Esta decisión significa un revés importante ante esta ley racista y absurda.
Las celdas que el sheriff Joe Arpaio habÃa preparado para alojar a los inmigrantes detenidos conforme a la estricta nueva ley del estado de Arizona van a quedar por el momento vacÃas porque la justicia ha decidido, en el último minuto, suspender temporalmente los artÃculos más polémicos de la legislación que entra mañana en vigor, incluido el que criminaliza la inmigración ilegal.
La jueza Susan Bolton, que lleva la denuncia presentada por el Gobierno federal contra la ley de Arizona, ha basado su decisión en la consideración de que algunos de los artÃculos contenidos en esa iniciativa “perjudican a extranjeros legalmente residentes en Estados Unidos, incluso a ciudadanos norteamericanos, puesto que su libertad se ve afectada mientras su estatus es comprobado”.
Estatus migratorio
La ley “requiere” (no sólo permite) a la policÃa comprobar el estatus migratorio de cualquier persona retenida por la comisión de cualquier falta o delito, tan simple como una infracción del tráfico o la violación de una ordenanza municipal, que resulte sospechosa, a criterio del agente involucrado, de haber entrado al paÃs ilegalmente. La policÃa puede, de acuerdo a esa ley, mantener bajo custodia al sospechoso durante el tiempo que se requiera para hacer esa comprobación.
Susan Bolton, una antigua juez de condado elevada al distrito federal por el presidente Bill Clinton, paraliza también otros tres artÃculos polémicos, como el que acelera los proceso de deportación o convierte en delito el hecho de no portar papeles, y deja vigentes únicamente aquellos que no son motivo de controversia, como el que castiga a las personas que recojan inmigrantes ilegales en las calles para llevarlos a trabajar o el que crea los mecanismos de reclamación en el que caso de que alguien se sienta vÃctima de discriminación racial.
