Con la convicción de que resulta prioritario actualizar las normas en materia de responsabilidad civil por daño ambiental en el estado, el diputado Librado Martínez Carranza presentará este jueves, en sesión legislativa, una iniciativa de ley sobre el tema.

             Comentó que ante los perjuicios que se han causado, junto con la necesidad de implementar las políticas públicas a favor del ambiente, legitimar los procesos de responsabilidad civil ambiental y establecer mecanismos alternativos para la reparación de los daños, es preciso contar con una ley.

            Así, informó que presentará una Iniciativa de Ley de Responsabilidad Civil por Daño Ambiental para el Estado de Michoacán. Esta deberá incluir reformas en el andamiaje jurídico para que sea consecuente con la inclusión de la responsabilidad civil como elemento de colaboración en el cuidado y preservación del medio ambiente, bajo una perspectiva del daño que se genere en actividades consideradas del alto riesgo.

            No sin antes señalar que la iniciativa que propondrá deberá ser complementaria de las normas ambientales establecidas, el legislador panista Librado Martínez se refirió a que es fundamental legislar en materia de responsabilidad civil por daño ambiental, precisamente con  la finalidad de detener la afectación que se genera por la falta de un instrumento legal que regule, sancione y obligue a la reparación.

            Destacó que en la misma iniciativa de ley propondrá “la formación de un fondo para la restauración y preservación de los ecosistemas, el cual sería administrado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente y manejado por un consejo técnico plural, con lo que se generarían y mantendrían en reserva recursos suficientes para facilitar acciones de reparación de daños y apoyar a las dependencias de la administración pública estatal y municipal, al igual que a personas físicas y morales, cuando la magnitud del daño supere su capacidad financiera”.

            Aclaró, finalmente, que la “reparación del daño, como se propone en la iniciativa, consistiría en el pago por los perjuicios en efectivo o en especie, y el de gastos y costas que se eroguen  durante el proceso”.