Aprueban diputados juicio político a alcaldes de Uruapan y Tzintzuntzan

Iván Madero Naranjo presidirá la Mesa Directiva a partir del 15 de septiembre

Morelia, Mich.- Por considerar la posible comisión de faltas administrativas, las diputadas y los diputados del Congreso del Estado aprobaron el ha lugar a dar trámite a las denuncias de juicio político en contra de J. Abel Martínez Rojas y María Doddoli Murguía, Presidente Municipal de Tzintzuntzan y la presidenta sustituta de Uruapan, respectivamente.

En los dictámenes elaborados por las comisiones de Gobernación, Instructora y Puntos Constitucionales se estableció que ambos funcionarios municipales carecen de facultades para mandar llamar a los suplentes a ocupar las funciones de los propietarios y con ello, excluirlos de que estos formen parte del Cabildo, máxime que dicho acto se llevó a cabo fuera de las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación.
De igual forma, se instruyó a la Comisión Inspectora de Auditoría Superior de Michoacán, a que dé seguimiento y remita copia del expediente para que en ejercicio de sus facultades, en su caso, inicie los procedimientos que considere pertinentes.

Por otra parte, los legisladores aprobaron que para el periodo del 15 de septiembre del año en curso al 14 de enero del 2011, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local sea presidida por el diputado Iván Madero Naranjo (PRD), e integrada por los legisladores Eligio Cuitláhuac González Farías (PRI), Epigmenio Jiménez Rojas (PAN) y Arturo Guzmán Ábrego.

Durante la sesión de este día, las diputadas María Macarena Chávez Flores y Lourdes Esperanza Torres Vargas, ambas integrantes de la fracción parlamentaria del PAN, presentaron tres iniciativas con proyecto de decreto por el cual, se reforma el artículo 130 y 164 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, y se adiciona el artículo 33 BIS las cuales fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales a efecto de que declare si ha lugar a admitir la discusión de estas iniciativas.

Con la reforma al artículo 130 constitucional, se establece que la orientación y planeación estratégica del Estado, estarán a cargo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, quienes elaborarán el Plan de Desarrollo como herramienta eficaz para impulsar y evaluar el desarrollo integral sostenible del Estado; y que el Titular del Poder Ejecutivo encauzará su administración sujetándose a dicho Plan, informando anualmente los resultados obtenidos en relación a los objetivos y metas planteados para cada año, así como a mediano y largo plazo.

Respecto a la iniciativa de reforma al artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán, las legisladoras someten a consideración que el Pleno del Congreso pueda determinar el ha lugar de las reformas constitucionales que se propongan, mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos.

Así mismo, con la adición de un artículo 33 BIS establecen la responsabilidad del Poder Ejecutivo de informar al pueblo sobre el estado que guarda su administración, pero también la corresponsabilidad del Poder Legislativo para fijar los mínimos necesarios que deben analizarse en dicho documento, “pues en él se ven traducidas las exigencias de aquellos a los que representamos y, sobretodo, nos permite corregir el destino de los dineros que autorizamos cada año en el presupuesto que aprobamos, toda vez que únicamente a través del análisis puntual sabremos si los objetivos y metas propuestos, se han cumplido, y hemos mejorado en algo la calidad de vida de los michoacanos”.

Por otra parte, fue aprobado el dictamen que presentó la Comisión de Grupos Vulnerables, Equidad y Género sobre el segundo informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal, mediante el cual, exhortó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a redoblar acciones ara que sea una premisa fundamental de la política estatal la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los cargos de la administración pública; se fomente y fortalezca las políticas públicas a favor de la infancia; refuerce acciones destinadas a la prevención, atención y protección de las personas con discapacidad; fomente programas intergeneracionales que reposicionen la visión y la valoración de las personas adultas mayores, con lo cual se fortalezca la construcción de alternativas de sostenibilidad emocional, humana, social y familiar; así como fortalecer estrategias preventivas y de detección del VIH, orientadas a amas de casa, migrantes y jóvenes.

En tanto, fue aprobada la solicitud de reelección al cargo de Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa,
Para estudio, análisis y dictamen, fue turnado a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Cultura Indígena, el proyecto de acuerdo por el que se declara que ha lugar a admitir a discusión la iniciativa de decreto que reforma diversos artículos a la Constitución Política del Estado en materia indígena con la que se pretende procurar una nueva relación entre las comunidades indígenas y el gobierno.

EL Pleno del Congreso del Estado aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2011 por el orden de 581 millones, 368 mil, 870 pesos, lo que representa un incremento del 20 por ciento, con respecto a la asignación de este año.

Durante la lectura, el diputado Gonzalo Elvira Cabrera (PAN) expuso que incremento se debe fundamentalmente al pago de obligaciones fiscales y de seguridad social, así como por un incremento al salario neto que es pagado a los trabajadores al servicio del poder Legislativo.

De igual forma, solicitó restringir la contratación adicional de personal, eliminar la renta de vehículos, racionalizar el uso de energía eléctrica, telefonía, internet y papelería, además de generar ahorros en las celebraciones oficiales. Así mismo, instó a la prohibición para la adquisición de vehículos y arrendamiento de bienes inmuebles.
Posteriormente, se dio lectura a la comunicación remitida por María Concepción Gabriel Tovar mediante la cual solicita pensión por ataque terrorista en las instalaciones de la Feria de Morelia, con fecha del 24 de abril del año en curso, turnándose a la Comisión Especial que da Seguimiento a las solicitudes de Pensión  Vitalicia.

Durante la sesión, los integrantes de la LXXI Legislatura aprobaron la celebración del Convenio de Coordinación y Asociación Intermunicipal entre los municipios de Santa Ana Maya y Cuitzeo, Michoacán, con el municipio de Uriangato, Guanajuato con la finalidad de gestionar recursos económicos de manera coordinada para la ampliación y rehabilitación del relleno sanitario municipal.

También fue aprobado el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de la República, presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales, con la que se establece una nueva garantía constitucional, que permite la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo dentro de la sociedad.

En el mismo sentido, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 133, fracción I y último párrafo de la fracción X del artículo 134, se adiciona un cuarto párrafo a la fracción XI del artículo 44 de la Constitución Política del Estado con el que se pretende adecuarla con la última reforma federal en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de homogeneizar las leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación actualizada de la información financiera, de ingresos y egresos, así como la información patrimonial.

Finalmente, los legisladores aprobaron enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la que se pretende que el Poder Judicial de la Federación sea la instancia competente para juzgar las controversias que se susciten por actos de la Administración Pública, las controversias obrero-patronales y los conflictos agrarios, incorporando para ello el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Administrativos y los Tribunales Agrarios a efecto ser sustituidos por tribunales especializados o juzgados federales como autoridades competentes para dirimir los conflictos en esas materias.