Municipios no deben ser empresas privadas: Sergio Solís Suárez

Independientemente de que existen alcaldes que cotidianamente desarrollan una importante tarea en beneficio de la ciudadanía, se ha detectado el caso de otros que se han autorizado salarios superiores a los del gobernador del estado, mientras sus municipios carecen de servicios básicos y la mayor parte de la población realiza grandes esfuerzos para nivelar su situación económica, señaló el diputado Sergio Solís Suárez.

De acuerdo con el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de Michoacán, ante dicha situación, resulta lamentable que los miembros del Cabildo no asuman realmente sus funciones para que los Ayuntamientos operen como lo que deben ser, un cuerpo colegiado en el que cada uno tiene un voto con valor específico igual.

Esto significa que “los alcaldes, al interior del Cabildo, también tienen únicamente un voto y no existe razón para, si así es el caso, complacer los caprichos de un presidencialismo exacerbado”, explicó.

Así, el legislador panista expuso que “la hacienda municipal no se debe seguir considerando arca privada”, ya que no es caja chica de los presidentes municipales, quienes en un gran número continúan tomando decisiones dolosas para las economías de la comuna, y tristemente, en muchos casos, con la autorización o complicidad del Cabildo”.

Cuestionó por qué la ciudadanía tiene que pagar los caprichos de despidos injustificados y que a la postre se tornan en juicios laborales e indemnizaciones millonarias que finalmente paga todo el pueblo por la intolerancia e ineptitud de las autoridades municipales, a las que incluso les embargan bienes que son necesarios para la prestación de servicios y la propia administración.

El diputado Sergio Solís Suárez mencionó, como ejemplo, el caso reciente de un Ayuntamiento que de acuerdo con noticias que se tienen, le embargaron dos vehículos para el pago de una indemnización de más de 400 mil pesos, de los cuales más de 280 mil son por salarios caídos.

Y fue más allá al preguntar que si existió razón para el despido de una trabajadora, cuál es el motivo por el que se perdió el juicio. Comparó que 400 mil pesos representarían para algunos municipios, el monto total de su obra convenida durante el año anterior.

También se refirió a que se ha detectado que en un amplio número de presupuestos de egresos municipales, no se consideran las gratificaciones reales de fin de año, de manera que al término de este, dejan de pagar a proveedores y suspenden servicios, becas, cursos y todo lo que se encuentra a su alcance.

En consecuencia, tales administraciones municipales buscan créditos para cubrir las prestaciones sociales e improvisan en vez de prevenir y programar, motivo por el que es preciso frenar esas prácticas.

Resaltó que “el profesionalismo ya tiene que ser etiqueta de las 113 administraciones municipales, y es que si bien es cierto que los Ayuntamientos requieren mayores recursos, es innegable que estos deberán ser para la creación de infraestructura que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y no con el objetivo de engrosar los aparatos de gobierno y menos con la finalidad de pagar errores o caprichos de los ejecutivos municipales”.

No sin antes aclarar que respeta profundamente el concepto de autonomía municipal, la cual ha defendido a través de su trayectoria en el ámbito político, en diversas tribunas y con actores de los tres órdenes de gobierno, dicho concepto no debe ser disfraz de la cerrazón, irresponsabilidad y deshonestidad.

Y es que la facultad que otorga la Constitución a los municipios en el artículo 115, no es un cheque en blanco; al contrario, es la cristalización de una lucha por hacer de éstos verdaderos órdenes de gobierno, responsables y eficientes, que sepan responder a las demandas ciudadanas por tratarse de las autoridades más próximas a la gente, dijo el legislador panista.

Reconoció la gran labor que están desarrollando la mayoría de los alcaldes michoacanos ante escenarios de inseguridad, asignaciones presupuestales tardías, recursos limitados para enfrentar las necesidades sociales, incomprensión ocasional de funcionarios federales y estatales que aún consideran al municipio como un menor de edad.

Por último, el diputado Sergio Solís Suárez afirmó que sin municipio no hay nación. “Las autoridades municipales deben cuidar su integridad y estar orgullosos de ser los representantes del pueblo; pero actuando, en consecuencia, con amor, profesionalismo y ética en el ejercicio de su mandato constitucional”.