El gasto público y la opacidad de los gobiernos estatales. Por José Carbonell

ESCRITORIO DEL EDITOR.

Una vez liberados del yugo presidencial al que estaban sometidos durante el régimen de partido hegemónico, el poder de los gobiernos estatales se ha ampliado de forma exponencial en los últimos años. Sin prácticamente contrapeso alguno, muchos gobernadores se están convirtiendo en nuevos virreyes y sus entidades parecen feudos particulares, reproduciendo a escala local las características del régimen autoritario del que recién se emanciparon.

Este poder creciente de los gobernadores se sustenta, en buena parte, en que reciben cada vez mayores recursos, dentro del proceso de descentralización que vive el país desde hace años.

A pesar de que la Constitución establece que los recursos económicos que reciben los estados deberán ser administrados con eficacia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, en la práctica la fiscalización y la rendición de cuentas es casi inexistente.

Peor, la falta de información impide que ni siquiera podamos conocer el tamaño del problema.
Como atinadamente señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “en la era de la información, los datos públicos en México, en particular a nivel subnacional, tienen enormes diferencias. Mientras nuestras finanzas públicas continúen marcadas por la opacidad y la peligrosa creatividad de nuestros funcionarios, no podremos hablar de rendición de cuentas y se corre el riesgo de que, al abrir la caja de pandora, nos encontremos con sorpresas muy poco agradables.”
De hecho, el caso de los presupuestos estatales es el más evidente. Estos documentos son el eje sobre el que gira el gasto público y su transparencia: es en donde quedan plasmadas las verdaderas prioridades de los gobiernos.

En los últimos años, la mayoría de estados han optado por reducir la cantidad y calidad en la información presupuestal. Es decir, han decidido de forma deliberada dificultar el rastreo de los recursos públicos, cuando no de ocultar su destino. En particular, en los últimos tres años 18 entidades federativas han reducido de forma significativa la información presupuestal disponible al público.

Además, en algunas entidades las atribuciones discrecionales que se le otorgan al Gobernador alcanzan niveles irracionales. Van dos ejemplos.

En un estado del norte del país, en caso de existir ingresos adicionales a los previstos –bien sea por los excedentes petroleros que les transfiere la Federación, una mayor captación tributaria, etcétera— el Presupuesto de Egresos para 2010 faculta al titular del ejecutivo para decidir sobre su destino, sin que pase por la aprobación del Legislativo. En un segundo estado, el Gobernador es el encargado de autorizar los subsidios, donativos y ayudas que considere oportunos, una vez más sin traba alguna.

Sin mencionar que en la actualidad, por ejemplo, es prácticamente imposible saber el número de empleados de la mayoría de los gobiernos estatales o de los municipios.

Para vivir en una democracia vigorosa y de calidad es indispensable introducir mayores dosis de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito de las entidades federativas –y en los municipios—: fortalecer todo el marco normativo y las instituciones encargadas de vigilar la hacienda pública, empezando por las entidades de fiscalización, que en muchos casos están encabezadas por personas afines al gobierno que pretenden controlar.

Elementos como la transparencia, la mejora de los procesos presupuestarios, la existencia de sistemas de evaluación del desempeño, o la regulación de las compras gubernamentales, deberían ser cuestiones fundamentales dentro del sistema de fiscalización en todos los gobiernos del país.

A fin de cuentas, desarrollar políticas de transparencia y de acceso a la información, además de una herramienta primordial para la democracia, implica también una exigencia al Estado para que sea más efectivo y preste mejores servicios públicos a la ciudadanía.

Abogado y politólogo. Universidad Nacional Autónoma de México. Máster en Políticas Públicas y Sociales. The JOHNS HOPKINS UNIVERSITY- Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, España. Máster en Economía Pública. UNED. Madrid, España. Candidato a Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, España. Candidato a Doctor en Economía Pública. UNED. Madrid, España. Autor o coautor de 4 libros y más de 15 artículos. Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Twitter: @jose_carbonell