ESCRITORIO DEL EDITOR.
Dice un conocido refrán que todo en polÃtica tiene nombre y apellido. Una variación más coloquial afirma que todo perro tiene dueño. Esto es, detrás de cada iniciativa, declaración, acción, reacción u omisión hay algún interés detrás, ya sea para impulsar el cambio o detenerlo.
Más allá de cualquier valoración, una democracia busca generar estándares de transparencia para que el ciudadano identifique quién se encuentra detrás de qué. Tales normas son perfectibles y se revisan cuando las relaciones entre lo público y lo privado generan escándalos de corrupción.
Bajo esta óptica, las declaraciones de los polÃticos no siempre son veraces ni se espera que lo sean. Muchas veces se pretende desviar la atención del problema, responsabilizar a otros o simplemente posicionar un tema. En todo caso, nunca es recomendable dejarse llevar por la emoción de la coyuntura. Se requiere de una cabeza frÃa para descubrir al dueño de los perros y ver al fenómeno en su dimensión.
El pasado martes 26 de octubre se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma al artÃculo 91 de la Ley de Seguro Social. Su objetivo, de acuerdo con el dictamen, es implementar la utilización de vales de medicina, que habrán de ser otorgados a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para el caso en el que estos se enfrenten al problema de desabasto de medicinas requeridas para sus tratamientos en las farmacias del instituto. Dichos vales de medicina, podrÃan ser intercambiados en farmacias particulares para que los beneficiarios puedan adquirir los medicamentos que consiguen en el Seguro Social.
Ese mismo dÃa el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas RodrÃguez, publicó en un diario de circulación nacional una columna donde, además de señalar que el dictamen violentaba el procedimiento legislativo, se convertÃa en el inicio de la privatización del IMSS y representaba un gran negocio para algunas empresas. En particular, señaló a las Farmacias de Similares, cuyo titular es VÃctor González Torres, tÃo del presidente del Partido Verde Ecologista Mexicano, Jorge Emilio González MartÃnez. (1)
Aunque es popular atacar a un partido que ha actuado de manera poco consistente con los principios y la ideologÃa verde por decir lo menos, una revisión del caso muestra que el problema es más complejo de lo que parece.
La iniciativa
A lo largo de una campaña mediáticamente bien orquestada que prohibÃa, al contrario de casi todas las democracias, los mensajes de contraste, el PVEM logró posicionar tres causas: la pena de muerte para asesinos y secuestradores (sin importar que unos años antes habÃan votado por abolir esto en la Constitución y que esta propuesta le valió el desconocimiento del Partido Verde Europeo), ampliar las horas de escuela para relevar del cuidado de los hijos a los padres que trabajan y promover que las medicinas sean gratuitas.
Aunque la pena de muerte pueda ser una causa popular ante el fenómeno de inseguridad, es poco viable que se restaure en la Constitución. En todo caso, es una bandera que pueden enarbolar de manera creÃble si tienen algún éxito con sus otras propuestas.
De esa forma, el 20 de abril de 2010 el Dip. Pablo Escudero Morales, del PVEM, presentó ante el Pleno la iniciativa que aquà se analiza. Fue turnada a la Comisión de Seguridad Social, presidida por el perredista Uriel López Paredes. Aunque este partido esté en su derecho para oponerse a la iniciativa de los verdes, extraña que hasta la semana pasada se hayan pronunciado al respecto.
¿Implica la iniciativa una privatización del IMSS, como acusa Alejandro Encinas? Una lectura detenida muestra que la acusación es, en el mejor de los casos, endeble, como se observa en el párrafo que se busca agregar al artÃculo 91 de la Ley del Seguro Social:
“La asistencia farmacéutica a que se refiere el primer párrafo de este artÃculo proveerá a los derechohabientes de los medicamentos y agentes terapéuticos prescritos en los recetarios oficiales por los médicos tratantes del Instituto. Dichos medicamentos y agentes terapéuticos serán surtidos en las farmacias del Instituto. En caso de que por cualquier circunstancia las farmacias del Instituto no cuenten con el abasto suficiente para el surtimiento de las recetas, se procederá al surtimiento de las mismas en los términos de las disposiciones de carácter general que al efecto expida el Consejo Técnico.â€
Por lo tanto, no queda claro que esta reforma implique el inicio de la “privatización†del IMSS, que compañÃas privadas hagan negocio al surtir medicinas a precios superiores al mercado o que se vaya necesariamente a beneficiar el tÃo del presidente del PVEM.
Incluso las disposiciones que expida el Consejo Técnico pueden conceder los vales a proveedores que vendan la medicina más barata. Bajo este supuesto, ganarÃa la concesión el prestador más eficiente y competitivo. A esto se le llama “libre mercadoâ€, no “privatizaciónâ€. En todo caso, la reforma implicarÃa una mejora frente a la corrupción que fomenta la complicidad entre proveedores, funcionarios y sindicato.
¿Cuál es la verdadera magnitud del problema que se busca resolver? Tanto Encinas como el dictamen que se votó el 26 de octubre (2) coinciden que el IMSS no puede abastecer un pequeño porcentaje de medicinas: entre el 3 y el 5%. El mercado, entonces, es de aproximadamente 1,500 millones de pesos anuales. ¿Se desfondarÃa a la institución con ello? No. Incluso los diputados aprobaron un artÃculo transitorio que señala como requisito la suficiencia presupuestal del IMSS para emitir vales de medicinas.
En descargo de Alejandro Encinas, el dictamen parece no haber seguido el debido proceso. Aunque la Comisión de Seguridad Social es presidida por un perredista, el PRI y el PVEM podrÃan tener la mayorÃa en esa instancia con 14 votos de 27. El PAN cuenta con 7 miembros, el PRD con 4 y tanto PT como Convergencia tienen 1.
La decisión de seguir una ruta no establecida en la normatividad del Congreso, aunque de todas formas usada con frecuencia, se puede apreciar en la votación final del dictamen, que fue aprobado por 302 votos a favor, 95 en contra y 23 abstenciones. ¿Qué nos indica esto?
A reserva de que serÃa conveniente revisar quiénes votaron a favor y en contra para distinguir los intereses a los que responden, las bancadas del PRI y el PAN se mostraron divididas: 189 priÃstas y 86 panistas votaron a favor contra 8 y 15 en contra, respectivamente. Convergencia también dividió su apoyo, con 1 a favor y 4 en contra. El PRD y el PT rechazaron la iniciativa de manera cohesiva y el PVEM la apoyó de la misma forma.
¿Qué significa esto? Si fuera una estrategia meramente electorera para beneficiar al PVEM, el PRI hubiera votado de manera cohesiva para apoyar a su aliado. O incluso se podrÃa ver una alianza PAN-PRD-PT para frenar el dictamen tanto en la comisión como en el Pleno. Y a decir verdad, salvo la toma de tribuna de los partidos de izquierda el 21 de octubre, y las declaraciones de los perredistas, a muy poca gente parecer importarle esta reforma bajo el ángulo que sugieren sus opositores.
Aquà volvemos al refrán de inicio: todo perro tiene correa. En este caso, quienes se oponen a la medida pueden no hacerlo para bloquear al PVEM, sino que lo harÃan a nombre de intereses que tienen mucho que perder con la reforma: los proveedores, la burocracia y el sindicato del IMSS, que han tejido redes de intermediación y corrupción de las que se han beneficiado. Quizás por ello el PRD ofrece como contrapropuesta incrementar los recursos a esas redes para acabar con el desabasto.
¿Gana el PVEM? Desde luego. Si el Senado aprueba esta reforma, tendrÃa un logro qué presumir de cara a 2012. Sin embargo, podrÃan también ganar los derechohabientes del IMSS si el Consejo Técnico establece lineamientos que fomenten la competencia entre otros prestadores de servicio. Y eso serÃa el principio del fin de esas viejas redes sindicales.
Ojalá el PRD se decida a darle seguimiento de las decisiones que se lleguen a tomar al interior del IMSS, en lugar de olvidarse del tema una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación.
A propósito de la trasparencia
El martes 26 amanecimos con la noticia de que nuestro paÃs bajó 9 lugares en el Ãndice de Percepción de la Corrupción 2010, elaborado y difundido por Transparencia Internacional. Esto nos ubica en el sitio 98 entre las 178 naciones registradas por la institución, con la peor calificación en 10 años.
El camino para remontar es largo y se requiere de un proceso de modernización de las instituciones. Es hora de preguntarnos en serio si eso se puede hacer con una clase polÃtica que no tiene por qué asumir los costos que este proceso traerÃa. A fin y al cabo, si su trabajo no depende del ciudadano, pueden salir con la misma excusa de siempre: que esta vez no avanzaron por falta de “voluntad polÃticaâ€.
(1) http://bit.ly/bDSmf1
(2) http://bit.ly/aTgLi0
Licenciado en Ciencia PolÃtica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Estudios Legislativos en la Universidad de Hull, Reino Unido. Fue Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados (1994-1997). Durante los trabajos de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, fue Secretario Técnico de la Mesa IV: “Régimen de gobierno y organización de los poderes públicos†(2000). En la administración pública federal, fue Director de Estudios Legislativos de la SecretarÃa de Gobernación (2002-2005). Ha impartido cátedra, seminarios y módulos en diversas instituciones académicas nacionales. Es Coordinador Académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del ITAM. Es coordinador y coautor de El legislador a examen. El debate sobre la reelección legislativa en México (Fondo de Cultura Económica, 2003). En este momento, se encuentra realizando una investigación sobre las prerrogativas parlamentarias. Escribe artÃculos sobre polÃtica en diversos periódicos y revistas. Página electrónica: www.fernandodworak.com. Contacto: [email protected]
