Por Armando Saavedra Magaña
¡GOLPE DE ESTADO A LA NICOLAITA! DESDE CASA MICHOACÁN ORQUESTAN EL REGRESO DE LA ESPURIA COMISIÓN DE RECTORÍA; EL CONGRESO, MERA OFICINA DE PARTES DEL EJECUTIVO.
Vaya descaro, mis apreciables cuatro o cinco lectores que todavía me soportan en este Michoacán de canonjías, componendas y sumisiones abyectas. Lo que se cocinará este martes 3 de noviembre en la casona de la avenida Madero Oriente no es un trámite legislativo cualquiera, es una auténtica felonía parlamentaria contra la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
De entrada, una aclaración indispensable para que luego no salgan los voceros a sueldo a descalificar al mensajero. Este tecleador no es perito en derecho constitucional ni doctor en leyes, pero para no tragar lumbre ni dejarse chorear por las marrullerías oficiales, me di a la tarea de consultar a los mejores analistas jurídicos y constitucionalistas del foro michoacano y nacional. Los razonamientos que hoy pongo sobre su mesa no son ocurrencias de café, son verdades jurídicas incontrovertibles que exhiben a un Congreso local arrastrado y convertido, lastimosamente, en una triste ventanilla de trámite de Casa Michoacán.
Miren ustedes cómo operan los estrategas de cañería. Resulta que cuatro ciudadanos, JESÚS EDUARDO MENDOZA GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ MOTA, ALFONSO CASTAÑEDA CERVANTES Y RICARDO MIGUEL PÉREZ MUNGUÍA, metieron una supuesta iniciativa ciudadana acompañada de unas cuatro mil firmas para pedir una reforma urgente a los artículos transitorios de la Ley Orgánica universitaria.
El pretexto con el que pretenden justificar este asalto es ridículo. Dicen muy orondos que la autoridad universitaria no aprobó a tiempo el reglamento para la elección democrática de rector dentro de los ciento noventa días que marcaba la reforma del Decreto 163. Como el Consejo Universitario se tardó unos meses en reglamentar, los señores legisladores y los titiriteros del Palacio de Gobierno pretenden aplicar un castigo consistente en derogar la naciente democracia nicolaita y regresar, por única vez, a la figura más odiada, corrupta y repudiada en la historia de la Universidad, la Comisión de Rectoría, dándole el mando a un cónclave de cinco exrectores para que elijan al relevo el próximo enero de 2027.
En derecho administrativo elemental, la mora o el retraso en la emisión de un reglamento jamás hace caducar la facultad soberana de una universidad autónoma. No se puede expropiar la autonomía de una institución sólo porque un plazo transitorio feneció. El pretexto es burdo y el objetivo es asaltar a la institución.
Los juristas que consulté me abrieron los ojos sobre una trampa procesal que los diputados del bloque oficialista pretenden ignorar. El artículo segundo de la Ley General de Educación Superior, en consonancia con el tercero constitucional en su fracción séptima, establece como una regla de oro que ninguna ley orgánica universitaria puede modificarse sin una consulta previa, libre e informada a su comunidad, pero sobre todo, requiere obligatoriamente la respuesta y consentimiento explícito del máximo órgano de gobierno, el Honorable Consejo Universitario.
Juntar firmas entre particulares jamás sustituye la consulta institucional. Es un fraude de ley enorme. Pretender que cuatro mil firmas privadas suplen la voz del Consejo Universitario es una maroma leguleya que no resistirá ni el primer amparo en un juzgado federal.
Lo que raya en la torpeza política y procesal es que apenas el pasado 28 de octubre de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el comunicado 153 de 2026 al resolver el Amparo en Revisión 267 de 2026 sobre la Universidad Autónoma de Nayarit. El Alto Tribunal sentó jurisprudencia clara al señalar que los Congresos de los estados no tienen competencia para crear, modificar ni definir órganos de gobierno universitarios ni sus atribuciones, porque corresponde con exclusividad a la propia universidad definir su estructura orgánica interna.
La Corte les está advirtiendo con contundencia que el Poder Legislativo no puede meter las manos para inventar comisiones electorales o consejos de notables. Y aquí en Michoacán, unos diputados que han olvidado el juramento de guardar la Constitución pretenden aprobar al vapor, este 3 de noviembre, un dictamen que resucita a una Comisión de Rectoría con ocho miembros y cinco exrectores para secuestrar el nombramiento rectoral.
Es verdaderamente lamentable escuchar la defensa ramplona y desvergonzada que hacen algunos legisladores oficialistas en tribuna y en pasillos. Pareciera que la consigna de imponer rector a modo para el sexenio 2027 a 2031 vale más que la dignidad parlamentaria. A los diputados les ordenaron votar a ciegas un dictamen servil. Olvidan la historia de agravios, pues la Comisión de Rectoría nació tras la toma militar del Colegio de San Nicolás en 1966 y fue repudiada por generaciones de estudiantes, maestros y sindicatos por ser el instrumento del gobernador para imponer incondicionales. Hoy, quienes se decían de izquierda y democráticos, la quieren desempolvar para evitar que los universitarios voten en las urnas.
Creyeron en Casa Michoacán que por estar a sesenta y cinco días naturales del 7 de enero de 2027, cuando vence el periodo de la actual titular, la Universidad estaría indefensa. Se equivocan rotundamente. La defensa que preparan los verdaderos defensores de la legalidad nicolaita contempla que el Consejo Universitario sesione de emergencia para aprobar el reglamento pendiente y expedir un acuerdo formal desconociendo la farsa de iniciativa de los cuatro quejosos. Tan pronto como el decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, se interpondrán Juicios de Amparo Indirecto ante los Juzgados de Distrito en Morelia con solicitud de Suspensión Provisional, la cual no podrá ser negada frente a la jurisprudencia de Nayarit para impedir que la Comisión de Rectoría sea instalada. Además, si un tercio de los diputados conserva decoro, vendrá la Acción de Inconstitucionalidad directa ante la Suprema Corte.
Así las cosas, señores diputados, voten si quieren su adefesio este 3 de noviembre y cumplan con la encomienda servil que les mandaron desde Casa Michoacán. Pero resulta doblemente vergonzoso y lastimoso recordar que muchos de los legisladores que mañana levantarán la mano sumisamente para consumar este atropello presumen ser egresados de las aulas nicolaitas. Si votan a favor de semejante aberración, demostrarán con creces que son unos consumados desagradecidos con su alma mater, confirmando que no mamaron absolutamente nada del verdadero espíritu nicolaita, que el nicolaisismo como filosofía humanista, crítica y social jamás permeó en su formación, y que su paso por la Universidad fue un mero trámite del que solo queda la pena ajena y el servilismo político.
Al tiempo, mis queridos cuatro o cinco lectores, al tiempo.
