Una de las preocupaciones sociales es que “la procuración y administración de justicia en México es demasiado especializada, lo que a su vez la hace costosa, compleja y tardÃaâ€, declaró el diputado Francisco Morelos Borja, quien informó que “simplemente en Michoacán, existen 64 mil expedientes en trámite en los tribunales localesâ€, mientras 14 mil causas penales están en suspenso.
Ante el Pleno del Congreso de Michoacán, explicó que frente a la etapa conflictiva que enfrentan México y el mundo, la manera de solucionar las controversias en el sistema jurÃdico mexicano es a través de la justicia ordinaria impartida por los órganos del Estado, la cual ha perdido eficacia y eficiencia en la solución de los asuntos sometidos a consideración de las diferentes instancias jurisdiccionales federales y locales.
En este sentido, prosiguió el coordinador de los legisladores locales panistas, “la reforma al artÃculo 17 de la Constitución General, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, al ordenar que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, constituye un trascendental paso para fortalecer la democracia, al privilegiar la participación de voluntades privadas en el manejo de sus problemas legales y asà convertir dicha opción en un derecho de las personas para decidir por sà mismas sobre sus conflictos, sin la tutela de órganos del Estadoâ€.
Manifestó que dicha opción constitucional significa la posibilidad de desterrar la creencia de que frente a un conflicto, la única y mejor opción es que un tribunal judicial intervenga.
Refirió que la iniciativa dictaminada en la Cámara de Senadores en conjunto, con la minuta de la Cámara de Diputados, respecto a las propuestas de modificación del artÃculo 17, indicó que “se adiciona un último párrafo para que los mecanismos alternativos de solución de controversias sean eje toral del sistema de justicia en general y, por supuesto, del penalâ€.
AsÃ, el diputado Morelos Borja habló acerca de que los mecanismos alternos de solución de conflictos son herramientas que ayudan a la administración de justicia, distintas a las formalmente establecidas y a las violentas, ya que toman en cuenta el contexto sociocultural, la promoción de valores sociales tales como autonomÃa, solidaridad, responsabilidad y cooperación, junto con la participación activa de las personas que están inmersas en el problema, lo que implica el ejercicio de la libertad en la toma de decisiones y compromisos, enfoque que promueve mayor acceso a la justicia de forma eficaz.
Posteriormente, explicó que “se trata de mecanismos extrajudiciales que las ciencias sociales y judiciales ofrecen a jueces, autoridades diversas y abogados en general como alternativas viables para descongestionar su función y ayudarles en su importante tarea, desterrando la desafortunada creencia de que la solución de las diferencias interpersonales deben ser atendidas con exclusividad por ellosâ€.
Reafirmó que gracias a la potenciación que reciben las partes, son éstas las que una vez envueltas en un lÃo, tienen la posibilidad de construir acuerdos para sortearlo. Se trata, igualmente, de eliminar aquel temor reverencial existente hacia la tradicional administración procesal, buscando, en cambio, que las partes en conflicto recuperen la confianza en el sistema y tengan una mayor participación cÃvico democrática en la construcción de justicia.
Precisó que la aplicación de tales medios, ha alcanzado en el mundo actual un gran desarrollo, precisamente por haber demostrado una serie de ventajas con relación a métodos tradicionales.
En consecuencia, el diputado Francisco Morelos Borja presentó a consideración del Pleno su Iniciativa de Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Michoacán e Iniciativa de Decreto que Reforma el artÃculo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
