Jueces municipales nombrados por ayuntamientos, fortalecerían facultades judiciales de los municipios: Sergio Solís Suárez

El diputado Sergio Solís Suárez anunció que antes de que concluya el año, presentará una iniciativa que prevé el establecimiento de “jueces municipales”, los cuales, como auxiliares de la administración, serían nombrados por dicha instancia y sancionarían las infracciones al bando de policía y buen gobierno y el resto de los reglamentos y disposiciones.

Con tal medida, aseguró el coordinador de los legisladores locales panistas, se fortalecerían y clarificarían las facultades judiciales municipales, eliminando así un vacío legal que se presenta en los ayuntamientos.

Recalcó que dentro de las facultades de los jueces municipales, previo las enmiendas legales correspondientes, recaerían calificar las infracciones realizadas por menores de edad, violaciones diversas a los bandos municipales, conflictos entre particulares y terceros afectados, conciliar a los vecinos en problemas que no sean constitutivos de delito, castigar la operación de establecimientos clandestinos y de la prostitución, y establecer con objetividad las penas y sanciones establecidas por los ordenamientos de ese nivel de gobierno.

El también presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal en el Congreso de Michoacán, expuso que “para agilizar el procedimiento, se establecerían los juzgados en aquellas áreas de los ayuntamientos  en que son más frecuentes las infracciones a los reglamentos”, y citó, por ejemplo, las direcciones de Tránsito, las delegaciones de policía, el DIF y las oficinas centrales. “Su brazo operativo será la policía municipal”.

Posteriormente, el diputado por el Distrito XII Hidalgo, señaló que “actualmente, la determinación de sanciones corporales y pecuniarias por infracciones a los reglamentos municipales, queda a criterio de diversos funcionarios de la administración según la naturaleza de la falta, eliminando objetividad y prestándose a abusos y actos de corrupción, y en el menor de los casos, discrecionalidad en las decisiones, o bien se recurre al alcalde para que ejecute las funciones ya indicadas, lo que disminuye su atención en los demás asuntos que le corresponden”.

En muchas ocasiones, dijo, la sanción queda a cargo de la propia policía, la cual no está facultada ni capacitada para hacerlo, situación que origina, sin duda, una serie de arbitrariedades.

De este modo, el diputado Sergio Solís Suárez anticipó que el juez municipal actuaría también como una unidad de mediación y conciliación entre intereses ciudadanos. Explicó que “será necesario conminar y verificar que todos los municipios de la entidad cuenten con su bando de policía y buen gobierno, que es el instrumento legal que define las bases para el establecimiento de la administración municipal”.

Indicó que el mismo, “señala las condiciones dentro de las cuales el ciudadano podrá ejercitar sus derechos y obligaciones en el entorno municipal; aunque también establece lo relativo a las prohibiciones, infracciones y respectivas en el ámbito municipal y disponer sobre la autoridad encargada de calificar y sancionar dichas faltas, que serán los Juzgados Municipales Calificadores”.

Finalmente, mencionó que la reforma citada “procurará que el desarrollo de la vida comunitaria transcurra dentro de los cauces del estado de derecho, alejados de las conductas antisociales, al tener la participación de una autoridad que con facilidad, claridad y legalidad califique sobre las violaciones a las disposiciones municipales contenidas en reglamentos y bando de policía y buen gobierno”.