Durante la presente semana, familiares de los michoacanos asesinados en Acapulco solicitarán de manera formal al Congreso de Michoacán ser incluidos como beneficiarios de la Ley de apoyo a personas víctimas de terrorismo.

Con ello, pretenden que las esposas, hijos o padres de los 18 michoacanos localizados en la fosa clandestina del poblado de Tuncingo, en el puerto guerrerense de Acapulco sean beneficiados con una pensión vitalicia.

Katia Rodríguez, vocera de los familiares, dijo que son un promedio de 30 los menores de edad que han quedado en el desamparo.

Incluso, mencionó que hay esposas de los jóvenes muertos que se encuentran embarazadas y sin ningún tipo de apoyo.

Sin embargo, en este sentido diputados de la 71 Legislatura estatal han señalado las dificultades que existen para que estas pensiones puedan concretarse a favor de los familiares de los jóvenes muertos.

En entrevistas anteriores, legisladores como el presidente de la Comisión Especial para autorizar pensiones, Juan Carlos Ponce, dio a conocer que el principal obstáculo en este caso es que los asesinatos no ocurrieron en tierras michoacanas.