ESCRITORIO DEL EDITOR.

Al tocar el tema del desempleo, regularmente nos podemos imaginar como trabajadores afectados a una serie de obreros, pero no pasa por nuestra mente que un profesionista pueda ser el afectado. El titular del poder ejecutivo federal, al emitir el decreto mediante el cual queda sin efectos a partir del presente año el dictamen fiscal, tendrá como consecuencia una crisis en el sector de la contaduría pública dedicada a prestar dicho servicio a las empresas obligadas por disposición legal a dictaminar por un contador público registrado ante el Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, sus estados financieros.

El dictamen fiscal está vigente en razón de que las normas que lo contienen en la legislación relativa no se han derogado, sin embargo, el decreto mediante el cual se exime de su cumplimiento, da lugar a que los empresarios obligados, que tenían que pagar a un profesionista por dicho trabajo, a partir del año entrante prescindirán de sus servicios.

Grandes despachos de profesionistas de la contaduría pública, representantes incluso de firmas internacionales dejaran de percibir ingresos por este concepto de la elaboración del dictamen fiscal, generando en consecuencia una crisis laboral de estos profesionistas y sus empleados.

Hoy aún no lo resienten, ya que actualmente están trabajando en el último dictamen por el que se les contrato por parte de las empresas obligadas, el año entrante, las cosas cambiaran.

La presidencia de la república, anuncio un beneficio de más de 15 mil millones de pesos por ejercicio para este tipo de contribuyentes, y en efecto, el beneficio es en perjuicio de los profesionistas, ya que con tal medida no se dejan de pagar contribuciones, lo que se deja de pagar son honorarios profesionales por la prestación de un servicio personal independiente.

Yo observo con esta medida más que un beneficio para el contribuyente, un beneficio para la propia autoridad hacendaria, ya que desde el momento en que no existe la obligatoriedad de presentar el dictamen fiscal, el uso de sus facultades será de manera directa, en virtud de que anteriormente, se perdía mucho tiempo analizando el trabajo del contador público registrado, previo a ordenar la práctica de una visita domiciliaria, de tal forma que a partir del año entrante, sus facultades no se verán detenidas momentáneamente por lo que los contadores conocen como “la secuencial”.

Medidas como las dictadas en materia del polémico impuesto sobre tenencia y ahora con la eliminación de la obligatoriedad del dictamen fiscal, no son suficientes para tener un marco tributario adecuado a los principios establecidos desde hace más de dos siglos por el economista inglés Adam Smith; lo que verdaderamente se ocupa, es una reforma fiscal integral en base a dichos principios, reforma que llevamos esperando desde la época del presidente Vicente Fox Quezada, legislaciones van y legislaciones vienen, y ninguna trabaja al respecto.
Concluyo señalando, que los empresarios obligados a la presentación del dictamen fiscal ahora eliminado por dicho decreto, son los grandes empresarios de la nación, que son pocos, mientras que el pequeño y mediano comercio, que son muchos, sigue sufriendo lo complejo y absurdo del sistema fiscal nacional.