“La dignidad del hombre requiere que obre según su libre elección,sin ninguna coacción externa.” Pablo VI

El pasado 23 de septiembre se celebró el Día Internacional Contra la Trata de Persona. Conocida como la nueva esclavitud del Siglo XXI, la Trata de personas tiene varios rostros, afectando a niños, jóvenes y adultos; violenta los derechos fundamentales de las personas, desconoce la dignidad humana y coarta la libertad. Sus víctimas frecuentemente sufren de abusos físicos y sexuales, provocando desesperanza al no existir para ellos refugio seguro.

La Trata de personas es abuso, tortura, degradación de la condición humana, es creer que un ser humano es equiparable a una mercancía. La Trata involucra a aquel que promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero a una persona, recurriendo al uso de la fuerza, el rapto, el fraude, el engaño o el abuso de poder para propósitos de explotación, sea esta cual fuere: sexual o laboral, servidumbre, esclavitud o extracción de órganos.

El más reciente informe sobre el tráfico de personas en el mundo (junio 2010), elaborado por el departamento de Estado de Estados Unidos, señala como las formas más severas de tráfico de personas en Latinoamérica: I. El tráfico sexual forzado, fraude o coacción; y, II. El reclutamiento y transportación de mano de obra.

Si bien este mal afecta sin distingo a todas las clases sociales, la pobreza, y la marginación son condiciones de vulnerabilidad que detonan situaciones de riesgo frente a entornos de violencia, maltrato, abuso o el daño a su dignidad como personas.

Los datos sobre este delito son alarmantes, a nivel internacional 12.3 millones de adultos y niños son forzados a trabajar o a prostituirse alrededor del mundo, lo que equivale a 1.8 por cada 1,000 habitantes. En el 2009 se dieron en el mundo 4,166 juicios exitosos para palear esta actividad, de los cuales se identificaron sólo a 49,105 víctimas. Según la Organización Internacional del Trabajo, la Trata afecta cada año a unas 3.5 millones de personas, especialmente a mujeres y niñas, 90% de ellas adolescentes y niñas; pese a ello 104 países siguen sin condenar esta actividad, no cuentan con leyes, policías o regulación alguna para prevenir la deportación de las víctimas los países de donde ya habían sido esclavizadas.

A pesar de los recientes y diversos estudios sobre la materia, en nuestro país sigue sin existir de forma sistematizada información suficiente o con calidad apropiada que permita estimar el número aproximado de víctimas que hay en cada una de las entidades federativas.

México es signatario del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido también como el Protocolo de Palermo, por el cual los Estados parte se comprometen a tipificar el delito de Trata de personas.

De hecho la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), creada en 2008 y adscrita a la Procuraduría General de la República, reporta que, hasta el año pasado, sólo se iniciaron 24 averiguaciones previas por este delito, de las cuales únicamente dos han sido consignadas. Entre las víctimas se encuentran mujeres mexicanas y extranjeras, procedentes principalmente de El Salvador, Corea, Argentina, China, Honduras, Perú y Guatemala. Todas las denuncias se trataron de explotación sexual y laboral, en donde de las víctimas atendidas 17 fueron menores de edad, 26 mujeres y 13 hombres.

El más reciente estudio sobre la materia, el “Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México”, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, arroja cifras dramáticas, por ejemplo: entre 16 y 20 mil niños son víctimas de Trata con fines de explotación sexual, de los cuales el 80% tiene entre 10 y 14 años de edad; existen 3.6 millones de niños trabajadores entre 5 y 17 años, de los cuales 31% son menores de 14 años y trabajan en la agricultura, uno de los tres sectores laborales más peligrosos, y muchos de ellos en condiciones de explotación y Trata; somos el segundo país de apertura de páginas de Internet de pornografía infantil; y, aún cinco Estados de la República carecen de este tipificación penal en la materia.

En el caso concreto de Michoacán, según el Índice Mexicano sobre la Vulnerabilidad ante la Trata de Personas (2010) elaborado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS, A.C.), nuestro Estado se ubica en el segundo peor lugar de vulnerabilidad y propensión a la Trata de personas de todo el país, sólo por abajo de Chiapas. De ahí la importante labor que tenemos los legisladores para abatir este lastre social.

Si bien es cierto que a nivel federal tenemos leyes que sancionan este delito, mucho del quehacer debe darse en las entidades de la República ya que tienen facultades para legislar en la materia y, dada la estructura jurídica del país, es deseable que todos los Estados contemos con un marco jurídico para prevenir y sancionar este delito, así como para proteger a sus víctimas. Por todo esto presentamos en el Congreso, este 23 de septiembre una iniciativa de ley específica que pudiera servir como un instrumento eficaz para combatir este, tan grave, problema.