Si los Estados nacionales no tuviesen que hacer frente a las agresiones externas que periódicamente presionan sus fronteras o amenazan su seguridad, tampoco existirÃa la necesidad –cualesquiera que sean a fin de cuentas sus dimensiones– de contar con fuerzas armadas o con aparatos de defensa frecuentemente costosos. Pero tal mundo idÃlico sólo existe en los sueños de los apóstoles de la utopÃa.
La historia enseña que siempre –o casi siempre– aparecen fuerzas extrañas que ponen en riesgo a las naciones. Y que es indispensable, por lo tanto, prever la posibilidad de eventuales conflictos. Hoy por hoy, y sobre todo en este primer tramo del siglo XXI y el tercer milenio, la más peligrosa y real de esas amenazas eventuales –susceptibles de convertirse en las hipótesis de conflicto del futuro– es la que plantea el crecimiento explosivo del narcopoder.
Una vez finiquitada la guerra frÃa, y a reserva de que la soberbia de Estados Unidos y sus aliados europeos sea capaz de provocar una nueva división de Europa o convertir en realidad la vigilia de guerra que vuelve a gravitar sobre el mundo desde los Balcanes, el Cáucaso, el Medio Oriente, la penÃnsula de Corea; en el periodo histórico que vive el mundo, las fuerzas que ponen en riesgo la seguridad de las naciones latinoamericanas, para ir al ámbito de nuestra inmediatez, no provienen de otros Estados nacionales, sino de organizaciones desnacionalizadas, no estatales.
Los barones del narcopoder no actúan, estrictamente, como ciudadanos de un paÃs o como miembros de un Estado. Para ellos, las fronteras no existen. Una de las consecuencias negativas de la globalización ha sido la extensión de este fenómeno a casi todos los paÃses, incluidos aquellos que estuvieron menos expuestos, durante algún tiempo, a las influencias externas.
Los Estados no siempre están preparados para resistir la amenaza de fuerzas que no combaten como los ejércitos clásicos y cuya metodologÃa de acción no es primordialmente militar, aunque incluya –en circunstancias extremas– la amenaza armada. Por ello, el error más grave y más cotoso, en todos los sentidos, del gobierno de Felipe Calderón, ha sido la militarización del combate al crimen organizado.
La pregunta que en estos momentos debe formularse, es de qué modo conviene combatir a un enemigo poderoso y atÃpico. La estrategia tiene que ser integral, pues el fenómeno del narcopoder tiene varias dimensiones: económica, social, cultural, financiera e, insisten algunos, militar. En lo que concierne a lo militar, hay un debate estancado sobre si las fuerzas armadas deben participar o no en la lucha contra el tráfico de drogas y, en el caso de que la respuesta fuese afirmativa, qué alcances y qué modalidades deberÃa tener esa intervención.
Tal debate, zanjado apresuradamente en México con los riesgos de contaminación e infiltración que conlleva la intervención de las fuerzas armadas en el combate al narcopoder, tiene otra dimensión en los paÃses sudamericanos, pues en algunos de ellos, como Argentina, los militares tienen prohibido actuar en dicho ámbito. La discusión correspondiente, en todo caso, deberÃa ser abordada en el contexto del proceso del Mercosur y de los procesos que los paÃses de la región han puesto en marcha para la integración profesional de sus fuerzas armadas. Se trata de una cuestión opinable, que no puede encararse a partir de posiciones dogmáticas.
No parece razonable eludir el debate sobre la base de definiciones apriorÃsticas cerradas, mientras la responsabilidad de enfrentar a los barones de la droga queda en manos de fuerzas de seguridad mal equipadas y dotadas de presupuestos insuficientes. Obviamente, si la lucha contra el narcopoder se entiende como la principal hipótesis de conflicto, la decisión polÃtica acerca de cuál debe ser la fuerza de intervención, ha de ir acompañada de una asignación adecuada de los recursos presupuestarios correspondientes.
Si la decisión del paÃs –o de la región– es que las fuerzas armadas no deben enrolarse en un empeño desgastante y difÃcil de compatibilizar con sus objetivos profesionales permanentes, lo que corresponde es encontrar los recursos estratégicos necesarios, a fin de que las fuerzas de seguridad estén preparadas y equipadas para contener el avance de los cárteles de la droga.
La sociedad mexicana ha cobrado conciencia de la gravedad de la amenaza del narcopoder, en la peor de las formas: mediante un baño de sangre ininterrumpido y una impunidad ante la cual el Estado parece incapaz, rebasado, mÃnimo. Muchos crÃmenes que han indignado y estremecido al paÃs, como el asesinato frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua de la valerosa Marisela Escobedo, están vinculados con esta realidad.
Es preciso insistir en que el mexicano no es, todavÃa, un Estado fallido, inerme ante los poderes fácticos, juguete o tÃtere de los mismos y en especial del narcopoder; pero durante una década terrible ha quedado al garete, como resultado de gobiernos fallidos, cuyo saldo acumula muerte y devastación.
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Periodista y escritor. Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara, Jal. Ha sido reportero, jefe de sección, jefe de información, jefe de redacción, subdirector y director de diarios y revistas, asà como colaborador y conductor de programas en radio y televisión, guionista, productor y director de videodocumentales. Enviado especial y corresponsal de guerra en más de 30 paÃses. Editorialista de Excélsior. Presidente del CÃrculo Latinoamericanos de Estudios Internacionales (CLAEI). Más información: http://claei.org.mx
