La izquierda de todos los tiempos y en todos los países ha sufrido para entender y desarrollar el juego electoral. Tal vez porque lleva en sus venas el virus de la revolución inoculado por el marxismo; tal vez porque “ser de izquierda” supone ir contra lo establecido, incluyendo las leyes.

La experiencia de los “frentes populares” en el período entre guerras y la dura lucha en la resistencia contra el nazismo impulsaron a las izquierdas europeas a fortalecer la opción socialdemócrata y a inscribir a los partidos comunistas en las filas de la legalidad electoral. Salvo casos muy localizados y excepcionales, como E.T.A. en la actualidad y, en el pasado reciente, las Brigadas Rojas o la banda Baader-Meinhoff, las izquierdas europeas han hecho del juego parlamentario y de la legitimación electoral parte definitoria de su identidad.

En América Latina, sin la dura experiencia de las guerras continentales, las izquierdas se formaron y consolidaron de cara a gobiernos débiles, en su enorme mayoría instrumentos dóciles de los intereses neocoloniales, provinieran éstos de las élite criollas o de la metrópoli imperial norteamericana. Consecuencia de lo anterior es que la lucha en la ilegalidad (sea simple clandestinidad o expresiones armadas, como la guerrilla –rural y urbana-) ha sido, hasta fechas muy recientes, tema consustancial a los programas y a las estrategias de las izquierdas latinoamericanas.

De un pasado similar, con orígenes en la insurrección armada, han surgido y se han desarrollado experiencias tan dispares como el Sandinismo, que logró el poder por la vía militar y, tras su derrota electoral, lo pudo recuperar al través de las urnas. En El Salvador, la guerrilla derrotada se convirtió en columna vertebradora de un vigoroso movimiento popular que permitió el triunfo electoral y un gobierno de izquierda en ese país centroamericano. Caso similar se dio en Uruguay, con Tupamaros/Frente Amplio. En otros países, como Panamá, Bolivia, Brasil, Jamaica, Grenada, Ecuador y muy recientemente Paraguay, las izquierdas nacionales recorrieron un largo y complicado camino de derrotas electorales hasta lograr finalmente el triunfo por la vía del voto ciudadano. Así sucedió, también, en Chile, con Salvador Allende.

Si en los remotos años 50’s y 60’s eran las dictaduras militares (o civiles, con el respaldo militar, como Papá Doc, en Haití o el Brasil, entre 1951, con Getulio Vargas y 1964, con Joao Goulart) la forma predominante en los gobiernos latinoamericanos, en la actualidad no hay en el continente gobierno alguno con origen distinto al electoral.

Pese a las particularidades de cada país y salvo expresiones muy localizadas (como FARC y ELN, en Colombia; Sendero Luminoso y MRTA, en Perú; EPR, en México) las izquierdas latinoamericanas parecen haber renunciado a la insurrección armada como vía de acceso al poder, adoptando alguna de las variantes que ofrece la lucha electoral en materia de organización política y movilización popular.

Quizá la experiencia más rica y aleccionadora en esta materia sea el caso chileno de 1989, cuando un abanico de 22 organizaciones de centro y de izquierda (de la democracia Cristiana al MIR), supieron conformar la Concertación Democrática (C.D.) en torno a un arco iris, como distintivo, y al lema “La alegría ya viene”, a fin de impedir en las urnas el intento de legitimación que perseguía Augusto Pinochet mediante un desigual cuanto amañado “plebiscito”. Pero las lecciones siempre estarán sujetas a escrutinio: en Chile, la C.D. acaba de perder, por la vía electoreal, llevando como candidato a Eduardo Frei, el mismo con el que derrotaron a Pinochet y a la derecha veinte años atrás.

Las izquierdas mexicanas, sin visión y sin estrategia electoral consistente

El larguísimo período de estabilidad social que brindó el “milagro mexicano” tuvo como contraparte el autoritarismo político que encarnó el Presidencialismo, el régimen que imperó en México desde el “maximato” callista hasta la alternancia partidaria del 2000 (lo que ha seguido es un presidencialismo desmantelado). Entre las preocupaciones fundamentales de los sucesivos presidentes priístas estuvo siempre la desarticulación de cualquier organización que, de manera autónoma, levantara las banderas de la libertad y la justicia social, propias de la izquierda. Si la marginación y el hostigamiento político no resultaban efectivos, cuando la cárcel o el cohecho de los dirigentes no frenaban el intento de organización autónoma y masiva, de tinte izquierdista, el Estado mexicano recurrió a la represión selectiva de los líderes de izquierda, cuantas veces fue necesario en la larga noche del presidencialismo.

Para las elecciones de 1976 la urgente necesidad del PRI-Gobierno de contar con algún candidato opositor propició que el Partido Comunista Mexicano dejara la clandestinidad para sostener la candidatura de Valentín Campa. El pago con el que el presidente López Portillo correspondió a la legitimación electoral que le brindó la izquierda fue la suspensión de la “guerra sucia” que se mantenía desde 1971 contra las organizaciones armadas, además de la amnistía de los “presos políticos” y una Reforma Electoral que, en palabras que don Jesús Reyes Heroles expresó a quien esto escribe “…la reforma busca la organización de las fuerzas de izquierda para hacerle contrapeso a la derecha. La derecha no necesita de muletas que le ayuden a crecer…es tan fuerte y tiene tanta influencia en la sociedad y en el territorio como el Estado mismo…” (plática personal, 23 nov. 1978; cito de memoria, J.L.S.).

La proliferación de siglas, de organizaciones y de proyectos políticos electorales que experimentó la izquierda mexicana entre 1976 y 1988 (PST, PRT, PMT, MAPU, PFCRN, entre otros), refleja puntual y nítidamente la falta de claridad con que se enfrentaba la alternativa electoral, factor que fortalecía el faccionalismo, tan propio y característico de las izquierdas mexicanas. Tuvo que ser el desgajamiento del PRI, con la Corriente Democrática (que encabezaban Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y González Pedrero), la que hiciera el papel de eje aglutinador de las organizaciones de izquierda, primero en torno a la candidatura de Cárdenas, posteriormente con  conformación del PSUM/PRD.

 

 

Los indudables logros que en el campo electoral ha obtenido el PRD y el sinfín de confrontaciones, crisis y desgarramientos experimentados por las izquierdas en ese trayecto no han sido suficientes para fraguar una misma visión, una definición estratégica en materia electoral dentro del PRD y en los grupos y las organizaciones que lo rodean. Constantemente afloran contradicciones que se creían superadas como es la visión “principista” que alimentó al foquismo de los 60’s y 70’s o el viejísimo debate entre el “frentismo” y la consigna de “unidad a toda costa” que protagonizaron los principales líderes y organizaciones izquierdistas durante el cardenismo.

Recuerdo una reunión que tuvo el comandante Tomás Borge en la Cd. de México donde fue increpado por un reconocido dirigente quien acusó al Sandinismo de ser desviacionista por haber aceptado el juego electoral para definir el rumbo de Nicaragua y la conformación de su gobierno. Tomás Borge fue muy tajante al contestarle que las armas les habían servido para tomar el poder pero que no servían para gobernar. La disyuntiva que había enfrentado la dirección sandinista era entre continuar en guerra o avanzar y construir una nación en paz. El reto fue, entonces, transformar el Ejército Sandinista en una organización popular, vigilante, fuerte, capaz de cumplir la misma función que la organización armada pero con otros métodos. Tras el pronunciado desgaste con la “contra” y de perder también en el campo electoral, el Sandinismo pudo regresar al gobierno para retomar el proyecto con los cambios y ajustes que la realidad y las necesidades le han impuesto. Creo que los resultados obtenidos en más de 13 años en el Gobierno del Distrito Federal abonan también esta concepción reformista.

Las experiencias europeas (Miterrand, Tony Blair, González y Zapatero, Mario Soares) y las enseñanzas latinoamericanas (Allende y la Concertación Democrática, Lula, Evo Morales) nos hacen saber que las izquierdas sólo podrán acceder al poder por la vía democrática y constituir gobiernos sólidos y duraderos en la medida que sean capaces de construir un “centro democrático”, esto es, una suma de fuerzas –electorales y sociales- en torno de políticas y propuestas atractivas, identificadas con los intereses mayoritarios.

El partido, el movimiento, el líder o el candidato que recurra a la lucha electoral con la idea de realizar una revolución “desde el poder”, está errando el camino. El mismo proceso electoral legitima y, por tanto, refuerza el status quo, el aparato de Estado vigente. Se pueden hacer cambios, sí, grandes cambios, también, pero no alterar el carácter del sistema político ni la esencia de su constitución y de sus funciones. Creo que el caso Chávez y la inédita experiencia venezolana nos enseñan toda la gama de posibilidades pero, también, los límites que enfrenta y que termina por aceptar cualquier gobernante que, en aras de la continuidad, asuma una actitud gradualista (caso Honduras y Manuel Zelaya).

Sin haberse externado hasta ahora, los mismos y viejos resabios que ha tenido la izquierda mexicana con relación al juego electoral están ahora tras el debate que se sostiene sobre las posibles alianzas entre partidos y grupos de izquierda y derecha. También están entre los factores que más pesan en la incipiente confrontación que mantienen Ebrard y López Obrador, como cabeza que son de dos proyectos y dos estrategias electorales distintas: Ebrard, con la idea de construir un “centro democrático” al través del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) y López Obrador con el enfoque “movimientista” que descansa en una organización autónoma, la misma que ha tratado de mantener y consolidar tras el fraude electoral del 2006.

Conforme se aprieten los plazos electorales y se sumen presiones políticas estas diferencias, hasta ahora latentes, cobrarán fuerza y claridad hasta convertirse en contradicciones, contradicciones que deben ser solucionadas. Y de esa solución dependerá el futuro de la izquierda en México (posiblemente TAMBIÉN de la derecha) y dependerá, en buena medida, el rumbo que siga la democracia en México: o se avanza en el pluralismo de corte parlamentario o volvemos a los tiempos del tironeo faccioso y la inestabilidad institucional.

Sociólogo, investigador, analista político y periodista mexicano, avecindado desde hace treinta años en Mérida, Yucatán. En su juventud, durante los acontecimientos hoy referidos como la guerra sucia en México, ocurridos durante los años del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, fue encarcelado siete años en Monterrey, Nuevo León, acusado de sedición y asalto a mano armada, entre otros delitos, pero en el fondo, por su actividad de combatiente ideológico. Fue, más tarde, amnistiado en la administración del presidente José López Portillo. Es esposo de Dulce María Sauri Riancho, la primera mujer gobernadora del estado de Yucatán. Ha sido autor de diversas publicaciones y libros. Maestro universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Modelo, entre otras. Como investigador de historia se ha especializado en el periodo prerrevolucionario de Yucatán y en los gobiernos revolucionarios de Salvador Alvarado y de Felipe Carrillo Puerto. En 1995 recibió la Medalla Yucatán como reconocimiento a sus aportaciones a la historia y la cultura de Yucatán, de manos del entonces gobernador Víctor Cervera Pacheco. Su página web: http://www.mexicodesdeyucatan.mx