El Antigobierno. Miguel V. Salman Alvarez.

ESCRITORIO DEL EDITOR

“El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota.

La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado.” 

Año 55 a.C. Cita de Marco Tulio Cicerón, quien fue un jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Es considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República.

Me gusta la frase, pues si cambiamos la referencia de “Roma” y ponemos en su lugar “México”, resulta sorprendente su aplicabilidad en este 2010, en tiempos de “jaloneo presupuestal”.

Es inevitable, que nuestros gobernantes y los legisladores piensen en términos electoreros.
Todos ven hacia el futuro, pero no el año 2030 al que se hace referencia en la Visión de nuestro país en el Plan Nacional de Desarrollo, el pensamiento futurista se ubica en el 2012, que para los del partido gobernante PAN, significa la defensa del campeonato, como dicen en el box; para los del partido tricolor , PRI, significa aprovechar la revancha para recuperar los terrenos que se perdieron hace 10 años, para los del PRD, los amarillos, quieren tomar la alternativa y jugar “a la chica”, reclamando la oportunidad de demostrar lo que ellos pueden hacer para gobernar este país.

Sus aspiraciones se sustentan en un gran deseo de “servir a la patria”, pero si esta pudiera hablar a cual preferiría o  pudiera ser que dijera “a ninguno de los tres ni con sus alianzas”.

Nuestra Constitución federal en el Art. 134 , dispone:  “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Continuando con las reglas para administrar los recursos públicos, en el tercer párrafo de dicho articulo se dispone: “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

El quinto párrafo de este articulo es contundente “El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo”.

Ahora la cuestión es si los ciudadanos están convencidos de que en el país, en su estado y municipios realmente se cumplen las reglas constitucionales del buen manejo de los recursos públicos.

Sera cierto que  los Estados y los Municipios se administran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Para cerciorarse de lo anterior,  se necesita conocer la información financiera y ahí radica el primer problema, la mayoría de ellos no cumplen con la obligación constitucional de la “transparencia”.

Recientemente el Secretario de Hacienda y Crédito Publico expuso la preocupación por el excesivo endeudamiento de algunos Estados y es ahora procedente preguntar ¿esos Estados cumplen con las disposiciones constitucionales?
Por otra parte, ¿la Federación que sus deudas son mayores que sus activos, cumple con la Constitución?
Las respuestas son obvias, pero finalmente en el discurso gubernamental, una política del buen gobierno es “que nadie esta por encima de la  ley”. ¿Sera cierto?