Una de las últimas medidas que tomó el Senado de la República relacionadas con los menores infractores, fue reformar la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, ampliando las penas que deberán cubrir los menores que caigan en delitos considerados como graves.

A la par, y ante las historias de niños y adolescentes que son requeridos por grupos del crimen organizado para formar parte de sus filas, en diversos estados de la República como Guerrero, Chihuahua y Morelos han comenzado a discutir iniciativas que buscan reformar sus códigos penales para aumentar las penas a los menores infractores.

En Michoacán, apenas en el 2007 fue aprobada la Ley de Justicia Integral para Adolescentes, que entró en vigor el 16 de Enero de aquel año, igualándose las penas y sanciones a las que prevalecían en la Ley Federal- se establecía que la privación de la libertad por hasta 5 años era la mayor sanción para los infractores, teniendo posibilidad de recuperar su libertad al cumplir la mayoría de edad.

Entrevistado sobre la posibilidad de equiparar la Ley estatal con la Federal, el diputado Raúl Morón Orozco enfatizó que de ninguna manera el endurecimiento de las leyes inhibirá los actos delictivos en los menores infractores.

Morón Orozco, quien es maestro de profesión y actualmente es integrante de la Comisión de Educación y de Derechos Humanos en el Congreso Local, dijo que antes de pensar en aumentar las penas, se debe optar por una apuesta a la educación, en la que la sociedad arribe y consolide una nueva cultura educativa, que permita construir e ir modelando la formación de un nuevo ciudadano.

“Un ciudadano que sea más responsable, más solidario, respetuoso de las leyes, yo creo que eso es lo que tenemos que apostar, a la educación y a generar fuentes de empleo que nos permitan satisfacer las necesidades de la gente y de las familias”.