ALCANCES, OBLIGACIONES E IMPLICACIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS

Por Manuel Montes y Arroyo

Una aclaración para el lector

Quiero señalar que no soy especialista ni experto en tecnología o en inteligencia artificial. Soy contador público y tengo interés en estudiar los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad y en las actividades económicas y administrativas.

Para preparar este trabajo me apoyo en la lectura de documentos, en la consulta de leyes y disposiciones oficiales, y en el intercambio de ideas con amigos que, al igual que yo, están interesados en estudiar y comprender estos temas.

También utilizamos la inteligencia artificial como herramienta de apoyo. Nos permite consultar información, organizarla, identificar conceptos y avanzar con mayor rapidez en el estudio de documentos que, en ocasiones, son extensos y complejos. No obstante, considero indispensable revisar sus respuestas y contrastarlas con los textos originales, especialmente cuando se trata de disposiciones legales.

El propósito de este artículo es compartir el resultado de ese ejercicio de estudio y análisis, explicar los principales alcances de la nueva ley y plantear algunas consideraciones para los contribuyentes, las empresas y las instituciones públicas.

1. Antecedentes y objeto de la ley

El 4 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que entró en vigor el día 5 de noviembre de 2026.

La ley contiene 22 artículos, distribuidos en cinco títulos, además de cinco disposiciones transitorias.

Su artículo 1 establece como objeto promover la adopción e implementación de medios de pago digitales y electrónicos en todo el territorio nacional, conforme a las disposiciones de la propia ley y las reglas que emitan las autoridades competentes.

Su importancia consiste en establecer un marco jurídico para impulsar estos medios de pago, facilitar determinadas operaciones financieras y promover la modernización de los trámites y servicios públicos.

Es importante señalar que esta ley no sustituye las demás disposiciones que regulan las operaciones económicas. El artículo 3 establece expresamente que deben observarse también las leyes financieras, mercantiles, civiles y las demás disposiciones especiales que correspondan.

Por lo tanto, no debemos analizarla de manera aislada, sino en relación con el marco jurídico que ya regula las actividades de las personas y las empresas.

2. ¿Qué operaciones y medios de pago comprende?

El artículo 2 define los medios de pago digitales y electrónicos. Entre ellos se encuentran:

• Tarjetas de débito y crédito.

• Transferencias electrónicas de fondos.

• Domiciliación de pagos.

• Códigos QR.

• Dispositivos NFC, que permiten realizar pagos sin contacto.

• Otros dispositivos, tarjetas o interfaces reconocidos por las autoridades competentes.

La ley comprende operaciones relacionadas con la venta de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y determinadas importaciones.

También define a los proveedores de bienes o servicios como personas físicas o morales, públicas o privadas, que realizan habitualmente y de manera profesional operaciones económicas.

Esta definición es importante porque permite identificar a los participantes que pueden quedar comprendidos en las disposiciones de la ley.

3. Identificación digital y Expediente Digital Ciudadano

Los artículos 5 y 6 se refieren a la CURP Digital como mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros.

Conviene precisar que el artículo 6 permite que las personas usuarias elijan entre utilizar la CURP Digital u otro mecanismo de identificación oficial. Por consiguiente, no establece que la CURP Digital sea obligatoria para todas las operaciones o para realizar cualquier compra.

Por otra parte, los artículos 7, 8 y 9 regulan el Expediente Digital Ciudadano.

Este mecanismo permite que las entidades financieras consulten o utilicen documentos e información de las personas usuarias cuando estas lo soliciten. También contempla la consulta y portabilidad de esos documentos.

La ley reconoce a los documentos digitales que formen parte de ese expediente los mismos efectos jurídicos que las disposiciones aplicables otorgan a los documentos físicos correspondientes.

Desde el punto de vista administrativo, estas herramientas pueden facilitar la integración de expedientes y reducir la necesidad de presentar repetidamente determinados documentos. Sin embargo, su utilidad dependerá de que se instrumenten correctamente y se proteja la información de las personas.

4. Obligaciones de las autoridades y de los proveedores

Los artículos 10, 11 y 12 establecen disposiciones importantes para la implementación de los medios de pago digitales.

El artículo 10 dispone que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para aceptar estos medios en la atención de trámites y servicios.

Esto comprende a las administraciones públicas federal, estatales y municipales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Por su parte, el artículo 11 señala que los proveedores de bienes o servicios podrán implementar medios de pago digitales y electrónicos, conforme a la ley y a las disposiciones generales que se emitan.

El artículo 12 establece que, para su implementación, los proveedores y las autoridades deberán:

1. Habilitar la infraestructura necesaria para recibir los pagos y promover su utilización.

2. Informar a las personas usuarias cuáles medios de pago se encuentran habilitados.

3. Adoptar medidas para atender y, en su caso, solucionar las contingencias que impidan recibirlos.

4. Realizar otras acciones necesarias para promover su uso en los trámites, servicios y bienes que ofrezcan.

Aquí conviene hacer una distinción: el artículo 11 utiliza el término podrán respecto de la implementación por parte de los proveedores. No sería correcto concluir que, por la sola entrada en vigor de la ley, todos los establecimientos comerciales deben contratar inmediatamente una terminal bancaria.

Sin embargo, cuando resulte aplicable la implementación de estos medios, deberán observarse las obligaciones y disposiciones correspondientes.

5. Sectores estratégicos y actividades en los que podría dejar de aceptarse efectivo

Este es uno de los aspectos que merece mayor atención.

El artículo 13 faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales los medios de pago digitales y electrónicos podrán ser la única forma de pago.

El artículo 14 establece que las autoridades competentes de cada sector deberán emitir las disposiciones administrativas correspondientes, señalando condiciones, requisitos, obligaciones y reglas de operación.

También podrán establecer mecanismos y plazos específicos para realizar una transición gradual de los pagos en efectivo a los medios digitales y electrónicos.

Por consiguiente, debemos distinguir tres momentos:

• La entrada en vigor de la ley.

• La determinación de los sectores y actividades por parte de Hacienda.

• La emisión de las reglas particulares y los plazos de transición para cada sector.

No se trata de una eliminación general e inmediata del efectivo en todo el país.

Los artículos 15 y 16 también contemplan las contingencias. Cuando una situación extraordinaria impida recibir pagos digitales, se permitirá el pago en efectivo o cheque. Sin embargo, una contingencia no podrá utilizarse de manera permanente o recurrente para justificar el incumplimiento de las obligaciones establecidas.

6. Participación de Banco de México, CNBV e instituciones financieras

Los artículos 17 a 20 distribuyen responsabilidades para promover la inclusión financiera y facilitar el uso de los medios de pago.

El artículo 17 establece que las autoridades deberán contribuir al cumplimiento de la Política Nacional de Inclusión Financiera y procurar eliminar barreras para el acceso a créditos y financiamientos.

El artículo 18 contempla acciones, planes y programas relacionados con la conectividad, a fin de facilitar el acceso de la población a estos mecanismos.

Por su parte, el artículo 19 establece facultades para el Banco de México, entre ellas:

• Regular los niveles de operación de las cuentas de depósito a la vista.

• Facilitar el uso de transferencias electrónicas.

• Emitir disposiciones para homologar la experiencia de uso de aplicaciones financieras.

• Emitir, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, disposiciones para permitir la recepción de pagos mediante códigos QR en las condiciones previstas por la ley.

• Establecer medidas o infraestructura para facilitar el acceso de la población a servicios financieros.

La supervisión de las disposiciones conjuntas previstas en la fracción IV corresponderá a la CNBV.

El artículo 20 establece obligaciones para las entidades financieras, relacionadas con la inclusión financiera, difusión de sus productos y servicios, promoción de cuentas y facilitación de créditos y financiamientos por medios digitales.

En consecuencia, la aplicación de esta ley no depende solamente de los comercios o de los usuarios. También requiere la participación de las instituciones financieras y de las autoridades responsables.

7. Simplificación de trámites y servicios públicos

Los artículos 21 y 22 se refieren a los modelos de homologación de trámites y a las soluciones tecnológicas para el desarrollo económico.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán adoptar e implementar los modelos y soluciones que emita o habilite la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, conforme a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

Entre las herramientas señaladas se encuentran:

• CURP Digital.

• Expediente Digital Ciudadano para personas físicas y morales.

• Ventanilla Digital Nacional de Inversiones.

• Plataforma de Establecimientos Mercantiles.

Desde el punto de vista administrativo, la homologación de trámites puede contribuir a que los requisitos y procedimientos sean más uniformes y sencillos.

Sin embargo, para obtener esos resultados será necesario que las instituciones cuenten con sistemas adecuados, personal capacitado y mecanismos de atención para las personas que necesiten orientación.

8. Implicaciones fiscales para los contribuyentes

Este apartado requiere especial cuidado para evitar interpretaciones equivocadas.

La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos no establece por sí misma un nuevo impuesto por utilizar tarjetas, transferencias, códigos QR u otros medios digitales.

Tampoco sustituye las obligaciones fiscales que ya se encuentran previstas en el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y demás disposiciones aplicables.

La obligación de expedir comprobantes fiscales, llevar contabilidad cuando corresponda, presentar declaraciones y pagar contribuciones continúa rigiéndose por las leyes fiscales respectivas.

Lo que sí puede cambiar es la forma en que se registran y documentan las operaciones.

Por ejemplo, una empresa que recibe pagos mediante transferencias, tarjetas y efectivo debe contar con controles que permitan identificar correctamente cada ingreso y relacionarlo con la operación que lo originó.

La utilización de medios electrónicos puede facilitar el seguimiento de los movimientos, pero no sustituye la documentación fiscal ni garantiza por sí sola que los registros contables sean correctos.

Es importante distinguir tres aspectos:

a) El medio de pago.

Se refiere a la forma en que el cliente entrega o transfiere el dinero: efectivo, tarjeta, transferencia o algún otro mecanismo electrónico.

b) El comprobante fiscal.

Se refiere al CFDI que debe expedirse cuando corresponda, de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables.

c) El registro contable y fiscal.

Consiste en identificar, clasificar y registrar correctamente la operación, considerando su naturaleza y el tratamiento que le corresponda conforme a las leyes fiscales.

Estos tres elementos se relacionan, pero no son lo mismo.

Por ello, el hecho de recibir un depósito o una transferencia no debe analizarse de manera aislada para determinar si constituye un ingreso gravado. Es necesario conocer el origen y la naturaleza de la operación, así como aplicar las disposiciones fiscales correspondientes.

9. ¿Qué deben considerar las empresas y los establecimientos comerciales?

La incorporación de pagos digitales requiere revisar los procedimientos administrativos y contables de cada negocio.

No basta con recibir una transferencia o aceptar una tarjeta. También es necesario que la operación quede correctamente identificada y registrada.

Entre las medidas que conviene considerar se encuentran:

1. Revisar con las instituciones financieras los medios de cobro disponibles y sus condiciones.

2. Conocer las comisiones, costos de operación y posibles cargos por los servicios contratados.

3. Identificar por separado los cobros en efectivo, transferencias, tarjetas y otros medios.

4. Verificar que los pagos recibidos correspondan a las ventas o servicios realizados.

5. Conciliar periódicamente los registros de ventas con los estados de cuenta bancarios.

6. Relacionar los ingresos con los comprobantes fiscales que correspondan.

7. Establecer controles para evitar registros duplicados, omisiones o errores.

8. Capacitar al personal que recibe y registra los pagos.

9. Conservar los comprobantes y documentos que permitan aclarar cualquier diferencia.

10. Contar con procedimientos para atender fallas en los sistemas y situaciones extraordinarias.

Estas medidas no son nuevas obligaciones fiscales creadas por esta ley en su totalidad; son recomendaciones de control administrativo y contable que adquieren mayor importancia cuando aumentan los medios electrónicos de cobro.