Por Héctor Luna de la Vega
La globalidad ha propiciado criterios de Ãndole económico-financiero para identificar el abuso o la auto-restricción crediticia, generadoras de deuda pública. La apreciación de la estabilidad financiera de un paÃs y los indicadores macroeconómicos, además de una connotación económica, expresan vulnerabilidades de carácter gubernativo; señaladas como “deuda soberanaâ€.
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Las denominadas agencias calificadoras dictaminan, con base en análisis de Ãndole financiero nacional, tomando el balance y los potenciales desequilibrios en materia de presupuesto público, el denominado “riesgo paÃsâ€, el cual involucra aspectos, situaciones y actores públicos y privados. Recuérdense las calificaciones emitidas recientemente a los “instrumentosâ€, base de la crisis financiera de Wall Street, a la cual una de ellas opinó sobre la emisión y su consecuente circulación de bonos, fungiendo como operador; “juez y parteâ€.
Con los cambios de criterio proveniente de la crisis económica 1994-95 de México, se adoptó el Programa de Emergencia Económica aunado al Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, el cual exigÃa reestructuraciones de los adeudos de los gobiernos locales e inició el Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios, modificándose la Ley de Coordinación Fiscal por afectarse las Participaciones Federales como garantÃa de pago. Surgieron las Unidades de Inversión (UDIS), absorbiéndose el componente inflacionario de la tasa de interés, capitalizándose.
Las UDIS partieron de una cotización de uno a uno pero al sujetarse a una valoración diaria, promedia en el presente 4.41, esto es, las deudas estatales de no haber cambiado su régimen valdrÃan cuatro veces más. En el caso del Estado de México se triplicó en cuatro años el valor de la deuda hasta su reestructuración. A partir de abril del año 2000 se diseñó la figura de fideicomiso para garantizar su amortización, sujetando las deudas públicas al escrutinio de las calificadoras.
En un desaseo ético, denuncian ahora ex-empleados de éstas haber sido obligados a otorgar calificaciones “irracionalmente altas†para después reducirlas arbitrariamente a criterio del emisor del bono, despertándose la duda sobre la validez de las calificaciones determinadas por ellas tanto al Gobierno Federal como a los gobiernos estatales y municipales. Lo evidente es la omisión de pasivos contenidos en las obras financiadas por particulares, cuya amortización está sujeta al flujo financiero de los recursos públicos.
Los denominados Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Gasto Público (PIDIREGAS),  o sus correlativos en los gobiernos locales, generan una alta turbiedad. Son frecuentes las ruedas de prensa para anunciar calificaciones positivas a deudas públicas, cuando se omite la inclusión de obras públicas financiadas.
Las denuncias de excolaboradores de las tres principales agencias, nos inducen a exigir mayor información en el centro operativo de la Bolsa de Valores. Por ello, es urgente la emisión de nuevas reglas para evitar “criterios irracionales†de las agencias calificadoras, evitando “incentivos†que únicamente fortalecen al mercado crediticio privado.
La propuesta lleva la canalización de una expresión emitida por un polÃtico mexicano de hace algunos años “no busquemos culpables, sino responsables†y esperamos un actuar ético, profesional, más responsable y mejor regulado de las agencias calificadoras.
