El procurador Carlos Zamarripa informó que realiza la persecución de “varios” trabajadores mineros acusados del delito de despojo a la “Compañía Minera del Cubo”, igual que los tres dirigentes sindicales presos desde el miércoles en el penal de Puentecillas.

El fiscal señaló que elementos de la Policía Ministerial desarrollan acciones de inteligencia para la localización y captura de los mineros -de la sección 142 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM)- con órdenes de aprehensión de un juzgado penal.

El miércoles fueron detenidos Andrés Villa Licea, presidente del Comité de Huelga en la Mina, Ramón Monsiváis Ortega y Martín Reyna, sujetos al proceso penal 164/2010 por delito de despojo agravado, en el que presuntamente incurrieron durante el paro de labores que iniciaron el 3 de junio pasado para exigir el reparto de utilidades a la empresa canadiense Gammon Gold.

Teodoro Landín, ex secretario general del sindicato minero rechazó la imputación hecha por el Ministerio Público, porque un conflicto laboral ha tomado una vía penal “Nos persiguen peor que a los delincuentes”, lamentó el dirigente.

El 11 de enero, policías ministeriales capturaron a Filiberto García Marmolejo, representante obrero en el consejo consultivo de la delegación estatal del IMSS, quien dos días después fue liberado por un juez, por no existir elementos para acreditar la probable responsabilidad en el delito de despojo a la Mina El Cubo.

“Los huelguistas no son delincuentes, son gente de trabajo, no han cometido ningún delito”, argumentó David Peña, responsable del área jurídica del SNTMMSSRM.

El 8 de junio, la compañía canadiense Gammon Gold, concesionaria del yacimiento denunció a los mineros por despojo, luego de que trabajadores, en su séptimo día de paro de labores, bloquearon el acceso a la mina con una camioneta y montaron una guardia para impedir el paso de empleados de confianza y directivos.

Después, el día 18 de junio, la empresa extranjera anunció el despido de 397 trabajadores de la sección 142 (SNTMMSSRM) como consecuencia del “paro ilegal”.

En esa ocasión un contingente de sindicalizados obstruyó el acceso a la mina al impedir que directivos de la compañía sustrajeran la maquinaria.

El 30 de junio, los mineros estallaron la huelga con la colocación de las banderas rojinegras en el acceso a la mina, que permanecen a la fecha en el, luego de que la justicia federal les otorgara un amparo en contra de la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que en octubre declaró “inexistente la huelga”.

La Secretaría del Trabajo y Previsión informó que quedó acreditado el paro ilegal de labores, la empresa rescindió los contratos de todos los trabajadores sindicalizados, con fechas 5 y 16 de junio de 2010, por lo que la JFCA determinó que en la fecha en que se pretendió llevar a cabo la “huelga” por el sindicato minero, ya no existían labores que suspender, ni tampoco trabajadores al servicio de la empresa.

De acuerdo al departamento jurídico del sindicato minero la huelga existe y eso permite a los trabajadores estar en posesión legal de instalaciones.