Detecta ASF irregularidades en el Fondo de Educación para Michoacán

Pagos de sueldos a personal que no labora en los centros de trabajo reportados, recursos destinados a comidas y renta de taxis aéreos para la Sección XVIIII del SNTE, inconsistencias financieras en Carrera Magisterial, empleados sin identificar, pagos a comisionados a los que no se les asigna ninguna comisión y un probable daño patrimonial a la hacienda pública federal por 39 millones de pesos, son algunos de los hallazgos detectados por la Auditoría Superior de la Federación a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en el estado.

El informe de la Auditoría fue dado a conocer esta semana, y corresponde al ejercicio de los recursos federales durante el ejercicio fiscal 2009.

Cabe apuntar que Michoacán es, junto con los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, México, Oaxaca, Puebla y Veracruz, los que concentran la mayor parte de los recursos del fondo, con el 47.5 por ciento del presupuesto total de éste.

En el caso de Michoacán, en la revisión hecha al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el organismo fiscalizador efectúa seis observaciones con base a los hallazgos detectados en el ejercicio efectuado por el gobierno del estado, en las cuales determina los probables daños a la hacienda pública federal.

De entrada, el informe de la Auditoría apunta que no se cuenta con una identificación que permita la transparencia en la aplicación del recurso proveniente del fondo; los recursos y sus rendimientos no son transferidos en tiempo y en su totalidad dentro del ejercicio; además se incumple la normativa vigente, como ejemplo de ello se señalan las diversas erogaciones en los capítulos 1000 (servicios personales) y 2000 (materiales y suministros), que no son afines a los objetivos del fondo.

“En el pago de terceros institucionales existe deficiencia en el control, debido a que no se realizaron los enteros del Impuesto Sobre la Renta de retenciones por salarios; existen deficiencias en el control de nómina debido a que se encontraron centros de trabajo no autorizados o clausurados con pagos realizados”.

En el documento se apunta que la Secretaría de Finanzas del Estado, recibió de la Tesorería Federal el recurso correspondiente al fondo, el cual no transfirió al ente ejecutor, utilizando una “cuenta pagadora” que no fue exclusiva del fondo, debido a que presentó movimientos y transferencias de otros ingresos, lo que impide la supervisión y el manejo transparente de los recursos.

Dentro de este fondo se distrajeron recursos para otros fines, como la renta de taxi aéreo y gastos de alimentación para la Sección XVIII del SNTE, esto a pesar de no cumplir ninguno de los fines y objetivos establecidos en el fondo, en ese sentido también se hace referencia a la adquisición de uniformes deportivos para empleados administrativos.

Y agrega que la Secretaría de Finanzas realizó pagos por un importe de 16 millones 654 mil pesos, “por concepto de intereses moratorios y actualizaciones correspondientes al ejercicio de 2009, debido a que no enteró las aportaciones al ISSSTE en tiempo y forma”.

Además se determinaron diferencias entre las cifras que se informaron a la Secretaría de Hacienda con respecto al cierre del ejercicio definitivo y a los recursos enviados por la Tesorería de la Federación, debido a que la Secretaría de Educación del Estado reportó recursos ministrados por diez millones 537 mil 642.4 pesos, en tanto que la Secretaría de Finanzas recibió de la Tesorería Federal once millones 68 mil 299.5 pesos. Además, el cierre del ejercicio del 2009 entregado por la SEE fue por once millones 299 mil 908.7 pesos.

Por lo que toca a Carrera Magisterial, se refiere que de la muestra para la revisión física de los expedientes del personal con que cuenta, se obtuvo que el 28.3 por ciento de los centros de trabajo verificados no tienen formalizado e integrado el órgano de evaluación del programa.

“El 76.0 por ciento de los expedientes seleccionados para su revisión y ajuste a los lineamientos de Carrera Magisterial están incompletos, ya que carecen de alguno de los siguientes documentos: constancia de servicios, comprobante de grado académico, cédula de inscripción; documento de inscripción a la evaluación del factor de preparación profesional, cédula de evaluación del desempeño profesional, constancia de acreditación de cursos, formato único de personal y talón de cheque. Además, se constató que algunos de los centros de trabajo visitados no cuentan con el expedientes del personal que participa en Carrera Magisterial”.

Apunta también que la SEE realizó pagos por conceptos de Carrera Magisterial, por 26 millones 447 mil 900 pesos, a seis trabajadores en seis categorías que no se encuentran autorizadas en los lineamientos de dicho programa, “en el transcurso de la auditoría, el estado proporcionó la documentación comprobatoria parcial por 24 millones 635 mil 300 pesos, por lo que queda pendiente de aclarar un millón 812 mil 600 de pesos correspondientes a una categoría no autorizada”.

Otros hallazgos dentro de Carrera Magisterial, refieren que la secretaría realizó pagos a dos mil 929 personas que se encuentran registradas en las nóminas federalizadas, pero no en el catálogo de personal que cuenta con el beneficio de dicho programa; asimismo en el catálogo autorizado se localizaron cuatro mil 679 personas que reflejan un nivel de Carrera Magisterial, las cuales no se identificaron en las nóminas.

También la dependencia realizó pagos a 311 trabajadores adscritos a los 80 centros de trabajo seleccionados para revisión, y para los cuales no contó con la información solicitada, que consistió en: relación de personal de cada centro de trabajo con Registro Federal de Contribuyentes, nombre del empleado, plaza presupuestal, nivel de carrera y actividades desarrolladas durante el ejercicio 2009.

“La Comisión Estatal Mixta de Escalafón del estado señaló que desde el año 2000 solamente ha desarrollado el proceso escalafonario hasta la etapa de publicación de catálogos, quedando pendiente la boletinación y dictaminación de claves; y que las plazas escalafonarias se han entregado sin haber sido concursadas por la comisión. Además, la comisión cuenta con catorce mil 973 expedientes de los cuales tres mil 33 carecen del dictamen escalafonario”.

En cuanto a la verificación física de los centros de trabajo, no fueron identificados 92 empleados en los centros de trabajo visitados, y para los cuales los responsables del centro mencionaron no conocer y que no han laborado en los centros a su cargo, a los que se les realizaron pagos por doce millones 699 mil 700 pesos. Asimismo, se identificaron 178 casos de movimientos de personal que no se han actualizado. En este sentido la autoridad proporcionó la documentación comprobatoria parcial por diez millones 96 mil 400 pesos, por lo que quedan pendientes de aclarar dos millones 603 mil 300 pesos correspondientes a 26 trabajadores.

Por lo que respecta a los centros de trabajo, se apunta que la SEE realizó 281 pagos por un importe de dos millones 732 mil 800 pesos, a 61 trabajadores estatales subsidiados adscritos a dos centros de trabajo no financiables (biblioteca pública y procuraduría indígena) y tres centros no localizados en el catálogo de centros de trabajo.

El estado, en el transcurso de la auditoría, proporcionó las justificaciones y aclaraciones documentales y acreditó el reintegro de los recursos en la cuenta bancaria del fondo, más los intereses por dos millones 587 mil pesos, sin embargo, no se presentó el pronunciamiento de la Coordinación de Contraloría del estado.

También la SEE realizó pagos por 101 millones 116 mil 700 pesos, a dos mil 323 trabajadores federalizados adscritos a 47 centros de trabajo que no son financiables con los recursos del fondo, como son: centros de capacitación especial, unidad de grupos integrados, centros de capacitación para el trabajo, etcétera, a 19 centros de trabajo no localizados en el catálogo de centros de trabajo proporcionados por SEE, y un centro de trabajo que en nómina aparece en blanco.

Finalmente la dependencia proporcionaría las justificaciones y aclaraciones documentales parciales sólo por 70 millones 510 mil 900 pesos, y acreditó el reintegro de los recursos en la cuenta bancaria del fondo, más los intereses por trece millones 301 mil 300 pesos, por lo que quedan pendientes de aclarar 17 millones 911 mil 600 pesos.

De la selección de siete conceptos de percepciones en las nóminas ordinarias y complementarias del personal federalizado, se constató que se realizaron pagos a 40 mil 301 trabajadores, por un importe bruto anual de 54 millones 835 mil 900 pesos, sin que se presentara la autorización para el otorgamiento de dichos conceptos, ante lo cual la autoridad estatal presentaría comprobaciones por la mayoría, quedando pendientes 51 casos.

Refiere además que SEE realizó pagos por 28 millones 619 mil 400 pesos, a 140 trabajadores comisionados al sindicato indebidamente con goce de sueldo, y que además carecieron de su respectivo oficio de comisión, recursos que posteriormente reintegraría.

En general los recursos observados por la Auditoría en cuanto a nómina, en su momento la SEE los reintegraría al fondo.

A partir de su revisión, la Auditoría Superior efectúa diez promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ante la Coordinación de Contraloría del Estado por la adquisición de uniformes, renta de taxi aéreo y gastos de alimentación de una reunión de trabajo de la Sección XVIII del SNTE; por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron pagos por concepto de actualizaciones y recargos con recursos del fondo; también por actos de autoridades con recursos del FAEB por efectuar pagos por conceptos de intereses moratorios y actualizaciones durante el ejercicio 2009, debido a que no enteró las aportaciones al ISSSTE en tiempo y forma.

También por actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión se plantea la intervención de la Contraloría por los pagos realizados a 61 trabajadores estatales subsidiados adscritos a dos centros de trabajo no financiables con el fondo y tres centros no localizados en el catálogo de centros de trabajo de la SEE; por realizar pagos a seis mil 325 personas que presentaron catorce categorías que no fueron localizados en el catálogo de puestos de la entidad, por lo que se desconoce el tipo de servicio que prestaron; por pagar a 140 trabajadores comisionados al sindicato indebidamente con goce de sueldo, y que además carecieron de su respectivo oficio de comisión; y por pagos a 74 trabajadores comisionados a otras dependencias, instituciones u organismos ajenos a la SEE, entre otros.

La Auditoría informa también que se recuperaron 131 millones 702 mil 500 pesos, de los cuales 92 millones 758 mil 900 son recuperaciones operadas y 38 millones 943 mil 600 se consideran como recuperaciones probables.

Asimismo, se determinaron 28 observaciones, de las cuales tres fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe, mientras que las 25 restantes generaron diez recomendaciones, seis pliegos de observaciones y diez promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.