras entidades. Por eso pactó en la mesa victorias electorales para la oposición –a pesar de que PAN y PRD lo nieguen–, y ordenó bajo perfil en aquellos lugares donde el PRI debe perder, porque el Pacto lo vale y porque no lo empañará un solo reclamo de cochinero electoral.

Por eso Peña Nieto debió tragar sapos y serpientes para dejar pasar la reforma electoral que apenas hace meses él mismo ordenó detener. Y por eso se comprometió a no mover un solo peso de programas sociales en los estados donde habrá elecciones el próximo 7 de julio. En realidad Peña Nieto está dispuesto a todo para defender su proyecto emblema; el Pacto por México.

Y es que, además, Peña Nieto sabe que el Pacto tiene muchos enemigos no sólo dentro del PRI, sino al interior del PAN y del PRD. Pero sobre todo sabe que existe un adversario que puede ser letal y que cuenta con la capacidad para descarrilar “el tesoro de Peña”. ¿Y quién es ese adversario?

Se llama Andrés Manuel López Obrador, quien hace y hará todo para descarrilar un pacto que lo deja fuera de la jugada y sin banderas. Pero lo que no sabe AMLO es que Peña no es Fox y no es Calderón. Lo que no entiende AMLO es que Peña es un priista de fuerte genética tricolor, igual que la genética de AMLO. Al tiempo.

Diego, tres años después

Raymundo Riva Palacio

ZOCALO SALTILLO

Esta semana hay una efeméride muy poco recordada, salvo por aquellos cuya vida quedó marcada por ella: el secuestro de Diego Fernández de Cevallos en mayo de 2010, quien duró retenido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante siete meses. Esta fecha no suele ser recordada, pero en esta ocasión coincide con un comunicado del EPR del 29 de abril pasado que cierra varios ciclos guerrilleros.

El ELN es una escisión del EPR, que opera en la zona de El Bajío y San Luis Potosí desde hace varios años, dedicado al secuestro. Se le adjudican retenciones de alto impacto, como el de la sobrina del empresario José Sulaimán, y de un empresario poblano por el cual se pagaron alrededor de 7 millones de dólares. El ELN, la parte más criminal y menos ideológica de la guerrilla, siempre le ha dado parte de sus ganancias al EPR, aunque éste lo ha negado. En el caso de Fernández de Cevallos, que nunca ha hablado de su cautiverio, el rescate fue de 30 millones de dólares –que salieron de préstamos bancarios-, pagados por varios sacerdotes.

La conexión que hace importante la efeméride es el comunicado del 29 de abril con el “juicio revolucionario” que el ELN hizo a Fernández de Cevallos, probablemente, antes del 26 de mayo de 2010, cuando emitieron su segundo comunicado sobre el secuestro, en el que hablan de las relaciones del abogado. Esta red de contactos no fue una improvisación del ELN, sino que salió de lo que él mismo “declaró” a sus captores, de acuerdo con la primera declaración ministerial que hizo dos días después de su liberación el 20 de diciembre en Los Pinos, que nunca ratificó ante el Ministerio Público.

Los nombres que dio en ese entonces, coinciden con los que mencionó el EPR en su reciente comunicado, y los que identifica como miembros de los “clanes oligárquicos” beneficiados por las reformas derivadas del Pacto por México. En este documento el EPR comenzó a difundir extractos del “juicio revolucionario”, donde sugiere nuevos secuestrables e identifica como a enemigos al comisionado de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, y el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Además, este mismo texto conecta con otro un comunicado que difundió el EPR el 21 de junio de 2012, donde perfilaba la construcción de un frente de masas –su cobertura social y política-, que necesita toda guerrilla para apoyar sus frentes de guerra.

En este mismo espacio se publicaron en diciembre las señales que estaba emitiendo el EPR para 2013. La primera relevante la mostró el EPR en un comunicado que difundió el 21 de junio pasado, tras la llamada Convención Nacional contra la Imposición, celebrada en San Salvador Atenco, donde decía: “No dudamos que ante un fraude  (electoral) y por consiguiente una imposición, habrá grupos que quieran hacer una revolución”, dice el EPR. La segunda fue el 9 de diciembre, donde habló de las “diferentes expresiones de descontento”, algunas enfiladas a organizar guerrillas, y otras en proceso de radicalización. La tercera es la del 29 de abril donde afirma: “Las movilizaciones populares, del magisterio democrático, de estudiantes normalistas y universitarios, son necesarias e irán en aumento”.

El EPR ha engañado con la verdad. Ha venido anunciando desde hace 10 meses el proceso de construcción de un movimiento de masas con un brazo armado. No quisieron verlo, o lo vieron pero no lo atajaron, pero ya está aquí. En el Distrito Federal, en Guerrero, en Oaxaca, de manera activa. “Son tiempos de resistencia popular, de organización y lucha consecuente, de organizar creativamente la autodefensa popular, de vincular la lucha con todos los sectores populares de impulsar y generalizar las acciones políticas de masas conjuntas”, especificó en el comunicado. El dilema ya no es convivir con un EPR acotado, como en otros años, sino cómo se ataja su crecimiento y se le regresa al lugar donde su daño estaba focalizado, en lugar de inyectar un virus rebelde a las inconformidades sociales, bajo el diagnóstico que dejan traslucir que las condiciones objetivas para la insurrección, están dadas.

Jaque Mate

Precios altos

Sergio Sarmiento

ZOCALO SALTILLO

En la inmensa mayoría de productos no hay en México controles de precios. Y hay buenas razones para ello. Los controles bajan la producción, generan mercados negros y elevan los precios de manera artificial. Terminan por dañar más a los más pobres.

No sorprende que un grupo de diputados del PRD no se haya enterado y haya realizado el 9 de mayo una “clausura simbólica” de las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor por no controlar los precios. Pocos políticos entienden en realidad cómo funciona la economía. Pero el que la Profeco esté empeñada en una campaña para hostigar a establecimientos comerciales por subir los precios del huevo o del pollo sí es inquietante. Esto no es sólo una violación de la ley, ya que no hay controles de precios ni en el huevo ni en el pollo, sino una medida irresponsable que puede terminar por elevar los precios de estos productos.

La Profeco se encuentra bajo una enorme presión política. El intento de clausura del restaurante Maximo Bistrot de la capitalina colonia Roma porque Andrea Benítez, la hija del procurador Humberto Benítez, no recibió la mesa que quería con la prontitud que deseaba, ha generado una avalancha de críticas en contra del procurador y de la Profeco, una institución que siempre ha tenido una buena imagen ante los ciudadanos.

La Profeco ha respondido con una campaña en medios de comunicación buscando rescatar esa imagen positiva acumulada durante 37 años de funciones. El que el momento haya coincidido con una escalada inflacionaria en productos alimenticios, como el tomate verde, el huevo y el pollo, ha incrementado los problemas de imagen de la Profeco.

La verdad es que la Profeco no tiene el mandato legal de aplicar controles de precios, pero eso no ha impedido que haya empezado desde el sexenio
pasado a hostigar a comerciantes por el delito de subir los precios. El día de la clausura simbólica de la Profeco por los perredistas, el director general de verificación, Jesús Rangel, argumentó en descargo de la institución que ésta ha suspendido en lo que va del año a 96 comercios “por no acreditar documentalmente el incremento en el precio de venta del precio del huevo”, ha colocado sellos de advertencia en 300 negocios y ha clausurado siete bodegas de la central de abastos de Toluca.

El principal problema es que la ley mexicana no establece un control de precios.

La Profeco está hostigando a negocios legítimos por simple arbitrariedad. En un estado de derecho, las declaraciones del director de verificación deberían ser tomadas como confesión de parte para destituirlo y procesarlo por abuso de autoridad.

El otro gran problema es que si este hostigamiento a los establecimientos formales persiste –y ya sabemos que la Profeco no se atreve a meterse con el comercio informal—se reducirán los incentivos para que haya una mayor inversión en la producción de pollo y huevo por lo que un problema temporal puede convertirse en endémico. El resultado sería generar mayores precios para los consumidores o el desvío de una parte creciente de la producción de pollo y huevo al mercado informal en el que la autoridad no se atreve a intervenir.

Mucho escándalo se ha hecho en torno al abuso de la hija del procurador, que ha llevado de hecho a la suspensión de cuatro funcionarios de la Profeco que participaron en el intento de clausura del Maximo Bistrot. Lo realmente de fondo, sin embargo, lo que debería llevar a aplicar sanciones radicales en contra del procurador y sus subalternos, es el hostigamiento de negocios formales por subir precios aunque no haya controles de precios en nuestro país.

AGROPECUARIOS

La inflación general anual fue en abril de 4.65 por ciento. La de productos agropecuarios alcanzó 17.25 por ciento. La solución no radica en aplicar controles, sino en eliminar los muchos obstáculos a la inversión productiva en el campo. Si no, habrá que importar más alimentos.

Cristalazo

El país del peligro

Rafael Cardona

Crónica

No cuidamos, no prevemos, no respetamos. Y las consecuencias nos hacen pensar por un rato en la culpa de la mala suerte y así seguimos por el mundo, por la vida y por la muerte.

La reciente y mortífera explosión de un  trasporte de gas en San Pedro Xalostoc, nos regresa a los aciagos días de San Juanico o cualquiera de las muchas tragedias de esta naturaleza, ocurran en donde ocurran y cuya incidencia, justo es decirlo, ha sido menor gracias a las medidas precautorias de Petróleos Mexicanos.

Pero la frecuencia de los accidentes –de permisionarios, transportistas o usuarios—, más allá de llevarnos a pensar en la malignidad de los hados y la perversidad de la suerte y el destino cebados en contra nuestra, nos debe obligar a la reflexión de hasta dónde nuestro comportamiento general, nuestra imprevisión, nuestra dejadez y todos esos componentes del mexicanísimo “ai se va, me vale madre”,  auxilian en su camino a la desventura.

No hay día sin camión desbarrancado, contendor en riesgoso derrame; volcadura en medio de la curva. No pasa la mañana completa sin enterarnos de fuga, corto circuito o mufa explosiva en medio de las calles del centro, percance este cuya frecuencia ha ido disminuyendo mientras merma la capacidad política de los aburridos electricistas cuya empresa falleció (o fue asesinada o ambas cosas) en los días gloriosos del calderonato. Pero más allá de las causas inducidas, hay una permanente actitud nacional de sabotaje inconsciente.

Cada toma clandestina, cada “diablito”, cada fuga de agua, cada muro reblandecido por la molicie y la sobrecarga, cada construcción fuera de norma y forma y en general todos los pasos rumbo la casualidad nos llevan a vivir al filo del accidente y a convivir con los riesgos como parte de nuestro folclore nacional.

En el ya dicho caso de Xalostoc, cuya contundencia mortal fue suficiente hasta para dejar al papa Francisco con el tecito servido mientras el gobernador Eruviel Ávila se regresaba presuroso a prestar auxilio a sus amados conciudadanos, la primera reacción de los especialistas y sabihondos (de hondo saber, pues) fue el clamor por suspender el transporte de gas en las carreteras y sustituir su condición por ductos de mayor seguridad, lo cual es altamente relativo.

En México hay más de 14 mil kilómetros de ductos operados por Petróleos Mexicanos, lo cual es relativamente insuficiente. Pero para quienes viven de sustraerle fluidos o gases a esas tuberías, parece ser ubérrimo negocio: nada más en un año (2012) se contabilizaron mermas, y robos, por 7 mil 300 millones de pesos.

Una de las medidas para frenar la ordeña  de ductos consiste, según el manual, en vigilar los “derechos de vía” en el recorrido de los tubos, pero precisamente eso es lo imposible: vigilar el derecho. No solo el de vía, cualquiera otro, pues los accidentes tienen peores consecuencias cuando quienes viven cerca de caminos, vías férreas o ductos, se acercan tanto como para extinguir la restricción de asentamientos.

Nos hemos dado gusto en este país donde tantas cosas inútiles hacemos, en tratar de construir (así le dicen) una cultura de la prevención. Gastamos millonadas en oficinas pomposamente llamadas de “Protección Civil” cuya utilidad se le embarra al Camembert o al manchego, según guste el comensal.

Desde los sismos del 85 hemos querido inventar un sistema de detección oportuna de movimientos telúricos, cuyo resultado ha sido una pura chacota. Perdemos el tiempo con burócratas al galope por escaleras y patios cuándo los convocamos a la evacuación  simulada y ganamos para el jefe planas en los diarios para festejar sus previsores “mega-simulacros”; o sea una pérdida masiva de tiempo con cargo a las horas potencialmente laborables.

La protección civil no tiene relación con medidas previsoras. Los edificios carecen de escaleras para incendios; las puertas de emergencia se cierran con candados, los cupos autorizados no se respetan, las salas públicas son ratoneras impías y en general se vive sin pensar en las consecuencias. No cuidamos, no prevemos, no respetamos. Y las consecuencias nos hacen pensar por un rato en la culpa de la mala suerte y así seguimos por el mundo, por la vida y por la muerte.

Claro, no faltará el optimista quien diga, a fin de cuentas es una válvula de escape para nuestro grave problema demográfico. Sin la “poda” de los “accidentes” la población crecería mucho más. Pero eso ya superaría cualquier cinismo.

RÍOS MONTT

Ochenta años de prisión le ha decretado la justicia de su país a Efraín Ríos Montt, ex dictador guatemalteco, milico férreo e insensato; duro, durísimo contra los alzamientos campesinos y expresiones de disidencia, a pesar de las declaraciones y actitud del presidente Pérez Molina quien halla en este acto la extemporánea influencia de los comunistas.

¡Ay!, hace cuanto tiempo no es escuchaba a esta cantaleta: el comunismo internacional, como si algo de él quedara vivo.

Pero la institucionalidad en ese vecino país es tan endeble como muchas de nuestras cosas, así pues, hay enormes posibilidades de logar éxito en apelaciones y triquiñuelas para sacar a Ríos Montt del problema, aligerarle la condena, alegar en su favor problemas de salud, de edad, de consunción senil o quien sabe cuántas más.

Pero en una de esas hasta lo sacan del “bote”. Por lo pronto, ya lo metieron.

Clase Política

Dinero y precandidatos

Miguel Ángel Rivera

Al acercarse la fecha de las elecciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recordó a los partidos políticos que ellos son los responsables del control y registro contable de los ingresos y gastos de sus precandidatos.

No sólo eso, los partidos están obligados, también, a recabar la documentación que compruebe todas las operaciones económicas, ya sea con financiamiento público o privado.

La jurisprudencia, aprobada desde antes del proceso electoral de 2012, todavía está vigente y es inapelable, precisó el TEPJF.

La cosecha

Al destacar la conveniencia de que en México se apruebe la reforma constitucional en materia de transparencia, la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) Jacqueline Peschard, durante una reunión internacional de expertos efectuada en Lima, Perú, sostuvo que en el ejercicio del derecho de acceso a la información no debe haber ciudadanos de primera ni de segunda. Peschard reveló que, a la fecha, no todas las entidades del gobierno federal ni todos los gobiernos estatales cumplen cabalmente con el mandato constitucional de informar, por lo que es necesario contar con criterios y mecanismos comunes y fortalecer los órganos garantes de hacer respetar las demandas ciudadanas.

Por mandato del Ifai, la Procuraduría General de la República reveló que durante los anteriores dos sexenios, sus antecesores gastaron 178 millones de pesos en testigos colaboradores o protegidos, los cuales pocos resultados redituaron en casos importantes. Los testigos reclutados durante los gobiernos panistas fueron: 27 en 2000, 35 en 2001, 42 en 2002, 39 en 2003, 44 en 2004, 48 en 2005, 43 en 2006, 50 en 2007, 57 en 2008, 61 en 2009, 43 en 2010, 60 en 2011 y 65 en 2012.

Nos disponemos a trabajar de manera inmediata en la reforma financiera presentada por el Ejecutivo federal y avalada por los partidos integrantes del Pacto por México, para contar con un instrumento jurídico que resulta indispensable y urgente para impulsar el crecimiento y el empleo, manifestó el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien dejó abierta la posibilidad de que se convoque a un periodo extraordinario para la eventual aprobación y promulgación de las nuevas normas en materia de finanzas.

El Pacto por México se reanuda y retoma su curso, porque busca impulsar la transformación del país, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de los mexicanos, afirmó el coordinador de los senadores priístas, Emilio Gamboa Patrón, quien destacó que ese acuerdo actúa en bien del país, no para algún partido político.

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y el director del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), César Martínez Baranda, suscribieron un convenio para otorgar créditos para ser invertidos en línea blanca, servicios médicos y funerarios, en beneficio de 13 mil 800 trabajadores del gobierno del estado.

Astillero

131Imprecisión y decaimientoDevolución a TelevisaMadres de desaparecidos

Julio Hernández López

Como el resto de las fuerzas que se opusieron activamente al proceso de reinstalación del priísmo en el poder, el movimiento #YoSoy132 pasa por una etapa de imprecisión y decaimiento que tuvo gráfica evidencia el sábado recién pasado, a la hora de conmemorar el primer aniversario del viernes negro de Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana y el consecuente inicio de una movilización juvenil crítica que parecía destinada a lograr reivindicaciones inmediatas y una presencia política organizada, eficaz y sostenida.

Sin la capacidad de convocatoria del pasado tan reciente ni la insólita movilidad plural del arranque, el movimiento de inclusión denominado 132 parecería reinstalado en su fase 131, es decir, en la protesta como reacción (y aún no como verdadera organización) y en la expectativa de crecimiento. Es una forma de retroceso derivada del involutivo proceso político general del país, de la apatía generalizada ante el retorno de las peores prácticas del peor priísmo, de la provocación y el aviso represor del uno de diciembre, de la insuficiencia y el desgaste del lopezobradorismo al decidir convertirse en partido y del abatimiento de la oposición formal mediante un pacto de mercantilización partidista.

Y sin embargo, el movimiento de jóvenes que se manifestó el sábado anterior conserva la gran posibilidad de restituir su capacidad combativa, porque las causas que le dieron origen continúan vigentes (aunque el sistema, tramposo trata de aparentar que atiende algunas de sus demandas, como las relacionadas con las telecomunicaciones) y porque, habiendo sido impactado negativamente por las maniobras de candidatos, políticos y partidos, constituye hoy una posibilidad casi única de relanzamiento de formas de lucha diferentes, no domesticadas ni obsesivamente electorales, partícipes de momentos cruciales como los venideros en materia de reformas fiscales y energéticas pero sin confiar ni entregarse al esquema institucionalizado de representación política.

Justamente el día del aniversario del 132, realizado con espíritu festivo en el símbolo de la corrupción calderonista que es la Estela de Luz, los jóvenes que centraron su lucha esperanzadora de 2012 en el rechazo al poder manipulador de las televisoras, sobre todo Televisa, y a la imposición política mediante farsas electorales, se encontraron con que la administración peñista había hecho un especial regalo a la empresa cuyo principal accionista es Emilio Azcárraga Jean: Grupo Televisa logró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le condonara un crédito fiscal cercano a 3 mil 334 millones de pesos. La televisora debió pagar 10 por ciento de esa deuda y desistirse de un juicio de nulidad que promovió contra el fisco desde 2011, para acogerse a los beneficios, reportó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)(http://bit.ly/17W9pM9).

Apegada a la legalidad construida para permitir ese tipo de maniobras (como la venta de Banamex sin pago alguno de impuestos), la condonación a Televisa arroja un tufo de pago por favores recibidos, de devolución gananciosa de lo invertido por la empresa mediática en la construcción de una candidatura y en el aval en pantalla a los métodos usados para la compra electoral del poder, de continuidad impúdica de los arreglos políticos y económicos que permiten a las grandes empresas del país encontrar caminos para guardarse o recibir devoluciones de dinero que debería ingresar a las arcas públicas para obras y servicios públicos pero que, en cambio, se quedan en cuentas particulares.

Salta a la vista la incongruencia de los presuntos propósitos asistenciales de Televisa como principal impulsora del Teletón con sus triunfos fiscales. Muchos niños mexicanos con problemas de salud podrían ser atendidos por el Estado con la suma finalmente escamoteada por la empresa televisiva. La Cruzada contra el Hambre dejaría de ser una suma escenográfica de recursos públicos ya existentes si contara, por ejemplo, con esos miles de millones recuperados por la firma cuyo canal más influyente es el delas estrellas.

En ese mismo contexto de conmemoración peñista fue nombrado el director del Instituto Mexicano de la Juventud. La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, tomó protesta a José Manuel Romero Coello, político priísta de Colima que este año ha sido acusado de tráfico de influencias y violaciones a los derechos humanos (http://bit.ly/19gx5cS). El perfil del tipo de joven que el peñismo ha seleccionado para encargarse del instituto mencionado incluye señalamientos de organización e impulso de grupos de choque para enfrentar a opositores al actual ocupante de Los Pinos y a su partido, que en momentos de arrebato lírico es llamado el nuevo PRI.

Madres de desaparecidos en años recientes decidieron instalarse en huelga de hambre frente al edificio central de la Procuraduría General de la República, en Paseo de la Reforma, para exigir que sean atendidos los casos que han presentado en diversas instancias, sin que hasta ahora hayan recibido más que eventuales respuestas burocratizadas. Ocho madres de familia y dos hombres representan con su sacrificio a una creciente comunidad de mexicanos que, de distintas maneras, han sido tomados sin explicación jurídica ni acción gubernamental que investigue y resuelva esos expedientes oscuros. El horror del calderonismo en guerra y el nuevo estilo priísta, con números similares a los del panismo, pero con silenciador mediático, mantienen el expediente abierto de las desapariciones involuntarias.

Y, mientras en una lujosa zona de Zapopan, Jalisco, la Marina irrumpió en un edificio de departamentos (con disparos, presencia de personal forense y la versión de que había caído un alto jefenarco), al estilo que a EU le gustaba durante el calderonismo, como si la visita de Obama a México hubiera restituido formas de trabajo a satisfacción gringa (además, sin que dos días después hubiera una sola información oficial de lo sucedido), ¡hasta mañana!