Más allá de la noticia: El vacío político y la democracia asediada De: Luis Gutiérrez Esparza

La liquidación parcial del orden político basado en la hegemonía del PRI, ha dejado un vacío que, al menos hasta ahora, nadie ha sabido ni podido llenar. La oposición está decidida a enmendarle la plana al Presidente de la República; los gobernadores del PRI viven a la defensiva, atrincherados en sus estados y en campaña, a ratos encubierta, contra el gobierno federal; los partidos se niegan en los hechos a tratar con Gobernación; las instituciones políticas no han encontrado la manera de establecer un diálogo con cuya ayuda, aunque no fuera más, se pudieran exponer sus diferencias.

La gobernabilidad se erosiona a ojos vistas. Esta crisis no es sólo consecuencia de una coyuntura adversa, de una serie de suposiciones erróneas desde su planteamiento y de intentos de corrección y cambios de rumbo fallidos. Una situación de ingobernabilidad ha llevado a plantear públicamente en algunos casos y silenciosa e internamente en otros, los rencores, odios guardados y desprecios que carcomen a los partidos. Las ambiciones, en una situación como la presente, no pueden ni darse a conocer a los amigos más cercanos: no queda sino descalificar a los demás.

Felipe Calderón, como antes Vicente Fox, no ha sabido definir su derrotero: si lo que busca es un cambio de régimen o un cambio de paradigma. Un cambio de régimen implica un cambio profundo en las relaciones políticas, cambio de personas en los principales puestos de decisión del gobierno, pero no una redefinición de los incentivos institucionales que existen.

Un cambio de paradigma implica una transformación institucional, una búsqueda de nuevas modalidades legales, ir afianzando en la legalidad nuevas maneras de interacción política y una transformación fundamental en la manera de gobernar al país. Significar reducir drásticamente la capacidad gubernamental de actuar sin transparencia y sin contrapesos y darles mucho más juego a todas las otras instancias políticas.

Todo esto exige también que el Congreso debe crecer para ser un contrapeso, efectivo pero funcional, del Poder Ejecutivo y lanzar el asalto contra varios de los reductos más importantes del poder tradicional (circunstancia que no estaría presente en un mero cambio de régimen).

Calderón no ha vacilado en aliarse con lo más deleznable del sistema político sobreviviente, como Elba Esther Gordillo, pero al mismo tiempo decidió montar a lomos de la ultraderecha clerical, a la que cree utilizar, sin darse cuenta de que está siendo utilizado y de que el precio a pagar se incrementa geométricamente con cada mes que pasa.

La disyuntiva de los gobiernos de la alternancia ha sido siempre el impulso de un cambio gradual cuya dirección y velocidad se vayan definiendo sobre la marcha y por la fuerza de las circunstancias; u otro decidido, con metas y calendarios comprometidos y medibles contra resultados específicos. Las ventajas y riesgos de cada uno, son distintos: el primero minimiza la inestabilidad en el corto plazo, pero amenaza el proyecto de cambio sustantivo en la medida que permite el atrincheramiento de elementos opuestos a la transición.

La estrategia del cambio acelerado tiende a generar mayor incertidumbre en el corto plazo pero, en la medida en que logra poner en marcha los engranajes de un nuevo orden social sin permitir el crecimiento de los vacíos de autoridad,; de reglas y de espacios de participación, es una apuesta más segura de cambio real. Los horizontes de tiempo para una transición son, sin embargo, relativos. La rapidez o lentitud de la reforma se definen por el capital político y las condiciones de estabilidad con que se cuenta para impulsarla.

En este sentido, la modificación de las instituciones que determinan la forma en que se ejerce la autoridad debería incluir:

a) Los procesos mediante los cuales se selecciona a los actores gubernamentales y éstos rinden cuentas, son vigilados y reemplazados;

b) la capacidad del gobierno para administrar sus recursos eficientemente, diseñar, instrumentar y hacer cumplir políticas y regulaciones eficaces; y

c) el respeto de la ciudadanía y el gobierno hacia las instituciones que norman el intercambio social y económico.

En suma, los gobiernos de la decena trágica panista no cayeron en la cuenta de que había adecuaciones indispensables, independientemente de que en la generación de consensos mínimos para impulsar las acciones gubernamentales, hubiera mucho –demasiado– por hacer, debido a que la Presidencia de la República ha carecido sistemáticamente de operadores políticos eficientes, con sensibilidad real y capacidad de negociación.

Nunca se dieron cuenta de que la experiencia internacional, por lo menos en las últimas tres décadas, es indicativa de la enorme dificultad que supone atravesar por procesos paralelos de reestructuración institucional de un régimen político, consolidación de economías de mercado sustentables y competitivas, e integración a la mirada de escenarios comprendidos por la globalización. No hay modelos para armar, ni calendarios fijos: cada sociedad enfrenta tareas, actores, obstáculos y tiempos particulares.

Pero la lección es unívoca: las reformas hacia la institucionalidad tienden a mejorar las condiciones de vida de la población en general. Los gobiernos tienen un papel crucial en la definición de factores como la efectiva rendición de cuentas, el control de la inestabilidad y la violencia, la eficiencia gubernamental en la resolución de problemas públicos, el cumplimiento y la vigilancia del Estado de derecho, la función reguladora y el control de la corrupción.

Donde los gobiernos cumplen transparente y eficazmente con estas funciones, y donde el régimen político está fundado en la competencia de actores plurales, el intercambio general de las sociedades ha tendido a producir y distribuir un mayor desarrollo humano y económico. En los casos que se han quedado a medio camino o cuando los gobiernos reformistas se han convertido en presa de intereses privados, el saldo llega incluso al retroceso.

El ambiente político es turbio y a duras penas se mantiene la estabilidad interna, cada vez más precaria. Debo insistir en que si bien todavía no desembocamos en el Estado fallido, sí existe un gobierno fallido. Para colmo, Calderón ha mostrado cada vez más la oreja de la intransigencia fundamentalista y se exhibe como demasiado vulnerable ante la crítica, que en los hechos parece tolerar mal.

La gobernabilidad democrática es un equilibrio entre cambio y estabilidad en las políticas del gobierno. Un país donde el gobierno tiene la capacidad para realizar cambios radicales y amplios de política quizás sea gobernable, pero no podría al mismo tiempo ser democrático.

Por otro lado, un país donde el gobierno no puede responder con cambios al continuo deterioro de la política en curso, quizás sea democrático pero difícilmente se le podría considerar gobernable. En resumen, el reto de una democracia es al mismo tiempo promover el cambio y garantizar la estabilidad de algunas políticas a largo plazo.

Periodista y escritor. Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara, Jal. Ha sido reportero, jefe de sección, jefe de información, jefe de redacción, subdirector y director de diarios y revistas, así como colaborador y conductor de programas en radio y televisión, guionista, productor y director de videodocumentales. Enviado especial y corresponsal de guerra en más de 30 países. Editorialista de Excélsior. Presidente del Círculo Latinoamericanos de Estudios Internacionales (CLAEI). Más información: http://claei.org.mx