Resulta contradictoria la actitud del gobierno estatal y queda en evidencia la negativa a la publicidad y transparencia, requisitos de la información que de oficio debería tener publicada cada una de las dependencias obligadas de acuerdo con los artículos 10 y 13 de Ley de Transparencia y Acceso a  la Información Pública, mismos que se encuentran garantizados en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así lo denunció Mauricio Montoya Manzo, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional quien dio a conocer que derivado de tres recursos de Revisión que el PRI interpuso ante el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública contra el Instituto de Vivienda, la secretarías de Comunicaciones y Obras Pública y de Urbanismo y Medio Ambiente por haber negado proporcionar información a diversas peticiones de información relativa al CEMENTAZO 2009  que compró el gobierno estatal supuestamente para el programa mejoramiento y Autoconstrucción de Vivienda, se ordenó proporcionar una fotocopia de la información solicitada.

En rueda de prensa, en la que estuvieron presentes además Martín Cardona Mendoza, secretario general y Jesús Remigio García Maldonado, representante del Partido ante el Instituto Electoral de Michoacán, el dirigente estatal del Tricolor mencionó además que en el resolutivo el ITAIMICH expresó: quedó de manifiesto que con  la actitud de negativa a proporcionar la información por parte de los funcionarios públicos de las dependencias violentaron el artículo 6 de la Constitución General de la República, así como los principios de máxima publicidad y prontitud de la información establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán. Además, de reflejar una actuación indiferente y complaciente pues resultó inexplicable cómo los funcionarios en su calidad de autoridades y supervisores del Programa Mejoramiento y Autoconstrucción de Vivienda instrumentado por el gobierno estatal no se encontraran enterados de cuántos y quienes son las personas que presentaron solicitud de apoyo gubernamental y resultaron favorecidos con dicho beneficio.     

“De este modo, la actitud que viola el artículo 6 de la Constitución General de la República en el que queda de manifiesto que, toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, datos personales o a la rectificación de éstos, demuestra la opacidad del Gobierno del Estado en materia de transparencia y rendición de cuentas”.

Asimismo, Mauricio Montoya recordó que el CEMENTAZO 2009, fue articulado por el Gobierno del Estado y el PRD en el proceso electoral 2009, en donde este Partido Político fue quien entregó los vales y el cemento, y resulta que a estas fechas el Gobierno del Estado no sabe qué ciudadanos le solicitaron el apoyo de cemento, ni tampoco qué ciudadanos recibieron el beneficio del supuesto programa;

“Esta situación, evidencia la persistencia por parte del Gobierno Estatal de prácticas de manipulación política de los programas sociales, las cuáles, se acentuaron más en las zonas en condiciones de marginación de amplios sectores de la población que responde a la construcción de lealtades políticas como resultado de necesidades sociales insatisfechas”.

De igual forma, dejó en claro que esto viene a acentuar el carácter selectivo y discriminatorio en la satisfacción de los derechos sociales como el derecho a la vivienda y con ello, se crean procesos degenerativos de las instituciones en sentido clientelar y corporativo bajo el signo de la desigualdad y privilegio.