Reforma Electoral naufraga por obstinación Perredista. Por Francisco Morelos Borja

Hace 15 días dedicamos este espacio al tema de la reforma electoral para el Estado de Michoacán, que, como muchos sabemos, naufragó, es decir, resultó imposible materializarla debido a la oposición obcecada del Partido de la Revolución Democrática, primero, a través de sus legisladores retardando los trabajos en el Congreso y, segundo, por medio del gobernador al no publicar oportunamente el nuevo Código Electoral aprobado por el Congreso.

Sin duda, le asiste derecho a los perredistas para haber intentado con éxito frenar adecuaciones al marco jurídico que regirá en el próximo proceso electoral; con lo que parece que no cuentan es con una justificación sensata. Como parte de sus argumentos, han acusado, sin demostrar, irregularidades en el procedimiento. En el momento que lo deseen lo revisamos, aun cuando de poco sirviera ya, dado que los tiempos para su vigencia concluyeron, sin embargo podríamos aprovechar para revisar, también, la forma como se han emitido otros decretos, tal como es el caso de la reciente aprobación al margen de la ley de la reestructuración de la deuda pública michoacana, ante lo que extrañamente, a diferencia, han guardado silencio cuando se les ha hecho notar.

En cuanto al contenido del fallido nuevo Código Electoral tampoco parece razonable el rechazo que hacen los perredistas. Bajo su perspectiva lo menor vale más que lo mayor. Para los que creemos en la democracia, no nos parece justa la actitud asumida del “todo o nada”, es decir “me aceptas todas mis observaciones o no te apruebo nada”. No obstante que se incluyeron la mayoría de sus propuestas, ni siquiera, por tres sesiones, se dignaron presentar al debate. ¿Es así como consideran se construye una sana y plural vida parlamentaria? Por cierto, si alguien ya está en su mente revirando que algunos diputados -rehuyendo precisamente la vida parlamentaria- no fuimos al Informe del gobernador, la cosa es muy, pero muy, diferente: ahí no hubo espacio, ya no digamos para debatir, ni siquiera oportunidad para fijar una posición. Los informes de gobierno, lamentablemente en muchos lados todavía hoy, son, la mayoría de las veces, escenarios construidos para el brillo personal del titular del Poder Ejecutivo y de los más astutos o vanidosos.

Otros, justificando al PRD, estarán pensando que no es asunto menor el que el PAN y el PRI, también obstinadamente, estén pretendiendo mantener en su encargo a los actuales integrantes del Consejo General del IEM. Ante esto habría responder que esto no fue materia en el proyecto del nuevo Código. Para esa cuestión cualquier partido político inconforme cuenta, por vías institucionales, con acceso al control de constitucionalidad para interponer el recurso que corresponda. Nos tendremos que ajustar, todos, a la sentencia que emita, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con o sin Código nuevo.

Consideramos que el nuevo Código superaba con mucho el actual, el cual data de 1995 y que permite actuar con discrecionalidad a los partidos políticos, a los candidatos y a quienes desde el gobierno trabajan para que triunfe la propuesta de su conveniencia. Así, en cambio, quedaban, además de regulados, establecidos lapsos de precampaña y campaña más cortos, se fijaban condiciones para que el IEM pudiera intervenir con mucha más atingencia y facultades en el desarrollo del proceso e intervenir oportunamente a través de medidas cautelares para parar condiciones inequitativas; sobre todo se fortalecía al IEM en materia de fiscalización, se regulaba y daba certidumbre sobre encuestas y conteos rápidos, se agilizaban los procesos administrativos sancionadores, se preveía el recuento de votos para los triunfos obtenidos por escaso margen, se castigaba con nulidad de la elección si el triunfador rebasaba en > 1% el tope oficial de gastos de campaña, se preveía el derecho de réplica, etc.

¿En qué pocas cosas no nos pusimos de acuerdo PAN y PRI con PRD? Juzgue Ud. amable lector si se ameritaba boicotear al proyecto de nuevo Código:

El PRD no estuvo de acuerdo en que se prohibieran expresamente programas de gobierno extraordinarios en los últimos 30 días antes de la elección y que quedara proscrita la difusión de propaganda electoral mientras duraran las campañas, a pesar de que se admitía que continuaran las relativas a los servicios educativos, a la promoción turística y de salud, así como las correspondientes a protección civil en casos de emergencias.

PAN y PRI no estuvimos de acuerdo en reservar espacios específicos en las listas plurinominales para migrantes y para indígenas. A pesar de su justificación política y de su atractivo electoral para todos, estas propuestas nos parecieron inviables, en primer lugar porque el PRD nunca planteó formalmente -por escrito- cómo es que esto podría implementarse y, segundo, porque en el caso de los migrantes no se atendería la exigencia constitucional que establece que para ser diputado se requiere tener residencia efectiva local no menor a dos años; y en cuanto al espacio para los indígenas, lamentablemente no existe una definición, jurídicamente satisfactoria, para dar certidumbre sobre la representatividad de a quién se le otorgaría.

Finalmente, en todo su derecho, el gobernador decidió no publicar el nuevo Código Electoral, haciendo valer el tiempo constitucional que tiene para regresar con observaciones el respectivo decreto o bien publicarlo. Me queda claro que más allá del modo diferente de ver las cosas e incluso con estas serias desavenencias habremos de seguir trabajando con espíritu de colaboración entre Poderes, lo digo, al menos, por un servidor que aquí escribe.