El acelerado proceso de envejecimiento que enfrenta la población en México ha llevado a una preocupación sobre los efectos en el pago de pensiones y los gastos en salud. Otro aspecto, sin embargo, que no se ha analizado tan profundamente más que en foros especializados es el de los cuidados de largo plazo (CLP).
Los CLP se refieren a aquellas ayudas para la realización de actividades de la vida diaria que requieren las personas que no pueden valerse por sà mismas. Desde ayudas para ir a pagar la luz o el teléfono o al supermercado, hasta el apoyo necesario para levantarse de la cama, bañarse o comer. Los CLP se refieren a cuidar y no a curar. Se practican a personas dependientes de cualquier grupo de edad, pero principalmente a las personas seniles.
Se ha estimado que en las próximas décadas aproximadamente 15% de los hogares en el paÃs tendrá por lo menos un adulto mayor que requiera de CLP. Esto se explica porque crece el número de adultos mayores y porque dentro de éstos cada vez habrá más personas mayores de 80 ó 90 años, que es cuando se necesitan con más frecuencia estos servicios.
TÃpicamente los CLP los provee la familia u otros miembros de la comunidad, aunque existe evidencia de que una fracción de aproximadamente 15% de las personas que necesita cuidados para bañarse o comer no los recibe. ¿Es una responsabilidad gubernamental o un asunto privado?
Esta es una pregunta que no tiene respuestas fáciles, pero la experiencia en otros paÃses indica que las sociedades han optado por la intervención del Estado. La razón es que el costo que las familias y los cuidadores soportan es muy alto.
Cansancio, depresión, riesgos de enfermedad, problemas en el empleo o no poder trabajar son factores que afectan seriamente la calidad de vida de los cuidadores, especialmente ahora que con bajas tasas de fertilidad hay menos hijos que se hagan cargo de los adultos dependientes.
Efectivamente, en los paÃses más desarrollados (y envejecidos) se han establecido polÃticas públicas para apoyar en este tema. En Japón, España, Israel y otros paÃses –incluyendo EU que, como parte de la reciente reforma del sistema de salud, se reguló sobre el tema– han establecido programas al respecto.
Los programas son muy diversos e involucran a diferentes áreas gubernamentales. En algunos paÃses, los gastos relacionados a la compra de servicios o equipo médico son deducibles de impuestos. En otros se financian casas de dÃa o residencias. Sin embargo, sin excepción la seguridad social tiene un rol fundamental. En los paÃses mencionados anteriormente, entre otros, existe un seguro público administrado por la seguridad social (llamado de dependencia) en el cual los trabajadores activos contribuyen –como lo hacen a su pensión– y al cumplir cierta edad y tener la necesidad pueden reclamar los beneficios, que se otorgan bajo diversos formatos, dinero para pagar una enfermera permanente o temporal para que los cuidadores del hogar se tomen periodos de descanso, acceso a cuidado institucional u otros.
En algunos casos, a los cuidadores en edad de trabajar que deben dejar de hacerlo por un tiempo para cuidar a un miembro del hogar dependiente se les reconocen sus aportaciones a la seguridad social como si siguieran trabajando, con el objetivo de que puedan cumplir con los requisitos necesarios para reclamar una pensión o el servicio médico.
Los retos asociados al pago de pensiones y al gasto en salud han ocupado el interés de los hacedores de polÃticas públicas en el paÃs, pero este reto del envejecimiento debe ser analizado profundamente, no solo en el ámbito académico. Existen propuestas para el caso de México.
Yo en lo particular propongo la creación de un seguro de dependencia usando una parte de las cuotas pagadas al Infonavit, programa que considero no se justifica y que analizaré en otro momento. Estamos a tiempo de atender esta necesidad y diseñar la regulación que nos permitirÃa en el futuro enfrentar este reto exitosamente.
La autora es coordinadora de Investigación del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.
