Manifestó que se trata de una exigencia por parte de diferentes sectores de la sociedad
El hecho de que Michoacán registró un incremento en los Ãndices de violencia durante los últimos años y que de 2009 a 2010 pasó del sexto al quinto lugar nacional en incidencia del delito de secuestro, demuestran la necesidad de que en Michoacán se actualice y vigorice el sistema de justicia penal, afirmó el diputado Eduardo Sánchez MartÃnez.
Con relación a la Iniciativa de Reforma a los artÃculos 47, 64, 79 y 81 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán, el legislador panista expresó que ante el aumento de los Ãndices de violencia y de secuestros, resulta indispensable endurecer el sistema de justicia penal, acentuar y maximizar el cabal cumplimiento de las penas aplicables frente a tales delitos y negar a quienes hagan de los mismos su estilo de vida, el beneficio de la libertad anticipada o la preliberación en cualquiera de sus modalidades.
Resaltó que actualmente, el tema es tratado por la sociedad, la cual exige penas más severas para los delincuentes que marcan de por vida a sus vÃctimas, quienes son secuestradas y mientras dura su cautiverio son objeto de torturas fÃsicas y psicológicas por parte de sus captores, independientemente de la incertidumbre que sienten con relación a su futuro inmediato y la preocupación de dejar a sus familiares sin recursos económicos en el mejor de los casos o morir asesinados en el peor de los escenarios.
De esta manera, el legislador panista destacó que la iniciativa mencionada pretende impedir que aquellos secuestradores que sean juzgados, puedan obtener el beneficio de la preliberación, por lo que tendrán que purgar el total de la pena impuesta por el juez.
Señaló, igualmente, que con la iniciativa de decreto que se propone, el fortalecimiento del sistema de justicia penal y el énfasis normativo en el cabal cumplimiento de las penas aplicables, ayudarán, sin duda, a definir mejores polÃticas y estrategias de seguridad pública para los michoacanos.
Reseñó que hace casi dos años, precisamente el 28 de agosto de 2008, representantes de los tres poderes de Michoacán y de los 113 ayuntamientos, junto con la sociedad civil, los medios de comunicación y las congregaciones religiosas establecidas y registradas en la entidad, se reunieron con la intención de hacer patente un compromiso por la seguridad pública.
Fue asà como el Poder Legislativo local se comprometió a dar trámite a las iniciativas que se presentaran sobre seguridad pública, auditar los recursos de procedencia federal o estatal que en esta materia se utilicen y a prever en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, reglas que impidan la preliberación de los justiciables por la comisión del delito de secuestro u otros que hayan sido cometidos con violencia, concluyó el diputado Eduardo Sánchez MartÃnez.
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