En dÃas pasados, la periodista Carmen Aristegui fue cesada de su noticiario matutino debido, según los dueños de MVS, a que violó el código de la empresa, dada la forma en que editorializó y dio cobertura al contenido de una manta desplegada en la Cámara de diputados, donde se atacaba al presidente de la república y, además, por negarse a disculparse por ello. Ante esto, la reportera negó haber transgredido la ética y a su vez acusó a la presidencia de presionar para que fuera despedida.
Ante una situación tan delicada y de interés general, en que el derecho a la libertad de expresión pudiera quedar en entredicho, conviene hacer, responsablemente, algunas reflexiones lo más objetivamente posible.
No sobra recordar que el artÃculo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÃticos asienta que el derecho a libertad de expresión y opinión está configurado por 3 elementos: el derecho a opinar sin interferencias, el derecho a buscar y recibir información y el derecho a difundir, a través de cualquier medio, informaciones e ideas de toda Ãndole. Esto sin duda impone obligaciones jurÃdicas a los Estados, tales como el respetar este derecho o abstenerse de interferir en este derecho.
También es importante resaltar que el derecho a libertad de expresión constituye uno de los pilares indispensables en los que se sostienen las sociedades democráticas. Esto, en buena parte, debido a que este derecho constituye una premisa para el reconocimiento de otros derechos fundamentales para la vida en sociedad, como lo es el derecho a la libertad de asociación y de reunión, el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad religiosa y a la libertad de consciencia, asà como el reconocimiento al derecho de participación en las cuestiones públicas.
AsÃ, de entrada pareciera que se ha atentado en contra de este derecho en el caso de Carmen Aristegui, sin embargo, un análisis más detenido pareciera que, más bien, esta reportera se ha extralimitado en el ejercicio que hizo de la prerrogativa, que sin duda le asiste, a la libertad de expresión.
En primer lugar, habrÃa que dejar, también muy claramente, que a pesar de la gran importancia que tiene el derecho a la libertad de expresión no se trata de un derecho  absoluto, es decir es regulable y, bajo ciertas condiciones especiales, debe limitarse. De hecho no es infrecuente que invocando aparentes ideales democráticos se abuse de él.
El, ya mencionado, Pacto Internacional de Derecho Civiles y PolÃticos establece como lÃmites a la libertad de expresión: el respeto a los derechos o reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional o del orden público, la protección de la salud pública o la moralidad.
En esta perspectiva, me parece que existen algunos elementos que desacreditan, un tanto, el desempeño de Aristegui, veamos.
Primero, ¿cuál es la fuente de información sobre la que esta periodista especula sobre posibles aspectos negativos del presidente? ¡Sorpresa! el proveedor del rumor es nada más y nada menos que el legislador petista Gerardo Fernández Noroña, a quien si algo lo distingue son sus cualidades de provocador, pendenciero y fanfarrón, cosa que nos consta a los michoacanos, ¿no acaso, aquà en Morelia, en el teatro Morelos durante una sesión solemne, desgañitándose, insultó a Juan Camilo Mouriño, entonces Secretario de Gobernación y representante del Presidente en ese acto?
Segundo, ¿por qué dedicar alrededor de 10 minutos de un noticiario nacional a hacer conjeturas sobre un posible aspecto negativo de un gobernante? ¿De verdad existirá recta intención cuando se emplea tanto tiempo en sembrar desconfianza sin mostrar prueba alguna? Para ilustrar esto hagamos una analogÃa: ¿puede considerarse ético el que un periodista enfatice reiteradamente en un medio de comunicación masiva que existen algunas sospechas de que tal o cual gobernador tiene nexos con el narcotráfico? ¿o que se afirme y resalte insistentemente que existe el rumor de que tal o cual presidente municipal es un ladrón porque se ha auto-beneficiado con esta o aquella cuestión pública?
Tercero, cuando Carmen convoca a una rueda de prensa, para dar su versión de los hechos, se hace acompañar y llega -a Casa Lamm- con el periodista Miguel Angel Granados Chapa, muy respetable por cierto, que es sin duda un acérrimo crÃtico de los gobiernos panistas y que incluso se la jugó hace unos años con el PRD como candidato a gobernador. Esto de alguna manera permite inferir que en el actuar de Aristegui, más que un ánimo de crÃtica objetiva e imparcial, prevaleció un interés ideológico-polÃtico, bien definido, por demeritar al presidente y su partido, cosa que parece confirmarse al acusar únicamente a “los Pinos†de la pérdida de su empleo -otra vez sin mostrar ninguna prueba-, cuando evidentemente, haya sido por la causa que fuere, los directamente responsables fueron los dueños de la estación de radio.
Finalmente, Carmen no pudo ocultar la estimación excesiva que tiene de ella misma, con menosprecio a los demás. Con aires de grandeza emplaza a la empresa MVS para que se desdiga del haberle achacado el romper el código de ética y, además, para que redacte un comunicado en sentido opuesto donde le reconozca todo su valor, y entonces ¡ella está dispuesta a regresar, hasta fijando el dÃa!, como ofreciendo no perjudicarlos por su salida.
A pesar de todo esto, estoy plenamente convencido que su destitución ha sido un error. No es con censura fÃsica como vamos a consolidar un régimen de libertades democráticas. Es mejor correr el riesgo de que alguien abuse de la libertad de expresión que intentar acallar ciertas formas de pensar. Por cierto, la oficina de la presidencia ya dijo oficialmente que nada tuvo que ver con la salida de Aristegui, toca a la radiodifusora confirmar o negar, lo que no puede, o no debe, es quedarse callada.
