Antonio Soto

El domingo pasado se celebró una reunión de respaldo, apoyo y solidaridad al gobierno del estado de Michoacán. Dirigentes nacionales, legisladores, presidentes municipales y líderes perredistas suscribieron un documento de siete puntos llamado “Declaración de Michoacán”, en este documento se destaca: “la difícil situación que vive esta entidad, es la misma que se vive en gran parte del territorio nacional”. Se agrega además que esto  es consecuencia entre otras cosas: “del abandono por parte del Estado mexicano de sus responsabilidades para preservar la legalidad constitucional y que pone en riesgo la viabilidad misma del Estado nacional y la vigencia constitucional”.

       Se dice también en esta declaración, que el propio gobierno federal ha reconocido a través del Secretario de gobernación, que en más de 400 municipios del País no rige ni la Constitución ni el Estado nacional, reconocimiento que da cuenta de la gravedad que enfrenta México, para poder garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad de sus habitantes, es decir, la situación es tan dramática, que el mismo gobierno federal reconoce públicamente, su falta de capacidad para tener bajo su control vastos territorios de la Republica Mexicana.

       Los lideres perredistas reiteran su compromiso con el combate a la delincuencia en todas sus manifestaciones, pero demandan del gobierno federal, una lucha frontal contra este flagelo en todos aquellos lugares donde éste ha sentado sus reales, independientemente del partido político que gobierne la entidad correspondiente, independientemente de que grupo criminal tenga el dominio de ese territorio. La crítica es totalmente oportuna e indispensable, sobre todo cuando se ha visto que la federación en distintos estados del País, donde hay, según lo consignan los medios, una fuerte presencia criminal, no actúan ni con la rapidez, ni con la efectividad que quisiéramos la sociedad, lo que ante la opinión pública desvirtúa la autenticidad del interés gubernamental de acabar efectivamente con el crimen organizado.

         Existen muchas suspicacias detrás del supuesto combate al crimen organizado en Michoacán, no son pocos los que creen, que en realidad lo que busca el gobierno panista, es el máximo desprestigio del gobierno del estado; con el propósito de fortalecer a su partido en este estado donde nunca ha ganado una elección. Es importante que se siga combatiendo a los delincuentes y llevándolos ante la justicia. El combate debe ser en todo México, el que por desgracia ya tiene muy pocos lugares donde no se dan hechos violentos, muy pocos lugares donde no haya presencia delictiva, muy pocos lugares donde no tenga influencia algún grupo criminal.

           El PRD plantea en este documento el que parte de esta problemática tiene que ver con la falta de empleos, de seguridad social, de educación, de falta de inversión tanto pública como privada, para que el país le de expectativas de desarrollo y de bienestar a toda la gente, en especial a los jóvenes, quienes por desgracia representan el sector más proclive a engrosar las filas de la delincuencia. Por supuesto, sobra razón al asegurar que el gobierno le ha dado mucha importancia al combate al crimen organizado, aunque con resultados mediocres, y nula o muy poca importancia al crecimiento económico y a la generación de empleos, a pesar de que fue el principal compromiso de Calderón.

       Finalmente se deja en claro por parte de este pronunciamiento, que el PRD es una organización política, sobre la que no debe existir ninguna sospecha de tener vínculos con el crimen organizado. Los dirigentes buscan con este documento, evitar dudas de que independientemente de amistades, parentescos o posiciones políticas, nadie en este partido puede conducirse al margen de la legalidad. Esta declaración obliga aún más al PRD a tener bajo estricta vigilancia a sus gobernantes, dirigentes y militantes, a efecto de evitar que alguno que se pudiera apartar de la ley, con ello llegara a afectar más, la ya de por si desgastada imagen de este partido. Es oportuno también decir, que obliga no solo a este partido si no a todos los partidos políticos a extremar precauciones de esta naturaleza; ya que permanentemente se encuentran expuestos y en un estado de vulnerabilidad frente al acecho del crimen organizado. ¿El gobierno federal escuchará a los perredistas?