El congreso y el refinaciamiento de la deuda por Francisco Morelos Borja

El pasado 9 de septiembre recibimos en el Congreso del Estado una solicitud de refinanciamiento de la deuda bancaria directa estatal, por parte del gobierno del Mtro. Leonel Godoy, es decir, el Ejecutivo estatal  pidió la autorización del Poder Legislativo para adquirir deuda por 5 mil 672 millones de pesos, pagaderos a 25 años, para saldar deuda de corto y mediano plazo. Además para hacer factible la respuesta positiva de los legisladores, el gobierno del Estado envió simultáneamente una iniciativa de reforma a la Ley de Deuda Pública, ya que en los términos vigentes, la solicitud mencionada, simplemente sería improcedente por ilegal.

De entrada, vale la pena resaltar que inquieta que, en contrario a lo que señalan los cánones del derecho parlamentario, se pida modificar la ley para atender un caso particular cuando la sensatez legislativa dicta que las leyes no deben hacerse si no con base en lo general e impersonal, con el agravante, además, de que no es la primera vez que así se solicita. Lamentablemente en el pasado, sin tener toda la información debida -porque no fue completamente proporcionada-, se ha accedido a este tipo de peticiones.

Emerge, así, una realidad deplorable: nunca los gobernadores del Estado han querido, ni han considerado indispensable, informar cabalmente al Congreso de la estricta situación que guardan las finanzas públicas y lo que es igualmente funesto, el Poder Legislativo  técnica y políticamente ha sido incapaz de obligar al Ejecutivo a proporcionarla, fallando en lo que debiera ser un proceso normal ordinario de rendición de cuentas.

Hace un año cuando el Congreso autorizó un crédito por 1 500 millones al gobierno del Estado, se nos dijo -y se hizo público- que por ese entonces el pasivo acumulado era de unos 6 500 millones de pesos. Un año después el propio gobierno nos entrega información donde queda registrado que la deuda del gobierno michoacano en diciembre de 2009 ascendía no a lo que se nos había informado en su momento si no a ¡13 mil 384 millones! Esto es solo un pequeño gran ejemplo de cómo pueden llegar a manejar la información los responsables de las arcas públicas.  Por cierto, en esa ocasión como condición para autorizar dicho empréstito el gobierno estatal se comprometió a liquidar los 1 500 millones completamente antes del 31 de diciembre de 2011, cosa que, por la razón que fuere ha reconocido que le será imposible cumplir. Podríamos seguir enumerando ejemplos que ilustran la facilidad como indebidamente el Poder Ejecutivo ignora al Poder Legislativo, baste añadir que el año pasado el gobierno del Estado ejercicio como subsidio a la Universidad Michoacana más de 800 mil pesos y  unos 2 mil 700 millones asignados extraordinariamente a la Secretaría de Educación estatal por arriba de las cantidades autorizadas en el Presupuesto de Egresos por los legisladores. Todo esto representó ingresos extraordinarios que no se reportaron y un significativo sobre ejercicio presupuestal sin que el Congreso fuera ya no digamos consultado si no advertido (en el buen sentido de la palabra). ¿Cómo confiar?.., ¿cómo creer?…

Ahora, cómo ha pasado varias veces en los últimos años con los gobiernos estatales del PRD, acude el Secretario de Administración y Finanzas,  casi al término del ejercicio fiscal a pedir auxilio, responsabilidad y comprensión para salvar o estabilizar las finanzas estatales.

Los argumentos son numerosos, en las propias palabras de dicho funcionario  “se ha privilegiado la inversión sobre la disciplina”.  Esto se oye más o menos bien, sobre todo cuando se refuerza con algunas cifras que demuestran ¡sin duda! que en los últimos años los gobiernos perredistas han gastado como nunca antes gobierno michoacano alguno soñó. De 2001 a 2009 el gasto “de inversión” se triplicó al pasar de 4 mil 389 millones a 12 mil 745. La pregunta es ¿realmente ha valido la pena tanto gasto a expensas de deuda? Pensemos que según lo planeado  el pago de los créditos compromete para los próximos años algo así como 2/3 terceras partes de las participaciones federales, dinero que no podrá ya más gastarse en inversión.

Nos dicen que el gobierno ha invertido enormemente en gasto de inversión productiva para “mover indicadores de desarrollo”. Así se arguye que como aportación al PIB nacional Michoacán aportaba en 2002 el 2.1% y que en 2009 contribuyó con 2.56%, presumiendo un significativo aumento de ¡más del 20%!, pero no dicen que en 2003 -cuando aun la deuda no crecía tanto- ya había alcanzado el 2.5%.

Veamos algunos datos de un estudio reciente realizado por ITESM (“Tec. de Monterrey”). Michoacán en cuanto desempeño económico estaba en 2001 en el lugar 21, en 2010 en el 23; en cuanto eficiencia gubernamental estábamos en 1999 en el lugar 24, en 2010 en el 25; en eficiencia de negocios estábamos en 2001 en el lugar 27, en 2010 en el 16; en infraestructura en 1999 estábamos en el 29, en 2010 ¡en 29! Según el último informe del Instituto Mexicano de la Competitividad Michoacán ocupa, en este rubro el lugar 25 prácticamente la misma posición que hace varios años (lugar 26). Este organismo también destaca que somos el Estado con menor eficiencia terminal en secundaria y en general el peor en calidad educativa, que somos el tercer Estado con menor número de vuelos por población económicamente activa (PEA) y la cuarta entidad federativa con ¡mayor gasto en nómina! (algo así como 70 centavos de cada peso).

Para terminar, sólo decir que no hemos hablado de lo que parece más grave: los problemas estructurales de las finanzas públicas michoacanas, que no se van a resolver con ninguna restructuración o refinanciamiento de deuda, que de cualquier forma hay que hacer, para saneamiento financiero y para disminuir costos de andar pidiendo prestado de más.