Decisiones desafortunadas del congreso Por: Francisco Morelos Borja

“No uséis de inicuos artificios; pensad con sencillez y justicia, hablad como pensáis”

Benjamín Franklin

Este es el tercer artículo que presento a ustedes con motivo de la tan comentada reestructuración de la deuda pública del estado de Michoacán. No sé si será el último, ya que no me cabe duda de que se trata, desde varias perspectivas,  de un asunto de suma importancia.

Como muchos se han enterado, el pasado viernes (14 de enero) el Congreso del Estado -del cual formo parte- aprobó, por mayoría de votos, el refinanciamiento de dicha deuda mediante la contratación de créditos hasta por  4 mil 800 millones de pesos, a efecto de reestructurar compromisos de corto plazo trasladando los vencimientos a 25 años. También en esa sesión se aprobó un crédito por 442 millones al ayuntamiento de la capital del Estado, pagadero a 10 años.

Así como estoy plenamente convencido de que la reestructuración de los pasivos del gobierno que encabeza Leonel Godoy resultaba ineludible por el bien de la salud financiera de Michoacán, así también considero que las formas y condiciones como acordó resolverla el Poder Legislativo han sido -por decir lo menos- casi inexplicables y desafortunadas. Algo similar opino del endeudamiento autorizado al municipio moreliano. Veamos nuestros principales argumentos:

Lo primero que llama la atención es el súbito cambio de parecer, principalmente de las bancadas del PAN y del PRI, respecto a estos asuntos, aprobando términos y cantidades que hasta hace unos cuantos días habíamos rechazado, por cierto de manera bien fundada y con inusual firmeza.

Durante semanas dijimos, priistas, panistas y hasta algunos perredistas, que la cantidad de cuatro mil 800 millones propuesta en un segundo momento por el Ejecutivo -inicialmente había pedido la autorización de crédito por 5 mil 672 millones- nos parecía aun excesiva. La propuesta panista, elaborada concienzudamente, sostenía que el endeudamiento fuera hasta por 3 mil 900 millones; algunos legisladores del PRI aludiendo a lo máximo -que en su criterio- permitiría la ley pusieron en la mesa la propuesta de 2,200 millones y otros de plano afirmaron que no avalarían ninguna cantidad. El 23 de diciembre, con ánimo conciliatorio la mayoría de legisladores había aceptado 4,400 millones. Una de las razones para estas cifras alternativas era forzar a que, responsablemente, el gobierno estatal hiciera un ajuste presupuestal que le implicara “apretarse el cinturón” y congruentemente operar verdaderamente de manera austera. Finalmente prevalecieron los criterios del Ejecutivo.

Segundo. La mayoría de los legisladores, otra vez de todos los partidos, afirmamos categóricamente, y lo repetimos una y otra vez, que una condición imprescindible para aprobarle el crédito solicitado -más allá de la cantidad- consistía en que hiciéramos reformas a la Ley de Deuda Pública de forma tal que, entre otras cosas, en el futuro impidiéramos que el gobierno estatal pudiera, en forma significativa, endeudarse a corto plazo sin autorización del Congreso, y así evitar que se repitiera la historia en que, a final del año fiscal o del periodo de ejercicio constitucional, los representantes del gobernador tramiten ante el Poder Legislativo -en una especie de chantaje- un “necesario y conveniente” rescate financiero, tal como ha venido sucediendo los últimos años con las administraciones perredistas.

Pues no solamente no hicimos valer esta condición si no que por mayoría se aprobaron reformas a la Ley de Deuda Pública que aumentan la discrecionalidad del Ejecutivo en este aspecto, es decir quedó peor de como estaba. Por cierto, es falso que sea un candado el haber establecido el impedimento de adquirir deuda de corto plazo en los últimos 6 meses anteriores a que concluya el periodo constitucional como pretenden hacer creer algunos legisladores.

Esta limitación no tiene mayores consecuencias pues en los primeros 180 días, de ese último año, los gobiernos podrán adquirir deuda de corto plazo sin avisar y menos sin la necesidad del aval de nadie hasta por el 5% de los ingresos ordinarios, lo cual significa que de hecho ya le autorizamos al gobierno del Estado, además de los 4 mil 800 millones para la reestructura, hasta aproximadamente 2 mil 200 millones a corto plazo que puede solicitar inmediatamente la semana que entra o bien en mayo o en junio -iniciado el proceso electoral- para lo que más le convenga, y lo que es peor, la reforma a dicha ley ahora le ahorra la pena al Ejecutivo de al fin del año ir a pedir ayuda al  Congreso, pues el decreto de marras señala que de ahora en adelante se puede reestructurar o refinanciar deuda de corto plazo simplemente acreditando tener como objeto mejorar las condiciones originales, ya sea con la modificación de tasas de interés por ejemplo o ¡de los plazos!, es decir, de aquí en adelante los gobiernos estatales podrán adquirir y reestructurar deuda de corto plazo trasladando el compromiso de pago a cuando les plazca sin tener que contar con la autorización del Congreso.

Tercero, el caso Morelia. El haberle autorizado al ayuntamiento priista de la capital del Estado una deuda, con obligación de pago que rebasa -en este caso por 10 años- el periodo constitucional para el que han sido electos resulta, sin duda alguna, una decisión injusta. Hubo otros tres cabildos que habiendo tramitado ante el Congreso una solicitud equivalente, es decir, pidieron autorización al Poder Legislativo para endeudarse al igual que Morelia, con adecuada calidad crediticia y para inversiones públicas productivas, les fue rechazada. Así, Hidalgo, La Piedad y Marcos Castellanos fueron informados que su solicitud no procedía con la explicación de que había un acuerdo tomado en las comisiones encargadas de dictaminar -tomado por unanimidad de los diputados, entre ellos algunos del PRI-   de que no se autorizarían créditos, a ningún ayuntamiento, a plazo que rebasara su periodo constitucional. ¿Y luego?

Me queda claro que estas tres decisiones del Congreso (la reforma a la Ley de Deuda Pública y las aprobaciones de la reestructuración de la deuda del gobierno del Estado y del crédito a Morelia) fueron tomadas de manera incorrecta, desafortunada y casi inexplicable.