La semana pasada, en este mismo espacio, hablamos sobre el Ãndice de Desarrollo Humano (IDH) y la calidad de vida publicados recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del PNUD. Comentamos como, en general en muchos lugares del orbe, comparando la situación actual con la prevaleciente hace 30 años, han mejorado las condiciones de vida, sobre todo en aspectos como educación, salud y en ingresos económicos. Lamentablemente ese progreso en algunas partes del mundo, como es el caso de Latinoamérica -incluido por supuesto México-, ha distado mucho de ser suficiente para que la mayorÃa de sus habitantes lleven una vida digna, de modo tal que puedan contar con las oportunidades suficientes para considerar su entorno propicio para realizarse plenamente como personas. Lo anterior ha contribuido a que estas naciones, en diversos momentos, hayan enfrentado situaciones de inestabilidad social debido a las manifestaciones ciudadanas ocasionadas por la pobreza, la inseguridad y las desigualdades.
Conscientes de los riesgos que puede implicar el mantener este panorama, los gobiernos de esta región han recurrido a diversas estrategias; entre otras han estado elevando significativamente los recursos fiscales destinados a la inversión social durante las últimas dos décadas, convencidos de que esta medida acortarÃa el atraso en el ámbito del desarrollo humano. Por ejemplo, entre 1990 y 1999 el gasto social en América Latina creció 50% en términos per cápita y 70% en valores absolutos de acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). No obstante “esta inversiónâ€, el crecimiento económico en esa década -15.1% en términos reales per cápita- y el significativo aumento de la inversión social desde entonces han sido poco efectivos en lograr una mejor calidad de vida para -las vulnerables- mayorÃas sociales. Si bien algunos indicadores básicos han evolucionado de modo favorable, particularmente los concernientes a la mortalidad infantil y el acceso a los servicios públicos básicos, en general los avances han sido modestos con respecto a la tasa del crecimiento y la magnitud del esfuerzo fiscal. Por cierto, esos avances fueron inferiores a los observados en otras regiones con similar y hasta menor capacidad de gasto en lo social, tal como ha sucedido en el sudeste asiático.
Muchas son, seguramente, las respuestas a ¿por qué en México -léase también Michoacán-, como pasa en diverso grado en paÃses centro y sudamericanos, tenemos resultados tan limitados en desarrollo humano a pesar de que en los últimos años se ha incrementado ostensiblemente el gasto social o de inversión? Entre las causas que explican este estancamiento y falta de resultados me parece que ocupa un lugar primordial el prevaleciente sistema de privilegios, asà como la corrupción y la impunidad, lo que además de frenar el progreso social ha condicionado graves desigualdades.
Más allá de constituir un grave problema de formación con pocos valores morales y sociales, padece nuestro paÃs graves carencias como Estado de Derecho. En este sentido, como señalaremos brevemente a continuación, encontramos cifras realmente alarmantes.
Apenas hace unos dÃas el ITESM nos recordó algo que ya habÃamos oÃdo antes al dar a conocer un estudio donde se ratifican las enormes limitaciones en la procuración e impartición de justicia en México: de los delitos que se cometen se estima que solamente denunciamos el 22%; se inicia la averiguación en el 15% de estos; se concluye la averiguación en 4%; se consignan 2.1%; se sujetan a proceso el  1.8% y; reciben condena apenas 1.5% de los delincuentes, tanto del fuero común como del fuero federal. Esto significa que de los aproximadamente 7 millones 500 mil delitos cometidos este año, tanto del fuero federal como del común, sólo han recibido condena 74 mil.
La corrupción se define como el uso del poder para beneficio propio. A finales del mes pasado Transparencia Internacional (TI) publicó los resultados de su última encuesta anual sobre percepción de corrupción. Si el rÃo hace ruido es que agua lleva, aunque se trate de mera percepción la corrupción parece imperar en estas tierras en que vivimos. Para TI obtuvimos una calificación de 3.1, donde 10 significa ausencia de corrupción, ubicándonos en el lugar 98 de 178 paÃses evaluados, superados en percepción de honestidad por naciones como Barbados (17), Trinidad y Tobago (73), Ghana (62), China (78) y Guatemala (91). Además resulta desalentador que hayamos descendido 9 lugares respecto al año pasado, aunque el más corrupto -por mucho- de la región haya sido Venezuela (164).
Otras evaluaciones arrojan resultados similares. La semana pasada se dio a conocer un estudio del International Budget Partnership, que entre otras cosas estudia la elaboración, manejo y gasto de los presupuestos públicos, donde concluye que en América Latina el rubro de transparencia en los presupuestos “es pésimo†y que esta falta de transparencia se agrava por instituciones de control débiles como las asambleas legislativas y los órganos fiscalizadores -¿suena familiar?-. En este estudio México fue calificado con 52 puntos de 100 posibles, siendo mejor que los paÃses centroamericanos pero por debajo de Brasil y Chile con 71 y 72 puntos respectivamente.
Finalmente, volviendo al desarrollo humano, los paÃses con Ãndices menores suelen tener mayor desigualdad, y ésta se observa en más dimensiones, por lo que su pérdida en el valor de IDH es más notoria. Este año se publicó por primera vez el IDH ajustado por la desigualdad por género, por ingresos y empoderamiento. En México la desigualdad causa una pérdida del 25% del valor del IDH.
No me cabe la duda que el obstáculo mayor, en este paÃs, para lograr condiciones sociales más justas, aquellas que permitan condiciones para poder vivir dignamente en plenitud, todos y cada uno, no radica en el modelo económico ni en quién gobierne, sino en la muy alta prevalencia de privilegios, de corrupción y de impunidad.
