En Chihuahua no hay gobierno; manda el narco
ITINERARIO POLITICO
Ricardo Alemán
EXCELSIOR

¿Qué debemos entender cuando en una entidad del país se asesina de manera impune a una joven; cuando el asesino confeso es liberado por un puñado de jueces corruptos..?

¿Qué debemos entender cuando la madre de la joven asesinada se convierte en Ministerio Público, en policía, investigadora y denunciante de la corrupción y la complicidad; y cuando gracias a ese activismo se cambia la resolución judicial, y el asesino confeso finalmente es declarado culpable?.

¿Qué debemos entender cuando, ya culpable, el asesino confeso se da a la fuga, cuando no lo captura ningún cuerpo policiaco y la madre de la víctima lo busca hasta encontrarlo, pero ningún cuerpo policiaco se digna detenerlo?
¿Qué debemos entender cuando en protesta por la incapacidad e ineficacia de las instituciones, la madre de la joven asesinada realiza un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde reta a la autoridad a que detenga al criminal de su hija, y al mismo tiempo reta al responsable a que se atreva a presentarse en ese lugar?
¿Qué debemos entender cuando un hombre armado llega frente al Palacio de Gobierno —al lugar donde la madre realiza su protesta por la ineficacia del gobierno estatal—, para perseguirla y finalmente matarla de un tiro en la cabeza; todo ante las cámaras de “seguridad” del gobierno de Chihuahua, cuyos policías no aparecieron por ningún lado?
¿Qué debemos entender cuando el cuñado de la madre asesinada es levantado, su negocio incendiado y cuando finalmente el cuerpo del cuñado aparece muerto?

¿Y qué debemos entender cuando a esa atrocidad: exterminio dirigido contra un grupo de ciudadanos que sólo reclamaban justicia, el cártel de Sinaloa responde con una oferta de justicia; justicia que no han sido capaces de garantizar el gobierno estatal, los gobiernos municipales y, menos, el gobierno federal?

Lo que debemos entender —porque es claro como el agua— es que en Chihuahua no hay gobierno. Que en Chihuahua el nuevo gobierno del priista César Duarte es un cero a la izquierda. Que en Chihuahua mandan las mafias criminales y del narcotráfico, las que por consigna exterminan a familias completas —como ocurrió con parte de la familia de Marisela Escobedo, de Marisol, su hija, y de su cuñado—, y en donde a la barbarie de un grupo criminal responde, con la promesa de justicia… ¡nada menos que el cártel de Sinaloa!

Lo que debemos entender es que en Chihuahua mandan las mafias criminales, gobiernan los cárteles del narcotráfico, los que igual cobran un impuesto por vivir que castigan con la muerte el delito de reclamar justicia, en tanto que otras bandas, como el cártel de Sinaloa, asume las funciones justicieras del estado.

Luego del asesinato de Rubí Marisol Frayre Escobedo, a manos de Sergio Barraza —el asesino confeso—; luego de la ejecución de un balazo en la cabeza de Marisela Escobedo, y del homicidio de su cuñado, en Chihuahua aparecieron mantas firmadas por el cártel de Sinaloa, en donde ese grupo mafioso pide a los ciudadanos aportar datos que los lleven a la identificación y captura de los asesinos de Marisol, de Marisela y de su cuñado, “para hacer justicia”.
Las mantas de “justicia” no son del gobierno de César Duarte, sino del cártel del Chapo. ¿Y entonces quién gobierna en Chihuahua? Está claro que no gobierna César Duarte, y menos los alcaldes de Chihuahua. Está claro que en Chihuahua el gobierno ha sido suplantado, las funciones del estado asumidas por un poder fáctico criminal, y está claro que, en los hechos, mandan las bandas criminales. Y esa realidad no la ve sólo el que no quiere ver.
¿Qué esperan el PRI y los partidos opositores en Chihuahua para remover al inútil gobierno de César Duarte; qué espera el Congreso de la Unión para actuar; los poderes Ejecutivo y Judicial? ¿Cuántas familias más deberán ser exterminadas? ¿Cuánta legitimidad más le darán al justiciero cártel de Sinaloa? Al tiempo.

EN EL CAMINO.

Tiene razón Diego Fernández de Cevallos. Frente a la monstruosidad que se vive en Chihuahua con el caso de Marisela Escobedo; frente al crimen sin nombre que provocaron los ordeñadores de combustible en San Martín Texmelucan, el secuestro y la liberación del Jefe Diego parece un asunto de menor gravedad. Pero, ni modo, la romería mediática está con el ex candidato presidencial. Pero esa es la otra realidad, la del espectáculo mediático de todos los días.

Asesinato de Marisela: rabia, dolor, impotencia
ARSENAL
Francisco Garfias
EXCELSIOR

No hay palabras para describir la indignación que ha provocado el asesinato de Marisela Escobedo. La noche del miércoles, un joven sicario le quitó la vida con un tiro en la cabeza, cuando reclamaba justicia por la muerte de su hija Rubí Marisol. La activista fue ejecutada justo frente a Palacio de Gobierno, donde llevaba a cabo su protesta, para vergüenza de las autoridades locales.
El caso pone en evidencia al gobierno local. Marisela no fue protegida, a pesar de que había denunciado que el presunto asesino de su hija, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, detenido y liberado por falta de pruebas, la había amenazado de muerte.

Barraza Bocanegra fue novio de Rubí Marisol. Ella tenía apenas 16 años. La mató, la quemó y confesó. Fue detenido, pero en mayo de 2010, tres jueces orales —Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vásquez y Rafael Boudib Jurado— lo exoneraron “por falta de pruebas”. Usted probablemente vio en la televisión la reacción que este fallo provocó en Marisela. Gritos de dolor, impotencia, rabia, indignación.

Después de la liberación del asesino, la madre de Rubí dio a conocer una carta en la que el propio Barraza Bocanegra le pide perdón a su víctima “donde quiera que estés”, por haberla privado de la vida. La injustificable decisión judicial fue recurrida ante un tribunal de casación. Marisela obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión, que no ha comenzado a cumplirse por la fuga del asesino.

El gobernador de Chihuahua, César Duarte, ya pidió al Poder Judicial que separen a estos tres jueces de su cargo. Solicitó también ante el Congreso local un juicio de procedencia para quitarles el fuero; y se les pueda procesar. “Los jueces, a nuestro juicio, actuaron de manera ligera e irresponsable”, declaró ayer el gobernador, en el programa Primero Noticias, que conduce el periodista Carlos Loret de Mola.

El cobarde asesinato provocó indignación entre la ciudadanía y una dura reacción de las organizaciones que defienden los Derechos Humanos. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos distribuyeron un comunicado en el que acusan:

“La falta de coordinación, incapacidad, omisiones, desprecio, negligencia e impunidad en el feminicidio de Rubí, de las autoridades federales y estatales, contribuyeron a generar un contexto permisivo para que se privara de la vida a la Sra. Marisela Escobedo.”, concluye el desplegado.

-Los diputados se fueron de vacaciones sin elegir a los nuevos consejeros del IFE, pero también sin debatir siquiera la reforma laboral propuesta por el PRI. Ya sabemos que en este último caso fueron los propios tricolores los que mandaron un oficio para que el dictamen, publicado en la Gaceta Parlamentaria, fuese sacado de la agenda. “No tenía la calidad suficiente”, declaró Francisco Rojas, coordinador de la bancada tricolor, cuando le preguntaron las razones de esta decisión. Pero el rumor crece de que fueron presiones de poderosos  empresarios las que lo obligaron a retirar el dictamen. La iniciativa no tocaba en lo más mínimo los privilegios de los sindicatos.
El presidente de la Comisión del Trabajo, el priista Tereso Medina, no supo ni donde quedó la bolita. Él era uno de los más entusiastas promotores de la congelada iniciativa.

-Este domingo se realizará la segunda vuelta de elecciones de consejos ciudadanos que fueron impugnadas en siete colonias de la Ciudad de México. Los resultados se nulificaron por tráfico de influencia y brotes de violencia, principalmente en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Los consejos ciudadanos son el vínculo entre los habitantes de las colonias y la autoridad delegacional. Entre sus atribuciones está la de incidir en el destino parcial (entre 3 y 5%) del presupuesto asignado a su demarcación, sobretodo para la obra pública.

El Tribunal Electoral del DF, aún sin uno de sus magistrados, se declara listo para coadyuvar en el buen desarrollo de estos novedosos comicios, que no se habían realizado desde hace 11 años. El tribunal quedó incompleto tras la destitución, por actos de corrupción, del entonces magistrado Miguel Covián, en febrero del año en curso. La tardanza en reemplazarlo comienza a preocupar en este órgano autónomo electoral. Ya está encima el proceso para renovar jefes delegacionales y la jefatura de Gobierno del DF. La ALDF, encargada del reemplazo, nomás no da color.
Esta columna se va de vacaciones y regresa el 4 de enero.
Amable lector le deseo felices fiestas y un próspero 2011

Caso Diego: algunas hipótesis
Jorge Lofredo

Debido a la gran cantidad de grupos especializados en ejecutar actividades ilícitas, la hipótesis de la responsabilidad de alguna organización político-militar clandestina y armada en el secuestro de Diego Fernández de Cevallos suena, si no imposible, cuando menos débil, desde el punto de vista de que la infraestructura y logística de los actuales y conocidos grupos guerrilleros no alcanzaría para consumarlo sobre una figura tan conocida, no sólo por la captura en sí misma, sino por el mantenimiento de su cautiverio.

Aún en la espera de poder contar con más elementos del plagio, no puede descartarse que los boletines que emitieron periódicamente los secuestradores fuesen una impostura (es irrelevante en este momento que Misteriosos Desaparecedores o Red por la Transformación Global [RTG] sean denominaciones desconocidas).

En el caso de que la responsabilidad recaiga, en efecto, sobre una estructura político-militar clandestina es posible considerar que esto estaría abriendo una nueva etapa de los grupos guerrilleros en México, donde comenzaremos a ver acciones más espectaculares. Etapa que habría comenzado en 2007, con los ataques del EPR contra los ductos de Pemex.

Si algunos grupos armados que se dicen revolucionarios, han crecido en base social, muy probablemente habrían optado por unirse de manera coyuntural, para encarar conjuntamente una acción de gran envergadura, como el secuestro de Diego, tanto para hacer propaganda política, como para hacerse de recursos económicos. Vale hacer notar que el EPR varias veces se ha deslindado de este tipo de acciones, aunque otros grupos sí las consideran válidas.

Ahora bien, si las probabilidades técnicas de que un grupo armado haya estado detrás de este caso no son altas, hay que reconocer que el texto de la desconocida RTG —si es realmente habla dice de sí misma— posee muchas de las características de una reivindicación política guerrillera.

Según el escrito, el secuestro está en línea con un acto popular de “desagravio”, de “rebeldía” y mediante el “uso constructivo de la violencia”, mediante la traza de una división entre “nosotros” y “ellos”. Dentro del “nosotros”, el pueblo, se ubica RTG, pero se presenta un “nosotros” fracturado frente a un “ellos” monolítico, porque el “nosotros” se compone entre los que actúan y los que no.

Un dato relevante que se encuentra en los últimos comunicados de los secuestradores (el “epílogo de una desaparición”) es el llamado a unificar todas las formas de lucha o establecer alianzas con distintos sectores rebeldes contra los poderosos, contraponiendo la “violencia constructiva” con la “destructiva” que se impone desde arriba. En ese sentido, el secuestro del político panista se propone como el acelerador de esta dinámica.

Lo que resulta sumamente evidente para quienes siguen puntualmente la emisión de comunicados guerrilleros es la coincidencia de los tiempos del secuestro con el silencio sostenido por la “Coordinación Revolucionaria”, conformada por TDR-EP, el MRCLB y otros grupos más, cuando este conjunto de organizaciones se ha destacado por ser muy prolífico en sus escritos.

Acaso, el 23 de septiembre pasado (efeméride del asalto al Cuartel Madera), ese silencio fue quebrado con la primera parte de un comunicado y cuya continuación, datada en diciembre de 2010, propone un recorrido de las razones históricas de la lucha armada en México, con particular énfasis en la figura de Lucio Cabañas, asesinado el día 2 del mismo mes. Pero el escrito se envió varios días después de esa fecha y no anunció que esa comunicación haya culminado.

Por supuesto que estos elementos no alcanzan para determinar responsables de manera contundente. También está la posibiliad de que haya sido un grupo político de poder, no revolucionario, con intenciones de someter al Ejecutivo federal y generar caos, responsabilizando a las guerrillas con comunicados falsos.

Centro de Documentación de los Movimientos Armados.

¿País de héroes? ¡Qué barbaridad!
Interludio
Román Revueltas Retes

Repito algo que escribí hace unas semanas a propósito de la heroica actuación de don Alejo Garza: en México no necesitamos héroes; lo que necesitamos es poder vivir en un país de leyes, un país seguro, un país donde se respete el Estado de derecho…

Algunos lectores creyeron entender que estas afirmaciones significaban una desestimación: no valoraba yo la recia valentía de ese hombre. No se trata de eso. Al contrario. Me impresionó grandemente, en todo momento, el comportamiento de un ciudadano cuya proeza, creo yo, tiene las resonancias de una tragedia griega. No queda más que quitarse el sombrero delante de un personaje que, por defender su patrimonio, afrontó con absoluta entereza la certidumbre de una muerte inminente. Pero, justamente, ¿nos toca la tarea a nosotros los particulares? ¿En México no hay garantías, no hay un orden público, no hay policías ni fuerzas de seguridad? ¿Prevalece aquí la ley del más fuerte y cada quien debe agenciarse, por cuenta propia, los medios para asegurar su supervivencia? ¿No podemos aspirar, como ciudadanos de una nación que se presume civilizada, a que el Estado, en el ejercicio de sus atribuciones —y, sobre todo, en el cumplimiento de sus primerísimas obligaciones—, sea el que nos brinde protección y seguridad?

Reconocemos la bravura de don Alejo. Pero así como el heroísmo de los bomberos tiene lugar únicamente cuando ocurren incendios, el anhelo de una sociedad no debe ser la glorificación de los actos sobrehumanos sino la simple prevención de las catástrofes. Dicho en otras palabras, lo mejor es que no haya deflagraciones. O, en el caso que nos ocupa, lo verdaderamente importante es que un suceso así —la violenta irrupción de unos canallas para arrebatarle por la fuerza sus propiedades a un hombre de bien— no hubiera podido ocurrir gracias a la capacidad disuasoria del aparato judicial del Estado.

Y ahora tenemos el estremecedor asesinato de Marisela Escobedo. Mis respetos, señora. Bueno, pero, y los jueces ¿qué hicieron? ¿Y la policía? ¿Y el Gobierno?

¿Más héroes? No. Más justicia, por favor.

Tras de las rejas de mi prisión
Cancionero
Félix Cortés Camarillo

A mí no me sorprende el aplomo y la serena agresividad de Diego Fernández de Cevallos ante los medios, al aparecer religiosamente perdonavidas de quienes le ofendieron en su derecho primario que es, diría don Quijote, la libertad, ni su escénica aparición, bocina en palma de su Mercedes Benz para anunciar su retorno del cautiverio después de tanto tiempo. Desde que le confronté por primera vez hace 35 años en La Jolla, California, sé de su natural serenamente violento y calculadoramente frío.

Yo, que no soy así, me quedo con otras incógnitas más pedestres. El corte y peinado de cabello tan cuidadoso, la barba lavada y pulcra como si viniere de un spa de lujo o las uñas de los dedos que las cámaras de televisión no nos dejaron nunca ver de cerca.

Es obvio que quien sabe más de la naturaleza, conducta y procedimientos de los ex misteriosos desaparecedores es la víctima de su secuestro. Y también que la obligación de las autoridades judiciales mexicanas es descifrar el rompecabezas que éste, el más complejo de los secuestros por motivos políticos y económicos en nuestro país, encierra.

Una lectura rápida al manifiesto —12 páginas—, cuya publicación facilitó la libertad de Fernández de Cevallos, no deja lugar a duda: sus captores pueden ser unos violentos ávidos de recursos para su operación. Pero no son ningunos pendejos.

El documento, que si bien no llega a los abusos líricos de los escritos del subtomandante Marcos, sí insiste en el mismo tono farragoso, de una ideología revolucionaria guerrillera de los años 70; muy ubicada, por cierto, en la zona de la costa de Guerrero. Las menciones a los Rubenes Figueroa padre e hijo, así como a Acosta Chaparro, son pistas geopolíticas del EPR y todos sus offsprings imaginables.

Lo único cierto es que quienes se llevaron a Diego, pertenezcan a un bando o al otro, son muy hábiles e inteligentes. Desde luego más que la autoridad.

Astillero
-Montajes y rollos
-Felipe y Diego disienten
-Sonar de yunques
-Involucrar a AMLO
Julio Hernández López

Felipe ha saltado para arrebatarle al ChupaBarbas el estandarte hechizo con que éste pretende asentarse como opción de derecha compasiva pero firme frente a un izquierdismo rudimentario que según eso practican los propicios Desaparecedores cada vez más misteriosos. Pero éstos no serían sino delincuentes puros y duros, echadores de rollo, hipócritas usuarios de palabrería de justicia social a los que mueven crudas ambiciones económicas, según la rauda descalificación felipista asestada a lo que el litigante dorado había calificado antes como marcadísima” connotación política e ideológica en su contra.

Choque en las alturas, con tintineos que algunos creen identificar con el sonido de los yunques de la discordia. Ayer mismo, para fortalecer esa hipótesis metálica, un Movimiento Blanco, que no es más que otra de las elaboraciones de membrete con que suelen presentarse los yunquistas clásicos (Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega Sánchez, en este caso) se asomó a escena para defender la autenticidad digna de leña verde de los comunicados de los Misteriosos Redactores Bajo Pedido que estarían llevando el terrorismo a escalas mayores.

Yunque insurrecto que asegura que la crisis de la delincuencia organizada sin control y los actos de violencia política como el secuestro de Diego han hecho que el país entre “en una ruta que puede conducirnos a la condición de Estado fallido”. Yunque ansioso de impedir que Felipe acabe de desgraciar a la derecha, de tal manera que ha avanzado en el control del comité nacional panista, con la heroína migrante Cecilia Romero como secretaria general y con batallas en curso en Guanajuato por la sucesión gubernamental. Y he allí que Felipe y Diego han sostenido ácidas confrontaciones durante años y ahora parece que la casa michoacana no está dispuesta a que con un montaje salino le sea arrebatado el derecho sexenal de imponer candidato a la sucesión. Guerras internas sin ramos de rosas rojas para nadie. Comunicados y motivaciones del presunto secuestro que parecen haber sido mandados hacer para fortalecer la figura futurista del abogado de cuello blanco y para dañar a un destinatario muy enunciado, el incómodo denunciante de las mafias del poder. Frente a ese izquierdismo básico, simplificador e inocuo, la figura de El Quijote de Punta Diamante podría crecer de manera desmesurada, convertido así el precandidato en gigante ideológico por contraste.

Además, el prodigiosamente recuperado litigante queretano ha revelado que sostuvo con sus captores intensas sesiones de discusión que no terminaron cambiando el parecer de ninguna de las partes concurrentes a esas tertulias en algún lugar desconocido, pero que sí fortalecieron (complementando la propia visión derechista e integrando lo rescatable del abecé izquierdista) el ánimo de lucha política, a tal grado que en lugar de sufrir choques traumáticos posteriores a la dura experiencia sietemesina, el declamatorio político desbordadamente barbado se permite anunciar que luchará donde sea necesario, que seguirá sirviendo a México y que no buscará ser candidato presidencial en 2012 (aunque, claro, no cierra la puerta a la posibilidad de que la parte blanquiazul del pueblo se lo pida y él pudiera aceptarlo, aunque no lo hubiera buscado) y que apoyará a quienes sí sean aspirantes de su partido, recorriendo pueblos, haciendo campaña, caballero andante que siempre ha ido contra calderas de viento…

El proyecto armado, es decir, montado, para impedir que el calderonismo siga dañando a la derecha, arrebatándole con artes escenográficas extremas la posibilidad de imponer alguna mediocridad perteneciente a su circulito íntimo como candidato a una derrota anunciada, tiene, sin embargo, fallas evidentes. En primer lugar, la presentación en público del nuevo producto viejo tuvo claros errores de utilería, sobre todo en términos pilosos, e incluso de sobreactuación, excediéndose el veterano actor en la representación de valentías y vitalidad cuando los parlamentos deberían mostrar abatimiento, debilidad y confusión producto de siete largos meses de secuestro a manos de lo que voces oficialistas del salinismo rector han descrito como uno de los grupos guerrilleros más violentos.

Por otra parte, ese mismo órgano informativo oficial del salinismo ha hecho saber en un editorial que los presuntos secuestradores fueron animados por el discurso y las acusaciones constantemente hechas por… Andrés Manuel López Obrador, a quien así se pretende involucrar con el “terrorismo” –como bien lo preparaban los textos misteriosos de los supuestos desaparecedores–, a tal grado que esa sinrazón periodística salada advierte que la polarización adjudicada a AMLO podría generar consecuencias como las que el discurso de Marcos provocó en Mario Aburto. El salinismo asienta en su boletín diario que el dinero cobrado por el caso Diego acabará financiando más secuestros, más terrorismo e incluso el sostenimiento de la “doble vida” de dirigentes. ¡Vaya manera de tender la cama para futuras acometidas mediáticas y eventuales actos de represión! Del montaje de intentos de candidaturas (la caballada está flaca, y barbona) al montaje de provocaciones. Del montaje de comunicados con redacción dedicada a opositores al montaje de las “justificaciones” para desafueros judiciales. La política como testigo protegido. Los Misteriosos Desaparecedores como denunciantes anónimos que activen allanamientos políticos y encarcelamiento de opciones. El comando ChupaBarbas ataca.

Astillas

Pemex y sus comisionistas gerenciales en turno sufren para sostener la tesis del robo de ductos cuando saltan las evidencias de que hay descuido criminal en las redes nacionales… Y, mientras el cártel de Sinaloa anuncia que tomará cartas en el asunto del asesinato de Marisela Escobedo, la madre asesinada por exigir justicia, y que ejecutará al responsable de ese ataque, como para demostrar que el Estado fallido está siendo sustituido por la narcojusticia, ¡hasta mañana, con un capitán del Ejército asesinado en Uruapan!

México SA
-Justicia desnutrida
-¿Todo el peso de la ley?
-FC: rollo e hipocresía
Carlos Fernández-Vega

Producto del avanzado grado de desnutrición que registra la justicia en México, queda claro que todo el peso de la ley”, la frase predilecta de la clase política autóctona, ni de lejos roza, ya no se diga aplasta, a quienes cotidianamente atracan y humillan a la nación. No pasa día sin que alguno de los integrantes de la clase gobernante amenace con ese pomposo enunciado, ni otro para que se le olvide, o, de plano, proceda en estricto sentido contrario (más lo segundo que lo primero). Infinidad de casos se acumulan, mientras la dama de la espada y la balanza muestra una figura cada vez más escuálida.

Para no ir más lejos, de la guardería ABC y los 49 niños muertos, pasando por los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas, hasta el asesinato de Marcela Escobedo y el reciente caso de Diego Fernández de Cevallos (sin dejar a un lado el narcotráfico y cada uno de los muchos “daños colaterales”) el inquilino de Los Pinos ha sido fiel usuario del cliché: “se aplicará todo el peso de la ley…” Los puntos suspensivos los utiliza para anotar el nombre del ilícito en turno, tal cual procedió tras la terrible explosión en San Martín Texmelucan, Puebla, que ya ha cobrado 29 vidas, amén de haber destrozado buena parte de la ciudad. Luego de conocer éstos últimos hechos, el susodicho velozmente amenazó: “se aplicará todo el peso de la ley” sobre los responsables de la citada explosión, producto, según la aún más veloz conclusión, de la “extracción clandestina de combustible, por lo que se realizará una investigación a fondo para depurar responsabilidades”. Como apunte, vale mencionar que las mismas frases se utilizaron en 1984 –Miguel de la Madrid– tras la explosión en San Juanico, y en 1992 –Carlos Salinas de Gortari– luego de la explosión en Guadalajara. Nada se hizo. Lamentablemente, ha reventado otra ciudad más, San Martín Texmelucan, por la “extracción clandestina”, a la que también se combate “con todo el peso de la ley”. ¿Cuántas más?

En este contexto, si la memoria no falla al autor de estas líneas, desde cuando menos tres lustros atrás se vienen escuchando las dos historias, una real otra ficticia: la primera, sobre la “ordeña” ilegal de los ductos de Petróleos Mexicanos; la segunda, sobre el “decidido combate” gubernamental en contra de quienes ilegalmente clavan el popote –por decirlo así– a las tuberías de la paraestatal. Lo primero se ha convertido en un jugosísimo negocio para unos cuantos, a costillas de la nación; lo segundo en parte de los cada vez más famélicos resultados de los llamados aparatos de justicia y de seguridad del Estado.

En el discurso se utiliza la frase (“aplicaremos todo el peso de la ley”) como sinónimo de acción y de excelentes resultados, aunque el “decidido combate” a la citada “ordeña” parece reproducir (como los panes bíblicos) el números de tomas clandestinas existentes en el país, no obstante que están en funcionamiento (cuando menos así lo aseguran oficialmente) la Mesa Interinstitucional de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles y el Programa de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles. Detectan una toma clandestina, y otras diez están en operación; descubren cien, y aparecen mil en plena producción.

En su más reciente informe de labores, Pemex reporta que “se identificaron y clausuraron 439 tomas clandestinas en el Sistema Nacional de Ductos de Pemex-Refinación, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Por entidad federativa, se localizaron 113 tomas clandestinas en Veracruz, 66 en Nuevo León, 57 en el estado de México y 31 en Tamaulipas”. Ni una sola referencia a la ordeña en Puebla, donde se localiza San Martín Texmelucan, por mucho que la paraestatal subraye que ese estado de la República se cuenta entre los de mayor presencia de la industria petrolera.
En la última década, Pemex descubrió más de 2 mil tomas clandestinas en sus ductos, que son de la nación. Lo que antes tardaba tres años en detectar, ahora le lleva uno, lo que aparentemente documentaría lo bien que va el programa de combate a la “ordeña”, de no ser por un hecho contundente: el negocio de la venta ilegal de combustible va viento en popa, y la impunidad de quienes lo hacen llega a tal grado que nada les significa sacrificar a la población, como la de San Martín Texmelucan, siempre que las ganancias estén garantizadas.

En su informe de labores correspondiente a 2008, Pemex lo resume así: “pese a las acciones realizadas para detener y ubicar las tomas clandestinas en el Sistema Nacional de Ductos, el volumen sustraído de producto aumentó 10 por ciento… La detección de tomas resulta cada vez más difícil, debido a que el mercado ilícito ha evolucionado y coloca túneles y derivaciones de hasta 3 kilómetros hacia bodegas. Una mayor vigilancia y la aplicación de equipo instrumentado permiten detectarlas, pero no impiden la colocación de nuevas tomas”. El reporte de 2007 revela: “del total de tomas clandestinas identificadas en ductos de Pemex-Refinación, 150 se encontraron en oleoductos, siendo la primera vez que los ilícitos cometidos en ductos de este tipo son mayores a los realizados en poliductos y combustoleoductos, (lo que) evidencia las adecuaciones que los grupos delictivos realizan en respuesta a los controles implantados por Pemex-Refinación en la cadena de distribución de gasolina y diesel”. Y el de 2001: “de las fugas y derrames ocurridas en Pemex Refinación se atribuye el 42.5 por ciento a tomas clandestinas y/o terceros…”. En síntesis, el cuento de nunca acabar.

Cuando menos cinco lustros de “ordeña” a los ductos de Pemex, y “todo el peso de la ley” parece ser útil en sentido contrario: cada día hay más tomas clandestinas, igual a pingües ganancias. “Todo el peso de la ley” que no ha servido, ni por aproximación, para evitar explosiones como la de San Martín Texmelucan ni el atraco a la nación. Eso sí, garantizado está que en la siguiente tragedia lo primero que dirá el inquilino de Los Pinos o alguna de las eminencias que lo rodean será lo relativo a “todo el peso de la ley”, en un país en el que la justicia muy cerca está de morir de inanición.

Las rebanadas del pastel

Muchos se fueron con la finta, porque ayer Felipe Calderón habló de “rollo e hipocresías”. Creyeron escuchar la primera autocrítica del inquilino de Los Pinos, pero no, una vez más se equivocaron: el inquilino de Los Pinos se refería a los presuntos plagiarios de La Ardilla.

¿Qué explosión sigue?
José R. Martínez Bolio

En este espacio hemos publicado muchas veces el peligro que representan los gasoductos. ¿Qué pasó? Que explotó el de San Martín Texmelucan, Puebla y, hasta la fecha, el número de muertos es de 29.

Como era de esperarse el director de PEMEX busca culpables. Ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. ¿Qué gasoducto puede ser el próximo en explotar? Cualquiera. Puede acontecer en San Juanico, Guadalajara, Tula, etcétera.
¿Qué negra historia tiene el gasoducto de San Juanico?

1. En 1961 comenzó a operar con una longitud de 18.9 kilómetros que se instalaron en una zona despoblada, pero que a casi cincuenta años de su construcción se convirtió en una zona densamente poblada con cerca de medio millón de habitantes.

2. Hace 26 años, el 19 de noviembre de 1984, se produjeron una serie de explosiones en San Juanico, en una Terminal de Almacenamiento de Pemex, en donde murieron más de 500 personas y sobrevivieron miles de heridos, muchos de los cuales perdieron parte de su cuerpo, quedaron deformes e impedidos para trabajar.
3. Como producto de este accidente se cerró definitivamente la planta de almacenamiento de Pemex y el 21 de noviembre de 1986, se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo para la reubicación de plantas de almacenamiento de gas L.P., ubicadas dentro de poblaciones.
4. Se publica un decreto en la Gaceta del gobierno estatal, el 24 de abril de 1991 que señala los peligros que existen en el polígono de seguridad y se prohíbe la construcción de más establecimientos peligrosos.
5. Un segundo accidente de grandes magnitudes se presentó en San Juanico el 11 de noviembre de 1996, cuando explotaron tres depósitos de combustible, provocando decenas de muertos, heridos y desparecidos.
6. Aún con estos dos graves accidentes, el acuerdo para reubicar las plantas de almacenamiento y el desmantelamiento del ducto no se han cumplido, ya que siguen operando seis empresas distribuidoras de gas L.P. en San Juanico y el ducto se mantiene como una constante amenaza. Los distribuidores de gas L.P. en la zona han impedido que las leyes se apliquen.
7. En el año 2005, un estudio solicitado por Pemex al centro de investigación especializado Battelle Memorial Institute, fue presentado al Comité de la Dirección de Petróleos Mexicanos en septiembre de ese año y a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Energía, a la SEMARNAT y a la CRE. Al tomar conciencia del gran riesgo del gasoducto, las autoridades decidieron clausurarlo “temporalmente” a mediados de 1986.
8. En una encuesta presentada en agosto del 2008 por la firma Parametría que realiza investigación estratégica, análisis de opinión y mercado, para ver la percepción sobre los riesgos que corre San Juanico por el manejo de miles de toneladas de gas LP por las seis gaseras que ahí operan, la población rechazó tajantemente la permanencia de las gaseras.
9. El IFAI ordena esclarecer los problemas de seguridad en San Juanico. El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a Pemex esclarecer las tragedias ocurridas en 1984 y 1990, con el objetivo de que se conozcan las verdaderas causas y se acabe con el potencial riesgo que representa la presencia de instalaciones de gas L.P.
¿Qué gasoducto explotará después del de San Martín Texmelucan? Cualquiera y como siempre PEMEX y el gobierno buscarán culpables. No admitirán su responsabilidad.

Opinión de
Pepe Grillo
¿Justicia? no si violan la ley

Difícil que alguien atienda a la explicación-justificación de los secuestradores de Diego Fernández de Cevallos.

Al abuso que acusan, responden con el crimen más despreciable de esta dolorosa época: el secuestro.

Convertidos en analistas de la situación del país, apuntan a supuestos culpables, los plagian, los juzgan y los sentencian.

Hay mucho qué cambiar en el país, nunca por la vía del crimen, el juicio sumario y el castigo que viola la ley.

Dinero … y rollo político

La tarea del gobierno, de la que Diego habló al regresar libre, no se completará en unos días.

Pero aunque él pidió que el suyo no se maneje como un caso especial, muchos esperamos que así se trate.

Lo dijo: su plagio tuvo interés monetario, y también connotación política.

Por lo que se sabe, se supone y se investiga, el gobierno opina desde ahora que los mensajes de los secuestradores son puro rollo.

Ferrari compró tortillas

Los tortilleros aumentaron de 8 a 10 pesos el kilo de tortillas y Bruno Ferrari dijo que no había alza. Afirmó que Economía y Profeco vigilan que no se cometan abusos.

El secretario se fue de compras y al final anunció que quienes encarecieron la tortilla deben presentarlas facturas de insumos más caros que argumenten el precio.

Ferrari se enteró que la tortilla sí se vende a 10 pesos.

Moreira culpa a Calderón

Humberto Moreira dio una muestra de su trato al gobierno en cuanto sea líder del PRI.

Defendió al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, a quien Calderón criticó por la fuga de 141 reos.

Dijo que el presidente habla “de lejos” y sus declaraciones son irresponables.

Lo culpó de no construir los penales federales que estaban planeados, precisamente para evitar estas fugas.

Ebrard, obras… obras…

Marcelo Ebrard confirmó que la línea 5 del Metrobús irá de Buenavista a San Lázaro y cruzará por el Centro Histórico.

En octubre, Crónica dijo que era el Plan B del GDF, ante la imposibilidad de revivir el tranvía.

Ebrard ofreció transporte hasta el Aeropuerto y que el Eje Robles Domínguez sea Corredor Cero Emisiones.

¡Nada qué ver con campaña electoral, eh!

Ordeñan en 22 estados

En 22 estados del país operan bandas dedicadas a robar el combustible de Pemex, dijeron PGR y SSPF.

Los ordeñadores de ductos de la paraestatal tienen organizaciones que se encargan de vender lo robado.

Los estados más afectados son Veracruz, Estado de México y Puebla, porque las bandas tienen vínculos con Zetas.

Nexos FARC con bandas de México

En un campamento bombardeado de las FARC, en Coquetá, Colombia, se incautó una computadora con información.

Hay datos de nexos de las FARC, que comanda Fabián Ramírez, con bandas mafiosas de México.

La información ya debe estar en el país.

Expediente político
AMLO y Ebrard; el debate del morbo
José Contreras

¿De qué van a debatir el ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard?

El reto lo lanzó Marcelo hace una semana y López Obrador lo aceptó ayer.

De llevarse a cabo, sería un debate estéril en términos de la sucesión, pues ninguno de los dos es oficialmente precandidato de algún partido político.

El PRD, al cual pertenecen ambos, no ha iniciado su proceso interno y por lo tanto carece de reglas de competencia.

López Obrador y Marcelo pretenden suplantar con un debate los caminos institucionales que tiene su partido para definir al candidato presidencial del 2012.

Un debate entre estos dos personajes sería valioso si aportara datos sobre la relación de subordinación que ha mantenido Marcelo respecto a Obrador, incluso más allá de la administración del tabasqueño en el DF.

Un debate de este tipo entre el rey amarillo y uno de sus súbditos predilectos generaría un morbo tremendo, pero también ayudaría a entender muchas cosas.

López Obrador podría echarle en cara a Marcelo, por ejemplo, el hecho de que lo rescató de los largos años de ostracismo político que arrastraba, al nombrarlo secretario de Seguridad Pública.

Y que lo encubrió y arropó cuando la policía bajo su mando no fue capaz de evitar que una turba quemara vivos a dos elementos de la entonces Policía Federal Preventiva en la delegación Tláhuac.

Podría echarle en cara también que cuando fue destituido por el presidente Vicente Fox, Andrés Manuel lo nombró secretario de Desarrollo Social, con lo cual no sólo evitó que pagara un costo político por el linchamiento, sino que lo catapultó hacia la jefatura de gobierno.

López Obrador impuso a Marcelo Ebrard como su sucesor, por encima del entonces dirigente de Nueva Izquierda, Jesús Ortega, quien acató la decisión del mesías.

Quizá durante el debate, Andrés Manuel le reproche a Marcelo que le dispute la candidatura presidencial del 2012 cuando debería estar agradecido con él por rescatarlo de la nada.

Y Marcelo Ebrard, por su parte, podría reprocharle a López Obrador el imponer un maximato en el Distrito Federal, al manejar a su antojo primero a Alejandro Encinas y luego a él.

Podría pedirle una explicación del por qué convulsionó a la delegación Iztapalapa con la creación de ese monstruo llamado Juanito.

Y por qué lo presionó (a Marcelo) hasta obligarlo a nombrar a Clara Brugada como jefa delegacional sustituta cuando Juanito fue convencido de que renunciara.

Marcelo podría reprocharle a su rescatador político porque le sembró en la Secretaría de Desarrollo Social a un personaje como Martí Batres, a quien no se ha podido sacudir.

Porque ha puesto en su contra a un grupo de diputados locales a la Asamblea Legislativa y porque lanzó el buscapiés de que el senador Ricardo Monreal es su favorito para ser el candidato a jefe de Gobierno del DF en el 2012.

Pero sobre todo, Marcelo Ebrard podría reprocharle a López Obrador porque le organizó toda una rebelión en contra de uno de sus principales proyectos, que es la Supervía Poniente.

Un debate de este tipo ayudaría a conocer cómo hace el rey para imponer sus decisiones dentro de la izquierda mexicana por encima de la institucionalidad de los partidos.

Y cómo hacen los súbditos para disciplinarse y obedecer a ciegas, y para hacer como que se rebelan cuando la coyuntura se los permite.

OFF THE RECORD

**REBELIÓN EN EL SUR

El candidato del PRD al gobierno de Guerrero, Ángel Heladio Ramírez Rivero, se había sometido a la línea del mesías, que ordenaba oponerse a la construcción de la presa La Parota.

Pero tras una reunión con el gobernador incoloro, Zeferino Torreblanca, Ángel Heladio cambió de opinión.

Al senador con licencia no le costó tanto trabajo rebelarse a López Obrador, pues no es ni de su partido.

Ángel Heladio es el candidato del PRD, pero es más priista que el propio Zeferino.

**INTERMEDIARIO DE DIEGO

Según el senador del PRI Francisco Labastida, una empresa de origen británico fue la que negoció el pago de rescate por Diego Fernández de Cevallos.

La pregunta es: ¿Es legal el funcionamiento de empresas dedicadas a negociar la liberación de secuestrados?

Si la respuesta es sí, es malo, porque con eso se alienta la realización de más secuestros. Total, habrá una empresa intermediaria que se encargará de que nadie salga raspado.

Si la respuesta es no, es peor, porque entonces hay una empresa británica que viola la ley a sus anchas ante la complacencia de las autoridades.

Y seguramente no es la única.

**NARCOVOLANTES

Desde el pasado fin de semana, La Familia Michoacana reparte volantes en algunos municipios de Michoacán en los que advierte a la población que tenga cuidado después del 24 de diciembre.

Dice el grupo delictivo que si para esa fecha las fuerzas federales no han salido del estado desatará una guerra sin cuartel, pues las autoridades no aceptaron negociar.

No es seguro que los delincuentes cumplan su amenaza, pero algunos ciudadanos aprovecharán las fiestas navideñas para visitar a sus parientes de otros estados.

Nadie desea que haya violencia.

Ojalá que los narcovolantes sean una broma por la cercanía del Día de los Inocentes.