El Senado aprobó por unanimidad cambios a la Ley General en contra del Secuestro, para precisar que si la víctima es liberada los tres días siguientes a su plagio, la pena para el responsable será de dos a seis años de prisión.

Según el dictamen, si la víctima sufre alguna lesión, la pena para el secuestrador será de nueve a 16 años de prisión y de 300 a 500 días de multa, y la colocación de dispositivos de localización y vigilancia hasta por cinco años luego de su liberación.

De igual manera, las modificaciones a dicha ley, que entra en vigor el próximo 28 de febrero, estipulan que los imputados por la comisión de este delito estarán sujetos a prisión preventiva durante el proceso penal.

Al respecto, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo Vieyra explicó que las reformas “tienen que ver con dos pequeñas correcciones a la llamada Ley antisecuestros”.

“Son dos correcciones que no pudimos pasar como fe de erratas y por eso pedimos a las comisiones este proceso parlamentario”, puntualizó.

Al hablar sobre el tema el senador petista Ricardo Monreal, expresó que el país está inmerso en una crisis de seguridad, y el secuestro es uno de los actos más desdeñables que el Estado debe condenar.

También habló del suceso donde perdió la vida un agente de Estados Unidos en San Luis Potosí, y manifestó que éste ha puesto a funcionar a todo el aparato de inteligencia de ambos países.

“Un día bastó para que el director de la Secretaría de Seguridad Pública, antisecuestros, junto con el FBI, se apersonaran en el lugar de los hechos e iniciaran una investigación profunda”, subrayó.

En nombre del PRD, el senador Tomás Torres señaló que hay graves disonancias entre las leyes locales y la federal, que se traducen en que el código penal de un estado no establezca los mismos tipos de delito que la ley general.

Existen delitos federales y del orden común y si no está con claridad tal regla, el destino de esta ley puede ser fatal, advirtió el legislador perredista por Zacatecas.

Por ello, consideró que se tiene que salvar esta cuestión de procedimiento porque de otra suerte puede tener un efecto negativo en la ley, que fue turnada a la Cámara de Diputados.