La situación que en materia de seguridad de vive en la entidad así como las necesidades de la vida actual han requerido de los servicios de seguridad privada pero estos, deben ser regulados por Ley, sostuvo el vice-coordinador  de la bancada tricolor, diputado Juan Carlos Campos  Ponce.

Por la ciudadanía, por los servidores públicos y por la propia autoridad, es necesario que se cuente con una Ley de Seguridad Privada, sostuvo contundente Campos Ponce al recordar que el pasado 14 de mayo llevó ante el plena una iniciativa al respecto y reconoció que la propuesta se haya retomado para llevar a cabo los trabajos necesarios entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo a fin de enriquecerla y unificar criterios.

Al respecto el coordinador de la bancada, diputado Wilfrido Lázaro Medina mencionó que resulta fundamental para el estado y el país que se cuente con una Ley de este tipo porque consideró que “hoy día, por encima de las necesidades de empleo, educación y salud  se encuentra la de seguridad”.

Es bueno insistió, que el estado tenga una Ley específica para seguridad pública privada porque, “no podemos cerrar los ojos o apartar la vista del problema que enfrentamos todos y en todo el país y contar con una policía privada bien regulada, es positivo” dijo.

Al respecto el diputado Campos Ponce comentó que para analizar y estudiar la iniciativa de referencia, recientemente se conformaron mesas de trabajo con la participación de dos comisiones legislativas (Seguridad Pública y Gobernación) así como representantes de la Secretaria de Seguridad Pública.

Comentó también que sin regulación en la actualidad los servicios que al respecto se ofrecen, no llevan la garantía en algunos casos de la calidad y honestidad necesarias y la misma seguridad porque están representados por ex´policias y/o ex´funcionarios de las instancias gubernamentales que tienen bajo su responsabilidad la seguridad de la población.

Abundó asimismo que, sin duda un requisito indispensable para que exista el desarrollo y el bienestar social es la seguridad, la cual es un derecho que el gobernado tiene y exige del estado, quien a su vez está obligado a garantizarlo a la sociedad.

Y dijo que, para que exista seguridad, se debe partir como base de un marco jurídico, de un fundamento legal que determine un estado de derecho y las condiciones para brindar y cuidar esta garantía; adecuando la legislación a las necesidades sociales y evolucionando la ley al mismo paso que la sociedad a que rige.
Mencionó además la necesidad de adecuar la ley y las instituciones a las necesidades de los ciudadanos, persigue el objetivo de  dar certeza jurídica, particularmente en materia de seguridad que es obligación del estado, pero también existen servicios de seguridad privada coadyuvando al estado en un mismo fin, la seguridad.

 Lo anterior abundo, en atención en lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que obliga a quienes desean prestar el servicio de Seguridad Privada y a su personal operativo, a someterse a procedimientos de evaluación y control de confianza, practicados por la Secretaria de Seguridad Pública, así como en el desarrollo de sus actividades observar los principios de actuación y desempeño, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; estas adecuaciones son de  carácter obligatorio para todos y cada uno de los estados de la federación acotó.